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Chile, razones para una revuelta

Eduardo Luis Junquera Cubiles
Nació en Gijón, aunque desde 1993 está afincado en Madrid. Es autor de Novela, Ensayo, Divulgación Científica y análisis político. Durante el año 2013 fue profesor de Historia de Asturias en la Universidad Estadual de Ceará, en Brasil. En la misma institución colaboró con el Centro de Estudios GE-Sartre, impartiendo varios seminarios junto a otros profesores. También fue representante cultural de España en el consulado de la ciudad brasileña de Fortaleza. Ha colaborado de forma habitual con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y con Transparencia Internacional. Ha dado numerosas conferencias sobre política y filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad UNIFORM de Fortaleza y en la Universidad UECE de la misma ciudad. En la actualidad, escribe de forma asidua en Diario16; en la revista CTXT, Contexto; en la revista de Divulgación Científica de la Universidad Autónoma, "Encuentros Multidisciplinares"; y en la revista de Historia, Historiadigital.es
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Los militares chilenos son el único colectivo del país que disfruta de generosas pensiones de carácter público, al contrario que el resto de la población, que después de toda una vida de trabajo accede a un miserable sistema privado que obliga a muchos ancianos a continuar trabajando para complementar su paga. El neoliberalismo encontró en la dictadura de Pinochet y en la fuerza de las armas la manera más rápida y expedita de imponer su paradigma. Aunque en el imaginario neoliberal, el modelo de pensiones de Chile representa una bandera orgullosamente exhibida por los adalides de esta ideología, la pensión que reciben los chilenos asciende en promedio a poco más del 25% del salario recibido durante la vida laboral en un país con una carestía similar a la de naciones europeas como Holanda o España. Desde el poder político nos imponen muchas cosas que nadie querría para sí mismo. Ese 25% equivale a un salario mínimo, que en Chile son 351 dólares.

A lo largo de su vida laboral, los trabajadores depositan de forma obligatoria el 10% de su sueldo en las llamadas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), seis únicas entidades privadas que clasifican a los ciudadanos en cinco categorías en función de su edad. La categoría determina el riesgo de la inversión, de manera que, durante las sucesivas crisis financieras que se han producido, en las que el ciudadano no ha tenido ninguna responsabilidad, algunas personas han perdido todo lo depositado en su AFP. Por invertir el dinero de los trabajadores y obtener ganancias millonarias, las AFP cobran una comisión que alcanza un promedio del 1,27% mensual. Dos de estas gestoras, Cuprum y Provida, han sido acusadas de evasión de impuestos por un valor de 420 millones de dólares. La corrupción es inherente al sistema capitalista, parece, y hay que luchar contra todas las formas de esta lacra, pero estos casos son aún más indignantes porque tienen más que ver con la irrefrenable codicia de algunos gestores que con ninguna otra circunstancia. Este sistema, a través de inversiones de todo tipo en los mercados financieros, recauda algo más del doble de lo que paga, con la diferencia de que se paga a varios millones de chilenos y se recauda ese doble para una élite de banqueros y grandes propietarios, con lo que, al final, es cierto el axioma de que “lo privado funciona mejor que lo público”, sobre todo para unos pocos privilegiados.

Cuando el modelo empezó a aplicarse, en 1981, se dijo a la población que las pensiones alcanzarían un importe del 70% del salario, pero la realidad es que los porcentajes son del 30% para los hombres y del 25% para las mujeres. El ministro de Trabajo de Pinochet que inició esta medida era José Piñera, hermano del actual presidente. Lo cierto es que no existe un sistema de pensiones en Chile, sino un mercado obligatorio de ahorro que solo es bueno para el ciudadano si este ha cotizado durante muchos años, con ingresos altos y trabajo estable, algo que choca con la cruda realidad de un país de bajos salarios y precariedad laboral. De un plumazo, la democracia chilena termina con cualquier concepto de solidaridad y justicia con los que menos tienen. El pretendido éxito del modelo económico chileno es una patraña más del neoliberalismo: en realidad, el caso de Chile es menos llamativo porque, a excepción de Uruguay, el resto de los países de su entorno tienen peores parámetros en casi todos los aspectos socioeconómicos.

