CCOO y UGT han convocado nuevos actos reivindicativos para continuar el proceso de movilizaciones que están desarrollando estos sindicatos en la Administración del Estado, desde el pasado mes de junio. Con ello tratan de hacer visible el empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal de este ámbito. Una situación que se traduce en un deterioro de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.
LAS POLÍTICAS DE RECORTES DEL GOBIERNO EN MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO HAN SUPUESTO EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Las políticas de recortes del Gobierno en materia de empleo público han supuesto el deterioro de los servicios públicos. Desde 2010 el personal de la Administración General del Estado se ha reducido en un 14%, situando al borde del colapso buena parte de los servicios públicos que presta esta Administración. Los últimos acuerdos en materia de empleo han supuesto un ligero cambio de tendencia pero aún están lejos de resolver la situación en una Administración envejecida en la que la previsión de jubilaciones en los próximos 5 años supera los 25.000 efectivos.
Los sindicatos CCOO y UGT denuncian —a pesar del mensaje de recuperación económica que permanentemente intenta trasladar el Gobierno— que las empleadas y empleados públicos continúan perdiendo poder adquisitivo. Desde el 2010, las reducciones y congelaciones salariales o incrementos ridículos de 1%, en un período en el que el IPC se ha incrementado en más del 8%, han colocado al personal de la Administración del Estado —que ya se encontraba en condiciones muy desfavorables respecto a las empleadas y empleados públicos de otras Administraciones— en una situación retributiva insostenible. El Gobierno parece estar dispuesto a atender las reivindicaciones retributivas de algunos colectivos de este ámbito como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero debe dar respuesta al conjunto del personal de la Administración del Estado.
Los actos que anuncian ambos sindicatos, al igual que los que se han venido realizando desde el mes de junio del pasado año en Madrid, Ceuta, Valladolid, Sevilla o Toledo, son la respuesta al progresivo deterioro de las condiciones de trabajo de las empleadas y los empleados públicos de la AGE. Con ellas se pretende sentar al Gobierno a negociar para alcanzar compromisos sobre:
Una política de empleo para frenar la progresiva pérdida de puestos de trabajo en la AGE y poner fin a una apuesta del Gobierno por la privatización de servicios; la recuperación de derechos sustraídos con la excusa de la crisis, empezando por el derecho a la negociación colectiva, de forma que se pueda abordar:
El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y desbloqueo de la negociación del IV Convenio Único para adaptación del sistema de clasificación profesional con la aplicación efectiva del nuevo Grupo B; el desarrollo del sistema retributivo en su conjunto, incluyendo aquellas retribuciones que corresponden a características de los puestos de trabajo, a la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados; la adopción de medidas respecto a los procesos de provisión de puestos para poner fin a la discrecionalidad existente mediante un sistema que realmente responda a los criterios de igualdad, capacidad y mérito y, la recuperación del resto de derechos arrebatados: retribuciones en IT, formación, acción social, masa salarial de los planes de pensiones, etc.
Un incremento salarial suficiente para que todo el personal de la Administración del Estado tenga unas retribuciones justas. Este incremento retributivo debe contemplar:
La recuperación del poder adquisitivo que han perdido las empleadas y empleados públicos y la garantía de su mantenimiento en el futuro; una subida en los salarios de 250 € lineales que permita al personal de esta Administración alcanzar un nivel retributivo justo y digno.
Con estas reivindicaciones CCOO y UGT, en el marco del proceso de movilizaciones iniciado por estos sindicatos el año pasado en el ámbito de la Administración General del Estado, han convocado una nuevas acciones reivindicativas el próximo 30 de enero en A Coruña y Valencia, anunciando que estas concentraciones de sus delegadas y delegados continuarán en el mes de febrero en otras provincias y que intensificarán el nivel de las movilizaciones si las demandas del personal de la Administración del Estado no obtienen respuesta.
