La Comunidad de Castilla y León está bajo sospecha por no permitir movilizar a los mayores de las residencias al hospital en el momento más duro de la pandemia.

Así, la Fiscalía de Castilla y León , como adelantó el diario.es, ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por el Defensor del Paciente y ha solicitado a la Junta el documento firmado por Servicios Sociales y Sanidad en el que se dan las instrucciones a las residencias para hacer frente a la Covid-19.

El documento, titulado ‘Medidas generales para contener el impacto de la crisis del covid-19 en las residencias de carácter social’ y también el informe de la Comisión de Bioética de Castilla y León que establecía que “el criterio es necesariamente teleológico, -la doctrina filosófica de las causas finales-, actuando en función de la máxima utilidad, priorizando a los enfermos que tengan mayores posibilidades de recuperación”.

Además, se establecían una serie de parámetros por los que se decidía quien podía salvarse como son: “La situación funcional previa del enfermo y su comorbilidad, -la presencia de uno o más trastornos o enfermedades- y edad”. también se puede leer: “Se debe dar prioridad a los que tienen más posibilidades de supervivencia y más años de vida salvada

En el primero de los documentos, ‘Medidas generales para contener el impacto de la crisis del covid-19 en las residencias de carácter social’, en la primera versión del mes de más que fuera publicado en prensa por eldiario.es’ se facilitaban las instrucciones para el equipo multidisciplinar asistencial, los llamados equipos Covid. Estos debían atender “a los residentes, sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital”. Para ello, prosigue el documento, “se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso…” y deja a los centros de salud de los que dependen estas residencias “el cometido de dictar instrucciones para garantizar los medicamentos de uso hospitalario”.

Este documento de la consejería de Sanidad, está ahora accesible en la página de la junta, pero ha sido modificado y tienen más páginas que el original.

La propia consejera Verónica Casado, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ambos de Ciudadanos, justificaron estas directrices afirmando que “era mejor la asistencia a los mayores en su entorno, que movilizarlos a los hospitales, lo que podía suponer un trastorno para ellos”.

Casado argumentó que el motivo era “trasladar la hospitalización a las residencias para evitar molestias a los residentes”. La consejera sí indicó que, si los médicos recomendaban el desplazamiento a sede hospitalaria, así se haría. La instrucción, aseguró Casado, se ejecutó “no para cerrar un derecho, sino llevar ese derecho a las residencias y mantener así a los pacientes en su contexto ordinario”.

El defensor del Paciente denunció que “a muchos de estos centros asistenciales no llegaron los equipos Covid”, tampoco la Junta les aprovisionó de material apropiado como bombas de oxígeno, según los familiares y personal de estas residencias.

También denunciaron que en la primeras semanas de la crisis sanitaria, “a las residencias que tenían aprovisionamiento de EPIS” se les decomisaron(mascarillas, guantes) para enviarlos a los hospitales.

La Federación de Atención a la Dependencia de Castilla y León ACALERTE pidió al Gobierno central y autonómico, que las personas mayores que viven en residencias, al igual que el resto de la población, debían ser atendidos en los centros sanitarios.

Según explicó Diego Juez, presidente de Acalerte en el mes de abril: “Esta realidad refleja que el 12,42 por ciento de las personas usuarias de estos centros tanto públicos como privados, tiene la Covid-19 y requieren atención específica. Las residencias no cuentan con los recursos y sí los hospitales y entendemos que allí es donde deben recibir los cuidados necesarios, no sólo para que ellos cuenten con la mejor atención, sino también para que las personas mayores que conviven con ellos en los centros no sean contagiadas”, señaló

Además de esta nueva denuncia, la fiscalía tienen abiertas 19 diligencias de investigación penal, de un total de 34 emprendidas desde el principio de la pandemia. A los juzgados de instrucción han llegado cinco denuncias, dos de ellas sobreseídas en Lerma y Arenas de San Pedro.

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