Griñán y Chaves

La Juez María Núñez Bolaños ha rechazado, según informa Europa Press, imputar a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza separada de los cursos de formación que sí afectan al exconsejero de Hacienda Angel Ojeda y los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, que deberán comparecer ante el juez el próximo 27 de marzo.

Núñez Bolaños rechaza a través de un auto judicial la petición que la Asociación de Trabajadores de Delphi al respecto de la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía. En este sentido se pronunció la Fiscalía Anticorrupción -concretamente el Fiscal Fernando Soto-, al considerar que «no existen indicios, al menos de momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta, por más que los denunciantes puedan alegar sospechas, que de momento no pasan de simples conjeturas».

Esta petición por parte de la Asociación de Trabajadores de Delphi responde, a su vez, a la demanda por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mediante la cual se les solicita de manera directa el reintegro de los subsidios percibidos en concepto de prestación por desempleo.

Al respecto de la participación de la ATD, la magistrada Núñez considera que solamente podrá personarse como acusación popular «al no considerarse perjudicada por la posible comisión del ilícito penal». Anticorrupción consideró al respecto que el objeto procesal de la denuncia de los extrabajadores de Delphi «es coincidente, aún cuando no idéntico al denunciado» y advierte que «ni los anteriores trabajadores de Delphi, ni por supuesto la asociación denunciante, son perjudicados del delito».

En este sentido, el fiscal se ha mostrado favorable a la acumulación en la pieza de Ojeda de la denuncia de los extrabajadores de Delphi, aunque ha puesto como condición que «no se altere el objeto procesal de la misma, a saber, no sería objeto de la misma un supuesto engaño por representantes de la Administración andaluza a estos trabajadores con ofertas de puestos de trabajo». Añadió, como segunda condición, que «debe quedar al margen cualquier cuestión suscitada con la percepción de prestaciones de desempleo por estos trabajadores».

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