En un nuevo intento por desviar la atención sobre la polémica de su falso máster, Cristina Cifuentes ha denunciado ante la Fiscalía las «irregularidades» de la Ciudad de la Justicia de Aguirre.

En el mes de marzo, PSOE, Podemos y Ciudadanos presentaron otra querella ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue el macro proyecto del Campus de la Justicia de Madrid, dotado con un presupuesto de 130 millones de euros y un solo edifico medio construido, de los 12 diseñados y proyectados.

El Gobierno de la presidenta Aguirre, despilfarró 105 millones de euros en la que iba a ser “la Ciudad de la Justicia más grande del mundo”, según sus propias palabras, cuando en el año 2007 instaló la primera piedra, que costó 1 millón de euros.

Con este proyecto, Aguirre pretendía reagrupar todas las sedes judiciales de autonómicas en un único espacio en el nuevo barrio de Valdebebas, entre el Aeropuerto de Barajas e IFEMA. Edificios ultra modernistas y diseñados por los mejores arquitectos del mundo se han convertido en un absoluto erial.

 

A la Fiscalía, la Ciudad de la Justicia de Aguirre

En un intento vano por desviar la atención, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ha decidido llevar ante la Fiscalía la Ciudad de la Justicia de Aguirre. La presidenta madrileña ha decidido dar este paso por las numerosas irregularidades que se habrían producido durante el mandato de su predecesora. La denuncia la ha presentado la Comunidad de Madrid para que se abran diligencias y se investiguen las irregularidades.

Gallizo, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha afirmado que “ya lo sabíamos, ya lo denunciamos; hasta ahora no se ha hecho nada».

Para Eduardo Rodríguez, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, este intento de distracción se esconde un delito mucho más grave. «Encubrimiento clarísimo de irregularidades y presuntos delitos, ¿por qué ha cesado?».

Por su parte, Susana Solís, diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ha declarado que tras su informe, «el PP dijo que no había irregularidades y que sólo se hacía por la foto».

El macroproyecto de Esperanza Aguirre ha supuesto un quebranto en las arcas públicas de hasta 130 millones de euros. Entre los gastos los casi 14 millones que se pagaron a Norman Foster por dos edificios que no se han construido; más de cinco millones en publicidad y tres millones en sueldos para una plantilla formada por siete jefes y sólo tres administrativos.

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