Aunque en Chile no existe el problema demográfico que sí se da en naciones más envejecidas ni tampoco medidas que incentiven la prolongación de la vida activa, la exigua cuantía de las pensiones explica que la edad de jubilación de los chilenos se alargue y sea anormalmente alta dentro de la OCDE (70 años), y eso pese a que la edad legal de retiro es de 65 años para los hombres y 60 en el caso de las mujeres. El dinero de los cotizantes chilenos, como antes comentábamos, se invierte en los mercados financieros, y ya sabemos lo que eso significa: que un grupo de irresponsables muy bien vestidos, considerados “sabios” y “expertos” por la mayor parte de la sociedad, va a jugar a la ruleta rusa-en cabeza ajena-con dinero que no es suyo, que así duele menos. Solo en 2008, los fondos de pensiones perdieron un 23% de su valor en estos mercados. Desde la Fundación Sol, una institución sin ánimo de lucro dedicada al estudio del mercado de trabajo y las pensiones en Chile se da la voz de alarma respecto a los fondos acumulados por los cotizantes que se jubilarán entre los próximos 10 y 15 años (período 2029 y 2034): el 70% de ellos recibirán alrededor de ¡145 euros al mes! De manera que no podemos pensar seriamente que este sistema garantice ni siquiera un mínimo de bienestar a la mayoría de los chilenos sin que se vean obligados a prolongar su vida laboral o a trabajar en la economía sumergida. Incluso el Banco Mundial lo ha reconocido y ha llamado la atención sobre el caso de Chile.

Desde el advenimiento de Pinochet, los militares han disfrutado de muchos privilegios en un entramado legal protegido por la opacidad y por la fuerza de las armas que ha dado lugar a un sistema de corrupción generalizada que en los últimos años le ha valido al Ejército una importante merma de prestigio ante la sociedad chilena. Uno de los casos de corrupción más relevantes es el cobro de pensiones de familiares de miembros de las fuerzas armadas, un concepto que se extiende no solo a las tres ramas del Ejército chileno, sino a los cuerpos de carabineros y de gendarmes. Pero la cuestión más importante es el destino de parte del dinero procedente de la explotación del cobre que va a parar al Ejército. Desde el año 1958, la ley obligaba a Codelco, la empresa nacional de extracción del cobre, mineral del que Chile es el primer productor del mundo, a entregar el 15% de sus ingresos a las Fuerzas Armadas para que estas cantidades fueran utilizadas en la compra de armamento y equipos. En 1971, Allende nacionalizó Codelco, entre otras empresas, en el marco de las ideas que entonces se extendían en América Latina para que los países recuperasen el control de sus riquezas naturales (desde 1905, varias empresas norteamericanas explotaban el cobre chileno).

Como posteriormente se haría en el Irak ocupado por Estados Unidos tras la segunda guerra del golfo en 2003 (Paul Bremer, CPA Irak), donde se privatizó la mayor parte del sector estatal excepto la industria petrolífera, que continuaría siendo pública para garantizar los ingresos al nuevo Estado, la dictadura de Pinochet privatizó todas las empresas que Allende había nacionalizado a excepción de Codelco, y lo hizo con el fin de blindar los ingresos del Ejército chileno. Ninguna otra institución disfrutó de un privilegio similar. Hay que proteger el mal con alguna ley, de manera que el gasto pasó del 15% al 10% manteniendo su carácter legal de “reservado” hasta 2016. Entre 2014 y 2018, por ejemplo, el 75% de los excedentes de Codelco, una cantidad que ascendía a más de 5.000 millones de dólares, tuvieron como destino las Fuerzas Armadas. En septiembre de 2018 la ley fue derogada- aunque la asignación desaparecerá de manera gradual-y el tributo irá a parar por completo a las arcas públicas chilenas al cabo de 12 años. De resultas de todo este sistema, los militares reciben entre 5 y 7 veces más dinero que el común de los chilenos cuando se jubilan, eso además de tener un sistema de salud particular también a cargo del Estado.

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