Desde el pasado 27 de enero, el sindicato CCOO reclama la elaboración de un protocolo específico para prisiones sobre el coronavirus y la convocatoria de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, que lleva más de medio año sin reunirse, para tratar este asunto.

El sindicato denuncia que la alerta desatada en la cárcel de Valencia ante la posibilidad de que dos empleados públicos, que están en cuarentena, pudieran dar positivo “demuestra la incapacidad de los gestores penitenciarios para abordar una crisis ya anunciada”

“La Administración Penitenciaria ha sido incapaz de abordar un problema de extrema gravedad en un espacio confinado como es una prisión. Se limita a facilitar informaciones genéricas que no responden a la especificidad de la actividad de la cárcel”, ha denunciado la sección de prisiones de CCOO.

De confirmarse estos dos casos de coronavirus en la prisión de Valencia de Picassent, que están en cuarentena a la espera de resultados, “la salud de los internos y del personal penitenciario tiene que garantizarse por el Sistema Público Nacional de Salud”, han señalado fuentes del sindicato.

CCOO lleva años denunciando el progresivo desmantelamiento de la sanidad penitenciaria con políticas que reducen los recursos humanos destinados a salvaguardar la salud de las personas privadas de libertad, y que tiene a las prisiones sin médicos y sin el suficiente personal sanitario.

Por eso exige se activen con carácter urgente actuaciones de control y evaluación de toda la población reclusa de la prisión de Picassent y de toda la plantilla penitenciaria para detectar posibles casos positivos, antes de que se produzca una crisis de salud en el centro por la negligencia de Instituciones Penitenciarias.

Además, ccoo exige se habiliten los recursos necesarios en materia de mascarillas, batas protectoras, antisépticos, termómetros sin contacto y todo lo necesario para abordar la situación en unas condiciones preventivas adecuadas.

Desde el sindicato se rechaza “el alarmismo y el sensacionalismo en los problemas de salud pública, pero no es aceptable que los máximos responsables de las Instituciones Penitenciarias manifiesten este nivel de negligencia e indolencia ante un problema que puede extenderse”. Por todo ello, “rechazan que no les hayan trasladado ninguna información a los representantes sindicales nacionales a pesar de los múltiples intentos de ponernos en contacto”.

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