En el nuevo informe publicado hoy, la organización denuncia las expulsiones sumarias y los abusos policiales, así como la dificultad en el caso de Melilla y la imposibilidad en el de Ceuta, de acceso por puesto fronterizo, que hacen prácticamente infranqueable la entrada para personas refugiadas.
Además, quienes lo logran deben afrontar la falta de condiciones adecuadas en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), la discriminación por razón de nacionalidad y la falta de atención a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, víctimas de trata o colectivos LGBTI, entre otros.
Amnistía Internacional en una nueva investigación, ha detectado hasta ocho tipos de vulneraciones, que incluyen también el cierre de fronteras para personas refugiadas de nacionalidad distinta a la siria, las restricciones a la libertad de circulación para los solicitantes de asilo y la falta adecuada de información para quienes buscan protección internacional, además de un sistema arbitrario de sanciones en los centros que puede llevar a su expulsión de los mismos.
Hay un cierre efectivo de fronteras para refugiados de nacionalidad distinta a la siria
“La mayoría de las personas que solicitan asilo, excepto aquellas de nacionalidad siria, se quedan estancadas en el limbo que supone Ceuta y Melilla, donde tienen miedo de pedir asilo, por si se prolonga su estancia en los CETI. No se garantiza la aplicación de la Ley de Asilo de la misma manera que en la Península”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Algunas nacionalidades, como la marroquí o la argelina, sufren discriminación a la hora de ser trasladadas a la Península y los colectivos vulnerables no están recibiendo la atención que necesitan”, denuncia el director de AI.
Fronteras cerradas
«Sobre la una de la tarde llegó la Cruz Roja, pero yo había perdido muchísima sangre», explica Muhamed, de 20 años y procedente de Guinea Conakri, que permaneció encaramado en la segunda valla de Ceuta durante siete horas, con una herida en la muñeca derecha provocada por la concertina. «Veía mi propio nervio, gritaba a la Guardia Civil que estaba herido y les enseñaba mi brazo envuelto en un torniquete con mi camiseta, pero nadie me hacía caso», relata este joven que más tarde tuvo que ser operado y ha perdido movilidad en la mano y el dedo pulgar.
Muhamed fue una de las cuatro únicas personas que consiguieron entrar en Ceuta tras el salto del pasado 9 de septiembre, en el que al menos 240 personas lo intentaron y cerca de 67 fueron devueltas sin ningún tipo de procedimiento. Una vez más, estas “expulsiones en caliente” se realizaron sin garantías jurídicas y con uso excesivo de la fuerza, amparándose en la figura de “rechazo en frontera”, introducida en la Ley de Extranjería en abril de 2015, y a pesar de estar prohibidas por el derecho internacional.
Aunque el Ministerio de Interior no proporciona datos acerca de cuántas personas han sido devueltas a Marruecos, en lo que va de año se han producido al menos 9 intentos de salto a través de las vallas, en los que cientos de personas fueron expulsadas de manera colectiva.
«Veía mi propio nervio, gritaba a la Guardia Civil, pero nadie me hacía caso”
Muchas de las personas subsaharianas con las que se ha entrevistado Amnistía Internacional y que han intentado en alguna ocasión cruzar la frontera relatan violaciones de derechos humanos a ambos lados. Es el caso de Kris, de 29 años y procedente de Nigeria, que en dos ocasiones fue objeto de expulsiones en caliente por parte de la Guardia Civil en Melilla. Después de esos intentos consiguió entrar en Ceuta a nado y lleva desde abril de 2016 en el CETI, esperando a ser trasladado a la Península para pedir asilo.
La valla no es la única manera de llegar a estos enclaves españoles. En ocasiones, las personas migrantes y refugiadas también se juegan la vida a nado o en pequeñas embarcaciones. Las que intentan acceder por puesto fronterizo también lo tienen complicado. En el caso de Ceuta esta posibilidad no es real puesto que a pesar de que en marzo de 2015 se crearon las oficinas de asilo a día de hoy permanecen cerradas y no han registrado ninguna solicitud de protección internacional.
“Sólo aquellas personas procedentes del conflicto sirio tienen posibilidad real de solicitar asilo en puesto habilitado, aunque también encuentran dificultades para hacerlo: muchas han manifestado que son interceptadas por las fuerzas marroquíes”, declara Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España. “Según los testimonios que hemos recogido, tienen que acudir a pasadores a cambio de grandes sumas de dinero para conseguir documentación para pasar. Además, los controles marroquíes obligan a las familias a pasar separadas para no levantar sospechas, con la consiguiente intranquilidad que provoca para ellas”, añade.
