¿Está España preparada para hacer frente a la expansión del coronavirus dentro de sus fronteras? Todos los datos y estudios oficiales llevan a pensar que la respuesta es afirmativa. Según el reciente informe del Observatorio Social de la Caixa, la sanidad pública española se sitúa comparativamente entre las mejores de Europa. “La cobertura universal del sistema sanitario hace que prácticamente nadie deba renunciar a ir al médico por dinero, distancia o porque no le dan cita”, asegura el citado documento. Sin duda, la mejor arma que dispone un país para enfrentarse a esta nueva amenaza biológica es el intervencionismo estatal tan denostado por los ultraliberales siempre dispuestos a privatizarlo todo con el supuesto fin de ahorrar costes al Estado. Una administración pública eficiente, bien coordinada, con buenos profesionales sanitarios, con instalaciones y material avanzado, es garantía de que el virus será controlado más pronto que tarde.

Sin embargo, aquellos países donde no se presta la debida atención a la salud por falta de recursos (como en los estados pobres de África o Asia) o porque se ha dejado lo sanitario al arbitrio de la empresa privada (atendiendo a los ciudadanos más adinerados y abandonando a los más pobres que no pueden costearse un seguro médico, como ocurre en Estados Unidos) se encuentran más expuestos a la incidencia de la enfermedad.

Una vez más se demuestra que un Estado de Bienestar organizado y fuerte se revela como la mejor herramienta para hacer frente a grandes catástrofes, plagas o epidemias como el coronavirus de Wuhan. El ejemplo paradigmático lo tenemos en China, un país intervencionista en grado máximo que ha sabido reaccionar ante la preocupante pandemia. En tiempo récord, el régimen de Pekín ha activado sus protocolos de defensa estatales; ha movilizado a miles de médicos y enfermeros bien pertrechados con material adecuado; ha organizado gigantescas operaciones de evacuación y aislamiento de cientos de millones de ciudadanos; y hasta ha sido capaz de construir dos hospitales con capacidad para miles de personas en apenas quince días.

El resultado es que en menos de un mes las cifras de muertos empiezan a descender, el número de infectados se reduce y la epidemia empieza a estar controlada. A nadie mínimamente informado le cabe ya la menor duda de que la solución al coronavirus, la esperada vacuna que se encontrará en un plazo de tiempo de entre 18 meses y un par de años, llegará del gigante asiático, tal es la fortaleza de sus laboratorios químicos y farmacéuticos y su avanzada tecnología en campos como la investigación biomédica (fundamental para descifrar el código genético del Covid-19). Toda una lección de poderío de China y todo un serio revés para los que cuestionan la obligación política y moral de que un Estado intervenga en la sociedad para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

España, afortunadamente, sigue siendo un país con una sanidad pública universal y gratuita, mal que les pese a algunos gurús del pensamiento ultracapitalista salvaje que tratan de convencernos de que la economía y los mercados se regulan por sí solos, globalmente y sin control. De ahí que debamos ser optimistas a la hora de esperar una eficaz capacidad de reacción de nuestras instituciones sanitarias ante la llegada del coronavirus. Ya han empezado a registrarse los primeros casos de infectados y desde el primer minuto los protocolos de actuación y las alertas sanitarias de las diferentes administraciones, tanto centrales como autonómicas y locales, están funcionando tal como se esperaba de ellas. Los casos detectados (hasta ahora todos leves) han sido aislados con rapidez y prontitud; los hospitales se han preparado parar recibir una avalancha de enfermos, en el caso de que esta se produzca; y la información se está facilitando en tiempo real para tranquilizar a la población e indicarle las medidas preventivas que pueden adoptar. La transparencia informativa resulta fundamental en este tipo de crisis epidémicas.

En las últimas horas, el Consejo de Ministros ha acordado la constitución de una Comisión Interministerial sobre el Coronavirus y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que “los ciudadanos tienen que recibir constantemente información médica, técnica y correcta para estar en una situación de alerta, prudencia y de tranquilidad todo al mismo tiempo”. La maquinaria gubernamental que debe protegernos parece bien engrasada y el ciudadano dispone de toda la información posible, actualizada y al minuto, sobre lo que está ocurriendo (véase las páginas del Ministerio de Sanidad y de las Consejería Autonómicas que ofrecen datos sobre vigilancia epidemiológica nacional e internacional).

A su vez, las asociaciones sanitarias, organizadas y bien estructuradas en nuestro país, ya han tomado sus propias medidas. Un buen ejemplo es el Consejo General de Enfermería (CGE), que “ante el aumento del número de casos confirmados de coronavirus” ha decidido lanzar “protocolos específicos rápidos” para formar a profesionales de todas las provincias y que sepan cómo actuar ante un caso detectado. “Queremos hacer un curso de formador a formadores para que se puedan repartir por las provincias y lleguen al mayor número de centros”, ha indicado a la revista Redacción Médica el presidente del CGE, Florentino Pérez-Raya. Es decir, primero la información veraz y eficaz y después la formación de los profesionales. Los dos primeros peldaños ante la crisis están perfectamente cubiertos.

Los servicios sanitarios españoles disponen de todos los recursos humanos y materiales para enfrentarse a casos importados del extranjero o a “positivos” en territorio nacional. Los profesionales de nuestros hospitales y centros de salud saben lo que tienen que hacer ante una persona infectada, en cuyo caso se ponen en marcha preventivamente una serie de medidas estándar y específicas de aislamiento para evitar el riesgo de transmisión entre pacientes y personal sanitario. Si es necesario, se traslada al enfermo a una de las unidades de aislamiento de alto nivel existentes en nuestro sistema sanitario público. Es ahora cuando se comprueba la importancia de la inversión en centros especializados en la lucha vírica y bacteriológica.

Al mismo tiempo, España dispone de un sistema de alertas sanitarias centralizado (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Ministerio de Sanidad), en contacto directo con los responsables de salud pública de las comunidades autónomas (en Cataluña, la Agencia de Salut Pública). La epidemiología exige trabajo en equipo y la coordinación es fundamental.

Nada puede fallar sabiendo que España es de los países de la OCDE que más invierten en sanidad pública. Los años de duros recortes de Mariano Rajoy han dañado sensiblemente nuestro sistema público sanitario, del que hasta ahora los españoles se sentían orgullosos. De ahí la importancia de volver a invertir una buena parte del PIB nacional en recuperar lo que se ha perdido durante los años de la crisis. Los Presupuestos Generales del Estado que prepara el Gobierno de coalición van en esa línea.

Podemos estar, por tanto, relativamente tranquilos. Nuestro país dispone de infraestructura sanitaria suficiente para salir con éxito de esta crisis epidémica. Por mucho que gente como Pablo Casado o Santiago Abascal, grandes adalides de las ideas privatizadoras, sigan empeñados en destruir un sistema público que hasta hoy ha funcionado, y sigue funcionando pese a los recortes, con la perfección de un reloj suizo.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here