El Movimiento Feminista, que agrupa a medio centenar de organizaciones de toda España, se han movilizado este sábado en contra de la Ley Trans que promueve el ministerio de Igualdad. Para este colectivo feminista de confluencia, la nueva norma es “un retroceso en la protección de nuestros derechos como mujeres“.
Estas movilizaciones que se han producido un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el anteproyecto que aprobará el Consejo de Ministros del martes 29 de junio, incluye en su redacción “la autodeterminación del colectivo trans”.
Autodeterminación del colectivo trans
Las entidades feministas consideran que “La ofensiva de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal contra las mujeres en general, y contra el movimiento feminista en particular, está llegando a una situación criminal tanto en nuestro país como en el resto del mundo, subvirtiendo todas nuestras reivindicaciones y penetrando en todo nuestro ordenamiento jurídico”.
Y señalan directamente al Gobierno de coalición que, recuerdan, se “autodenomina el más feminista de la historia” y, sin embargo, “están transformando las leyes contra la agenda feminista”, por la que llevan luchado durante los últimos 300 años.
Ministerio de Igualdad
El Ministerio de Igualdad “ha ignorado y despreciado al movimiento feminista, promoviendo leyes contra las mujeres y negándose a recibirnos, a pesar de habérselo solicitado en repetidas ocasiones”, denuncia desde el colectivo.
El Movimiento Feminista quiere poner el foco en las Comunidades Autónomas, “que han aprobado leyes sobre los derechos trans, haciendo aumentar la desprotección y afianzando el retroceso en materia de violencia, derechos sexuales y reproductivos y discriminación material y simbólica de las mujeres en todos los ámbitos, así como sobre los derechos más básicos de la infancia y adolescencia”. Esta situación, indican, los ha llevado a «tomar las calles».
Derogación de las normas autonómicas
En esas movilizaciones exigen “la derogación de la normativa trans autonómica compuesta, entre otras, por 15 leyes de ‘autodeterminación de género’. 14 protocolos educativos y 15 protocolos sanitarios, que está permitiendo, aún sin existir una ley estatal que reconozca el derecho de autodeterminación del sexo. También rechazan “la implantación de políticas educativas sexistas, la vulneración de los derechos de las mujeres basados en el sexo (permitiendo el acceso de hombres a nuestros espacios y pervirtiendo las estadísticas) y la hormonación infantil indiscriminada”.
Todo ello a pesar de que países de nuestro entorno (como Reino Unido, Suecia o Finlandia) que aprobaron estas leyes, “estén dando marcha atrás y prohibiendo el uso de bloqueadores de la pubertad, por sus irreversibles y nocivos efectos secundarios”.
Leyes Rhodes y Celaá
Además, “quieren frenar la Ley LGTBI, o la conocida como Ley Zerolo (de Igualdad de Trato y No Discriminación) que “introducen la criminalización de las personas que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión, defiendan el uso de las palabras mujer, madre o vulva, o se equivoquen en el uso de los pronombres, imponiendo multas de hasta 150.000 euros”.
También llaman a derogar las normas o la parte de ellas que atentan contra los derechos de las mujeres y de la infancia, así como contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, como la recién aprobada Ley Rhodes (de protección a la infancia contra la violencia) y algunas disposiciones de la Ley Celaá (LOMLOE), que, en su opinión, “generan confusión respecto a la obligatoriedad de educar en igualdad”.
Contra el Borrado de las Mujeres
Otra de las organizaciones feministas que denuncia el daño de las normas trans a las mujeres, la organización Contra el Borrado de las Mujeres ha advertido de que, si el Gobierno da luz verde a “una ley trans con autodeterminación de género estará apoyando una ley misógina que destroza los derechos de las mujeres y que estará rendida a los deseos de los varones”.
La exdiputada socialista y activista Ángeles Álvarez, ha señalado, además, “a los grandes medios de comunicación” que, a su juicio, “están jugando un papel preocupante al ocultar información sobre la deriva hacia la nueva misógina. Obstaculizar el acceso a información sobre el impacto de las leyes es contrario a los principios éticos de la profesión periodística”, ha escrito en su cuenta de Twitter.
