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CCOO acusa a Ayuso de dar un golpe de estado educativo

La consejería de Educación madrileña “ordena el cumplimiento de la legalidad estatal y autonómica en materia de promoción y titulación”, a todo el profesorado, como si no lo hicieran

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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CCOO muestra su total sorpresa por el anunció de Ayuso de que la Comunidad de Madrid “prioriza los contenidos, la atención a la diversidad o lo que deben valorar en mayor o en mayor medida los profesores y profesoras para aprobar a su alumnado”, que es competencia exclusiva de cada docente, y lo califica de “golpe de estado educativo”.

Pero si esto es sorprendente, “todavía lo es más que la Comunidad de Madrid ordene el cumplimiento de la legalidad estatal y autonómica en materia de promoción y titulación”, como si el profesorado, ordinariamente, no lo hicieran, denuncia Isabel Galvín, secretaria general Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid.

Para Galvín este anuncio “es totalmente impertinente”. De entrada debemos tener en cuenta que, aunque siempre ha sido así, por primera vez en la historia jurídica española, en la Ley Orgánica de Educación de 2006 se encuentran recogidas las funciones del profesorado de todas las etapas y centros educativos, entre las que están, precisamente, las que la Comunidad de Madrid pretende usurpar, como es: “la coordinación docente, la orientación del alumnado, la detección de sus necesidades, la programación y la impartición del currículo, la evaluación y, en fin, decidir si han superado la asignatura que imparten (91 LOE)”, denuncian desde CCOO Madrid.

Por otra parte, los requisitos en cuanto a promoción o titulación, en cuanto a asignaturas que deben superarse, no corresponde fijarlos ni a la Viceconsejería ni a la Comunidad de Madrid; ni siquiera al Ministerio de Educación ni al Gobierno nacional, puesto que siempre han estado establecidos mediante Ley Orgánica, que requiere la aprobación de las Cortes Generales (por mayoría absoluta del Congreso, además: 81 CE), y ni siquiera se pueden modificar mediante Real Decreto Ley (82 CE).

Corresponde al profesorado de los centros docentes aplicar el currículo y calificar al alumnado en cada asignatura; por tanto, decidir realmente sobre su promoción y, en su caso, titulación, todo ello teniendo en cuenta el contexto actual, la diversidad de situaciones y el futuro del alumnado, y en el ejercicio del derecho de la libertad de cátedra que asiste a todo docente, que es un derecho fundamental (20.1.c) CE).

Se trata de mandatos de rango constitucional y de ley orgánica “de los que la viceconsejería de Educación no se puede apartar”.

Es el tiempo del profesorado

En estos momentos de crisis sin precedentes será más importante que nunca “el ejercicio de sus competencias para adaptar a su alumnado, a cada circunstancia, los medios que sean posibles para continuar el proceso educativo, calificando en cada caso desde la especial consideración de lo que ha estado realmente al alcance de cada alumno o alumna y todas las circunstancias tanto generales como particulares”, ha demandado Isabel Galvín.

El profesorado está desplegando un gran esfuerzo, entrega, cualificación, profesionalidad, generosidad y calidad humana en este tiempo histórico; todo ello “pese a la nefasta gestión de este y anteriores gobiernos del Partido Popular”, señala Galvín.

Gracias a la labor del profesorado madrileño, “ningún alumno, ninguna alumna quedará atrás en cuanto a sus expectativas en el presente curso ni en su progresión educativa en el curso que viene, en el que, ojalá, por fin, podamos fundirnos en un abrazo y luchar por un futuro de progreso”, ha finalizado la secretaria general Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid.

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