La moratoria de los desahucios decretada por el gobierno de Pedro Sánchez llega a su fin a finales de este mes de octubre, lo que supone que 26.000 familias estén en riesgo de quedarse en la calle según informa Televisió de Catalunya. Ante esta situación inminente el Parlamento catalán trabaja en la Ley catalana de vivienda para recuperar la obligación de los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables.
Bajar alquileres
Las leyes que regulan el mercado de la vivienda van a tener que regular como nunca para evitar el desastre que puede suponer el levantamiento de las ayudas y moratorias y que podría dejar a miles de familias sin un lugar para vivir. El Gobierno de coalición presentaba hace un par de días la futura Ley de Vivienda, que obligará a los grandes propietarios a bajar los alquileres en las zonas tensionadas y a los particulares a congelarlos, pero esto no es suficiente.
Herramientas
El Parlamento de Cataluña pretende sacar una ley con medidas urgentes para hacer frente a la emergencia que viven y vivirán miles de familias. El objetivo es tener herramientas legales a punto ante el final de la moratoria de los desahucios. La norma quiere proteger a las familias que quedaron desamparadas cuando el Constitucional anuló el decreto de medidas urgentes impulsado desde Cataluña. Y se desarrolla en paralelo a la ley de vivienda española, que negocian el PSOE y Unidas Podemos.
Lo que le dé la gana
El Partido Popular anunció que recurrirá y que no aplicará las medidas aprobadas por el gobierno de coalición en las comunidades donde gobierna. El líder del PP, Pablo Casado, argumentó que está «a favor de la libertad de cada persona, de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo sin que venga el Gobierno a decir qué tienes que hacer con tu piso que te has ganado toda tu vida trabajando». Claro que, todas las medidas impositivas van dirigidas únicamente a los grandes propietarios que se consideran a aquellos que tengan más de 10 viviendas de su propiedad.
