Será imposible entender cómo, habiendo un informe de posibles malos tratos a una niña de cuatro años, la Administración de Castilla y León dejó pasar semanas hasta que la pequeña muriera por agresión sexual y palizas. Aun así, y tal y como pidió la oposición, la concejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, comparecerá el lunes en las Cortes para dar explicaciones.
Sean cual sean las explicaciones de la consejera –que con seguridad nada sabía de este caso cuando la pequeña Sara falleció de forma brutal y cruel- será difícil que una Administración pueda salir indemne. Hoy, y gracias a la inocente y malograda pequeña Sara, se sabe que las instituciones de la comunidad más solvente del PP no tuvieron capacidad, a pesar de haber saltado la alarma, para impedir una muerte tan cruel a una niña tan pequeña e indefensa.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, va a comparecer en la comisión de las Cortes el próximo lunes, 28 de agosto, a las 12:00 horas, para explicar qué medidas tomó la Junta para proteger a la pequeña Sara F. M., de 4 años, fallecida como consecuencia de un historial de maltrato continuado y la última agresión sexual a la que fue sometida. Un caso que está bajo secreto de sumario y por el que permanecen en prisión comunicada y sin fianza la madre de la pequeña y el último novio de la mujer.
Los hechos
El juez ha decidido decretar el secreto de sumario sobre un caso cuyas primeras sospechas se remontan al 11 de julio. Ese día, la familia llevó a la pequeña al pediatra porque «tenía los labios hinchados por una supuesta alergia», según han señalado fuentes policiales. Entonces, el médico observó lesiones en piernas y brazos, además de falta de higiene, y alertó a los agentes de que podía tratarse de un posible caso de maltrato.
Once días después, los Servicios Sociales recibieron el primer aviso. El viernes 21 de julio llegó a los técnicos un comunicado de oficio de la fiscalía que instaba a «hacer averiguaciones» sobre un posible caso de malos tratos, según ha explicó en su momento, y tras la muerte de la pequeña, el gerente regional del área, Carlos Raúl de Pablos. Éste que el informe médico, trasladado a la Policía y al ministerio público, señalaba que se habían detectado moratones en brazos y piernas. «No se nos decía nada de que fuera un caso urgente«. Tampoco se hablaba nada de abusos sexuales, ha añadido: «Se tramitó igual que se tramitan decenas de casos. Y siguiendo siempre el protocolo».
Es decir, que si se detectan posibles malos tratos, antes de un mes es casi imposible parar el sufrimiento de una niña de cuatro años.
Los técnicos citaron entonces a la madre el 26 de julio en la sede territorial de Servicios Sociales, adonde acudió con sus dos hijas. Tras el encuentro, los trabajadores consideraron que debían tener una segunda reunión con la progenitora antes de adoptar ninguna decisión. En esta ocasión, en casa de ella. Y fijaron para ello el día 28. «Pero esa misma mañana, la madre nos dijo que tenía un problema laboral y si podíamos retrasarlo. Se acordó que fuera el 1 de agosto, pero cuando acudieron los técnicos ese día, no encontraron a nadie», ha detallado este viernes De Pablos, que ha especificado que fue en ese momento —»que no quisiera colaborar ya era un nuevo indicio que se sumaba al resto»— cuando se decidió adoptar medidas de protección para las dos menores.
Si antes se hubiese detectado la existencia de un riesgo inmediato, se hubieran iniciado actuaciones inmediatas», ha remachado De Pablos.
El 2 de agosto, 22 días después de darse el aviso por parte del médico, la víctima ingresó en las urgencias pediátricas del Hospital Clínico de Valladolid en parada cardiorrespiratoria y se confirmaron también en el centro sanitario las sospechas sobre la existencia de abusos sexuales. Según ha subrayado Servicios Sociales, en ese momento se decidió retirar la tutela a la madre de las dos niñas y se trasladó esa misma tarde a la hermana mayor, de 12 años, a un centro de acogida de la Junta de Castilla y León. Pero un día después, la pequeña fallecía y los agentes detenían a la progenitora y a su actual pareja.
La tragedia está servida. Las instituciones que debían haber garantizado una vida digna a Sara no estuvieron a la altura. Veremos si lo están las explicaciones de la consejera. De no ser así, la oposición pedirá su dimisión.
Las instituciones no han estado a la altura.