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CCOO y UGT se manifiestan por los derechos de los empleados públicos

La manifestación está convocada para el 29 de noviembre, entre Colón y la Secretaría de Estado de Función Pública, en la calle Santa Engracia, 7

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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CCOO y UGT se manifiestan por los derechos de los empleados públicos de la Administración General del Estado. La protesta está convocada ente miércoles a las 17:30 horas entre Plaza de Colón y la Secretaría de Estado de Función Pública, en la calle Santa Engracia, 7.

La manifestación es la continuación del proceso de movilizaciones que están desarrollando ambos sindicatos de la función pública, para hacer visible el empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal público. Una situación que se traduce en un deterioro de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Las federaciones de empleados públicos de ambos sindicatos aportan datos indiscutibles sobre el deterioro del empleo público en la Administración General del Estado: desde 2010 se ha reducido la plantilla en un 14%, pasando de 231.157 a 198.594 empleados y empleadas públicas en este ámbito.

Aunque la Oferta de Empleo Público para 2017, acordada por el Gobierno con las organizaciones sindicales, ha supuesto un cambio en la tendencia de destrucción de empleo público, la situación está aún lejos de resolverse en una Administración que cuenta con una plantilla envejecida —la mitad tiene más de 50 años, solo 1.200 son menores de 30 y la previsión de jubilaciones en los próximos 5 años supera los 25.000 efectivos—.

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CCOO ha advertido que la política de recortes del Gobierno en materia de empleo público supone un claro perjuicio a millones de personas que se merecen un servicio público de calidad, y cifra en 30.000 las incorporaciones de personal necesarias en la Administración General del Estado para resolver la situación de colapso en que se encuentran muchos servicios públicos que presta esta Administración.

También se señala por parte de CCOO que, a pesar de la insistencia del Gobierno en la recuperación económica, las empleadas y empleados públicos continúan perdiendo poder adquisitivo. Desde la deducción del 5% del 2010, han sufrido congelaciones salariales e incrementos del 1%, inferiores al aumento de los precios en 2016 y 2017, mientras el IPC se ha incrementado en más del 8% en ese período. Por eso, para CCOO, garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y reconocer la deuda que el Gobierno tiene con las empleadas y empleados públicos resulta imprescindible.

“La negociación colectiva en la Administración General del Estado se encuentra paralizada”, indica José Manuel Vera, secretario general de este Sector en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. En diciembre se cumplirán dos años de la denuncia del Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado “sin que se haya producido el más mínimo avance. Igualmente, trascurridos 10 años desde la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, aún no se ha aprobado la Ley de Función Pública de la Administración General.

Carlos Álvarez, secretario de Administración General del Estado de FeSP-UGT achaca al Gobierno falta de voluntad “no abre vías para recuperar los derechos sustraídos con la excusa de la crisis. Los trabajadores seguimos siendo penalizados por caer enfermos, pues no cobramos el 100% del salario en caso de Incapacidad Temporal y la formación, la acción social y el plan de pensiones siguen deteriorados”.

Los trabajadores de la Administración General del Estado acudirán mañana miércoles, 29 de noviembre, a este acto reivindicativo que da continuidad a los que los delegados de ambos sindicatos ya han realizado en Madrid, Toledo, Valladolid, Ceuta o Sevilla en defensa de las condiciones de trabajo de este personal, bajo el lema «empleo público, salario digno y recuperación de derechos”.

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