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Cerco legal a jueces, fiscales y abogados que aún aplican el inexistente SAP en los casos de custodia de menores en procesos de separación

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No son pocos los despachos de abogados que en la actualidad aún se nutren principalmente de clientes atraídos por la encendida defensa que estos profesionales realizan del inexistente Síndrome de Alienación Parental, conocido popularmente como SAP, sabiendo además que esta tesis rechazada por la comunidad científica internacional también tiene cabida en las sentencias de muchos jueces, con fallos que de un modo u otro, de forma más o menos camuflada, se decantan por dar valor y justificación a la supuesta interferencia o manipulación de un adulto sobre sus hijos menores en un proceso de disputa por la custodia de los mismos. Ahora, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha avanzado este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que su ministerio trabaja junto al de Justicia y la Vicepresidencia de Derechos Sociales para adoptar “todas las medidas necesarias” para evitar que este inexistente síndrome psiquiátrico diagnosticado en los años 80 por el estadounidense Richard Gardner, que presupone la interferencia o manipulación adulta del menor, sea tomado en consideración por parte de la Justicia.

No lo tendrá fácil el ejecutivo de Pedro Sánchez para llevarlo a cabo, ya que a día de hoy son incontables las sentencias de jueces que dan valor a estos testimonios para determinar la custodia en los procesos de separación, según confirman a Diario16 fuentes jurídicas expertas en derecho de familia. Ahora, el departamento de Irene Montero anuncia que pretende “prever una cautela explícita” para prevenir la posible aplicación de criterios y teorías sin aval científico que “invalidan de partida el testimonio” de los menores, sobre todo en aquellos casos de rechazo paterno, por presumirse una interferencia adulta, según detalló la ministra de Igualdad.

La aplicación del SAP provoca consecuencias “enormemente preocupantes”, según Montero, ya que allanan el camino a “la impunidad de formas de violencia contra la infancia y son desde luego inasumibles para un Gobierno feminista”. Como recordó la ministra durante su intervención, la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas subraya que es un derecho fundamental de los menores “ser escuchados a cualquier edad”. La ministra de Igualdad ha sentido “especial ilusión” para aplicar estas nuevas medidas que de una vez por todas destierren la validez del SAP entre abogados, jueces y fiscales, haciendo cumplir la que ha sido “una reivindicación histórica del feminismo” y de su lucha “durante tantos años”.

El Poder Judicial y el Supremo, en contra del SAP

Pese a que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció en 2013 en contra de utilizar el SAP, en la actualidad sigue esgrimiéndose en resoluciones judiciales para retirar la custodia a mujeres por considerar que manipulan a los niños en contra del padre, pese a que ninguna sociedad científica da la más mínima credibilidad a esta tesis. A la recomendación del Poder Judicial se ha sumado también el Tribunal Supremo en contra del SAP al considerar que muestra “profundas dudas científicas sobre la existencia de ese síndrome y sus causas, consecuencias y soluciones”.

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La sentencia 519/2017 de 22 de octubre de 2017 del Supremo, expone que “no se ha tomado en consideración este criterio en la resolución del sistema de guarda y custodia y ha obviado las relaciones conflictivas que existen entre el padre y la menor que están provocando una imposibilidad de la ejecución del sistema impuesto”. Además, constata que “se ha respetado de forma rigurosa el interés de la menor, siendo los progenitores los que han de velar por no influir negativamente en las opiniones de su hija, permitiéndole una armónico desarrollo de su personalidad, evitando las dependencia afectivas insanas y las manifestaciones verbales injuriosas contra el otro progenitor o su familia”.

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