Los CETI no son lugar de acogida
Sobreocupación que puede llevar en ocasiones al hacinamiento, falta de módulos familiares, falta de acceso a información y un sistema arbitrario de sanciones que no les permite adecuar su comportamiento a reglas claras para no ser expulsados de los centros, son algunas de las preocupaciones que Amnistía Internacional ha denunciado en varias ocasiones. Aunque sí se han establecido algunas mejoras en Melilla, como trabajos de rehabilitación en algunas habitaciones o la atención a la población infantil, que ahora se encuentra prácticamente escolarizada y cuenta con actividades lúdicas y educativas dentro del centro, todavía existen motivos de preocupación.
“Los CETI de Ceuta y Melilla no reúnen las condiciones adecuadas de acogida para personas migrantes y refugiadas, especialmente para aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable, que se encuentran desprotegidas y desatendidas y por lo tanto deben ser trasladadas de manera inmediata a la Península”, explica Virginia Álvarez.
Entre los colectivos vulnerables se encuentran las personas LGBTI
Entre los colectivos vulnerables se encuentran las personas LGBTI. AI se entrevistó en el CETI de Melilla, donde hay al menos 60 personas que han solicitado asilo por razones de persecución por orientación sexual, con un grupo de hombres de nacionalidad marroquí que llevaban entre seis meses y un año esperando ser trasladados. A la discriminación por parte de otros residentes, amenazas e incluso agresiones por su condición sexual se añade la discriminación por motivos de nacionalidad, ya que la organización considera que se trata de un ejemplo de cómo no se está garantizando un examen individualizado de sus solicitudes de asilo. “Todos los problemas que hemos vivido aquí nos han hecho olvidar lo que hemos pasado en Marruecos”, relatan a la organización.
La violencia de género no cesa en el CETI
Marian, argelina de 27 años, lleva un año en el CETI de Melilla junto a su hija de 3. Ha sufrido agresiones continuas por parte de su marido, que incluso la obligó a prostituirse. En diciembre de 2015 su marido le agredió en plena calle en Melilla y algunos testigos avisaron a la policía. Sin embargo, finalmente Marian retiró la denuncia y la causa fue archivada. Su marido fue readmitido en el CETI, y le pegó sólo dos días después. “Volvió peor que antes. Me amenazó diciendo que iba a pagar caro por haberle denunciado y llegó a decirme que, aunque él volviera a Argelia, antes me mataría”, asegura.
Aunque finalmente fue expulsado y se encuentra en paradero desconocido, Marian sigue teniendo miedo. Amnistía Internacional expresa su preocupación por la falta de medidas adecuadas para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Marian y de su hija que, incluso en una ocasión han tenido que compartir habitación con su agresor durante un mes, en el que las agresiones y abusos no pararon. Tras sufrir una de las peores palizas, en la que le golpeó contra la pared y ella volvió a interponer una denuncia, su marido fue absuelto por falta de pruebas. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción para pedir su inmediato traslado a la Península y su protección.
A la organización le preocupa también que, ante los casos de violencia de género se imponga como medida sancionadora la expulsión del agresor, algo que no protege verdaderamente a la víctima. “Muchas no quieren denunciar porque temen las represalias de sus agresores que, en ocasiones, se encuentran durmiendo en la calle enfrente del CETI cuando son expulsados”, asegura Virginia Álvarez.
La expulsión del agresor, no protege a la víctima de violencia machista
Otro ejemplo de personas especialmente vulnerables para las que los CETI no son adecuados son las personas con discapacidad, como Redonan Ghazi, argelino de 35 años. Redonan lleva en el CETI de Ceuta desde agosto y sufre una triplejia que le obliga a estar postrado en una silla de ruedas, puesto que no tiene apenas movilidad en las piernas ni en el brazo derecho. El propio personal del centro reconoce que el CETI, situado en un monte a las afueras de la ciudad, no ofrece las condiciones adecuadas para Redonan, que duerme en la zona destinada a enfermería, donde tiene también que comer al no poder hacerlo en la cantina debido a las barreras arquitectónicas.
Toufik, de 18 años y saharaui, todavía lleva vendas en las muñecas por haber intentado cortarse las venas cuando se entrevista con AI. “No quiero vivir ya, he intentado varias veces suicidarme”, asegura, después de relatar todos los abusos que ha sufrido durante el trayecto y desde que salió de los campamentos de Tindouf con tan solo 7 años y se convirtió en un niño de la calle.
