Rafael Catalá la ha vuelto a liar y, lo sorprendente, es que parece que es la primera vez que ocurre cuando, en realidad, tiene una trayectoria desde que sustituyó a Alberto Ruiz Gallardón que le inhabilitan para mantenerse en el ministerio que gestiona uno de los poderes sobre los que se asienta nuestro sistema democrático. Sus declaraciones en las que afirmó que el Consejo General del Poder Judicial «debería haber actuado previamente contra el magistrado que elevó el voto particular» en la sentencia de La Manada, es decir, que el CGPJ tendría que haber aplicado sanciones disciplinarias contra Ricardo Javier González ya que, según Catalá, «todos en la carrera saben que tiene un problema singular y la labor del Consejo es ver si está en plenas facultades para ejercer su labor».

Estas palabras del ministro Catalá han provocado la indignación de todo el sector de la Justicia. Tanto jueces como fiscales han pedido de inmediato su dimisión. Sin embargo, lo que más sorprende es el posicionamiento actual del ministro en referencia a la política de género y a la defensa de los derechos de la mujer porque, en toda su trayectoria, ha destacado, precisamente, por lo contrario, es decir, con una posible afinidad a los posicionamientos del magistrado González. La presión de la calle, ¿ha logrado cambiar la ideología de género del ministro? No, pero es mucho más sencillo seguir la corriente que luchar contra uno mismo.

Rafael Catalá ya ha tenido suficientes escándalos como para que hubiera dimitido o para que M. Rajoy le hubiera cesado. No obstante, la protección de Soraya Sáenz de Santamaría le he permitido mantenerse en su puesto…, eso y el laissez passer del presidente. Recordemos algunos casos por los que el ministro ya tendría que haber tenido que presentar su dimisión.

El 17 de noviembre 2014 Gabriel Amat Ayllón (Presidente del PP en Almería, Presidente de la Diputación Provincial, Alcalde Roquetas del Mar y Presidente Regional del Comité Electoral del PP andaluz), amigo personal de Mariano Rajoy y de Javier Arenas, declaró en calidad de imputado ante el juzgado de instrucción número 1 de Roquetas de Mar.

Amat estaba acusado de prevaricar, juntamente con gran parte de su Equipo de Gobierno, en la Pieza Separada de las Diligencias Previas 34/12. Pieza conocida con el sobrenombre de Caso La Fabriquilla.

El 18 de marzo 2015, Catalá visitó la ciudad de Almería donde mantiene diversas reuniones, entre ellas con el Colegio de Abogados y con la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería Dª. Lourdes Molina. Por la tarde se desplazó a Gádor para participar en un acto electoral del PP en el que intervienen, entre otros, Gabriel Amat Ayllón, Javier Arenas y Rafael Hernando, Diputado nacional por Almería —a pesar de ser natural de Guadalajara— y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

Ocho días después de la visita de Rafael Catalá, concretamente el 26 de marzo 2015, la Fiscalía de Almería presentó un escrito a la juez instructora mediante el que manifestaba su interés en adherirse a la petición cursada por la dirección letrada de la defensa de Gabriel Amat, petición basada en la desimputación y archivo de la causa instruida contra el compañero de partido del ministro Catalá.

La mera sospecha de que esto se hubiera producido una semana después de las reuniones mantenidas por Catalá en Almería ya hubiera sido causa inmediata de dimisión.

La actuación de los órganos judiciales y de la Fiscalía en referencia al procés catalán también tendrían que haber provocado su salida del Ministerio de Justicia, motu proprio o por el cese por parte de M. Rajoy. No es lícito que la persona que está al frente de los órganos que representan al tercer poder de la democracia y sobre los que se sustenta el Estado de Derecho no hiciera nada o indujera a dichos organismos a que encarcelaran preventivamente a políticos por presuntos delitos de los que dudan las autoridades internacionales o, incluso, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha puesto en cuestión. Por otro lado, un ministro de Justicia no puede permitir que se produzca una instrucción judicial parcial como la que está demostrando el juez Llarena quien ha llegado a utilizar la primera persona del plural en sus autos refiriéndose a los actos de los acusados.

La actuación parcial de ministro en referencia al procés y al encarcelamiento de los presos políticos es causa de dimisión o cese inmediato. Sin embargo, las conexiones ideológicas lo están impidiendo.

Finalmente expondremos las continuas defensas que ha hecho de imputados por corrupción, tanto política como empresarial, ejerciendo como protector de compañeros de partido imputados por los tribunales o asistiendo a comidas en las que participaban condenados por corrupción. Recordemos los mensajes enviados a Ignacio González en los que deseaba que «Ojalá se cierren pronto los líos», cuando llevaba meses investigado por el caso Ático. Lo mismo que con Pedro Antonio Sánchez, con quien se reunió un día antes de que un juez emitiera un auto que acusaba al ex presidente de la Región de Murcia de cohecho, revelación de secretos y fraude, hecho que aumentó de nivel cuando Sánchez se refirió al criterio de los fiscales del Supremo cuando dicho criterio no se había hecho público, lo que demostró que el ya procesado había tenido acceso a los informes reservados de la trama Púnica. A pesar de esto, Catalá se puso del lado de Sánchez reconociendo que éste había accedido a dicha información y atacando a las dos fiscales del caso.

Lexnet, asistencia a fiestas con condenados por corrupción, el caso de Moix, cuando el fiscal intentó impedir registros vinculados al Caso Lezo, asegurar que habría que abrir el debate sobre la posibilidad de sancionar a los medios por filtrar informaciones judiciales, son algunas de las polémicas, pero hay muchas más.

Una persona tan conservadora como Catalá y con este currículum no puede continuar al frente del ministerio de Justicia porque la independencia que se le presume al tercer poder de la democracia no está garantizada.

Hoy las declaraciones sobre el magistrado que elevó voto particular pidiendo la absolución de La Manada han desatado la indignación de todo el sector de la Justicia y han pedido su dimisión inmediata. Sin embargo, ¿no han tenido tiempo y razones suficientes como para pedirla antes? La realidad es que, hace tiempo que Catalá debió abandonar su puesto. M. Rajoy siquiera tuvo que renovarlo en el cambio de legislatura. El pueblo no se merece que alguien así sea quien esté al frente de la Justicia, ni a un partido que se fundamenta en la misma ideología del ministro, ni a los colaboracionistas de Ciudadanos que han soportado y soportan el régimen corrupto de Gabriel Amat (ver revista Diario16 nº 13), ni a un juez que tiene la misma sensibilidad ideológica que Catalá. El pueblo español no merece ser manipulado por intereses espurios ni por quienes, para lograr sus intereses y objetivos, destrozan todos los valores que consiguen que nuestra sociedad sea más justa.

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