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Caso Solsiret: la violencia no tiene género

Raúl Allain
Raúl Allain
Escritor, poeta, editor y sociólogo.
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análisis

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El avance de la violencia social en nuestro país es preocupante. No solamente se trata de los asesinatos a mano de delincuentes que no tienen ningún reparo en asesinar a sus víctimas para robarles, sino también de la extensa serie de crímenes dentro del hogar, especialmente los casos de feminicidios. El año pasado, sumaron un total de 168 feminicidios, y en lo que va del 2020 ya son 26 casos.

Cada muerte es un dolor innombrable y deja además una secuela de tristeza, depresión y angustia en los familiares, especialmente en los huérfanos que se quedan prácticamente en total desamparo.

En el Perú está tipificado el feminicidio como un delito en el Código Penal. De acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (https://observatorioviolencia.pe/mv_feminicidio/): “En el Perú el feminicidio es un delito autónomo, en efecto, desde el 2013, mediante la Ley 38068 se incorporó el artículo 108 de nuestro Código Penal que sanciona incluso con cadena perpetua a las personas que matan a una mujer en determinados contextos”.

Y agrega esta importante consideración: “En el delito de feminicidio la conducta visible (acción) es matar a una mujer, existiendo una relación de causalidad entre la conducta del sujeto activo y el resultado (extinción de la vida). Es un delito doloso porque existe comprensión y voluntad del autor, estando presente la intención de matar. El sujeto pasivo es la mujer que desde la perspectiva de género se encuentra en desigualdad con el varón y en una posición vulnerable en las relaciones de poder. La norma ha señalado varios contextos que subsumen los escenarios más comunes en que se perpetran este tipo de delitos: violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente (agresor)”.

Cabe señalar que el término feminicidio no solo es una categoría penal, sino que también se ha incorporado en el habla coloquial hispana. El Diccionario de la RAE define al feminicidio como “Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”.

Diana Russell, promotora inicial del concepto, definió el feminicidio como «el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres», según consigna Wikipedia. Añade que «el feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales».

En los últimos días, hay un caso que ha llamado la atención de la sociedad. El asesinato de Solsiret Rodríguez Aybar, desaparecida hace cuatro años. Expertos de criminalística de la Policía Nacional del Perú, que no desmayaron en la investigación, lograron ubicar restos descuartizados de la estudiante de sociología en la vivienda de su amiga Andrea Aguirre Concha, quien a la vez era pareja de su cuñado, Brian Villanueva Castillo.

Los familiares denunciaron que en el año 2016 la policía no admitió la denuncia de desaparición. Este error motivó que el caso no fuera investigado debidamente, pero años después hubo un giro radical que permitió dar con los presuntos asesinos, hoy con orden de detención preliminar.

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Morán, la semana pasada pidió perdón a nombre del Estado a los padres de la joven asesinada Solsiret Rodríguez Aybar, “por la negligencia e insensibilidad” que mostraron las autoridades políticas y policiales que no investigaron la desaparición de su hija en el año 2016. La agencia Andina informó que el ministro recibió en su despacho a Carlos Rodríguez y Rosario Aybar, padres de Solsiret, a quienes garantizó que la investigación continuará hasta esclarecer totalmente las circunstancias de su muerte y hallar a todos los responsables.

Asimismo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, aseguró que el policía Dante Pastor, del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, quien no acogió la denuncia de desaparición de Solsiret Rodríguez en agosto del 2016, fue retirado de su cargo, como una forma de sanción ejemplar.

Sin embargo, hay otros hechos que llaman la atención. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de feminicidio cometido por una mujer que, además, se presentaba como supuesta “activista feminista y de los derechos humanos”: La asesina confesa Andrea Aguirre Concha, había estudiado antropología. El propio Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) reveló que Andrea Aguirre Concha, implicada en el asesinato de Solsiret Rodríguez fue voluntaria de esa institución y además laboró con familiares de desaparecidos. “Andrea, como estudiante sanmarquina, era además activista de derechos humanos y ha trabajado con familiares de desaparecidos, por lo que su responsabilidad y silencio en estos años, hacen más difícil procesar este crimen”, señala el comunicado difundido por esa institución, citado por el diario El Comercio.

La institución lamentó que una persona que conocía el impacto de una desaparición en las familias, haya sido capaz de asesinar, descuartizar y esconder los restos en su casa. Específicamente, condenó el hecho de que una persona “que conoce de primera mano el impacto de una desaparición en las familias haya tenido este proceder criminal”. Además de repudiar el crimen, el EPAF calificó el crimen como un “cruel feminicidio”.

Otra lectura de este hecho nos da nuevos ángulos. La violencia no tiene género. Venga de donde venga, la violencia es tremendamente negativa. Sobre este punto, el periodista Rodolfo Ybarra ha escrito el artículo: “Feminista y activista por los DDHH mató a Solsiret” (http://www.limagris.com/feminista-y-activista-por-ddhh-mato-a-solsiret/) en el cual critica la forma cómo los grupos feministas han actuado frente a este caso.

“Es triste ver cómo los grupos feministas intentan negar por todos los medios que la asesina y descuartizadora Andrea Aguirre Concha es feminista. Incluso el portal ‘Ni Una Menos-Perú’ no la nombra para nada e instrumentaliza este crimen para hablar solo del estado y del ‘superior Pastor’ y ni siquiera mencionan que las dos fiscales que sabotearon la investigación son mujeres: María Quicaño Bautista y Lucila Aliaga Gamarra. Solo otros activistas han mencionado que Aguirre sí participaba de las marchas y, encima, lo hacía con su pareja y cómplice, el ‘feministo’ Kevin Villanueva Castillo.”

En su análisis, Ybarra pone el dedo sobre la llaga: “Pero, claro, para dejarnos de suposiciones, entramos a la página personal [en Facebook] de Andrea Aguirre Concha: Y qué encontramos. Pues que era seguidora de Marisa Glave, Vero Ferrari y del Movimiento Feminista del Perú. Con lo cual queda demostrado que sí era feminista y ya muchos voluntarios la han identificado como la que le gustaba ir adelante en las marchas de Ni una menos”.

“Pero lo más salvaje de todo esto, aparte de sus mismas examigas y un entorno cercano que ahora la niega, es el sadismo y el cinismo de Andrea Aguirre quien no solo hacía llamadas y mandaba mensajes desde el mismo número de Solsiret para despistar a la policía y a la familia, sino que dormía en su casa con el cráneo de la occisa, osamenta que lavaba cada cierto tiempo para conservarlo en un envase plástico. Eso aparte de guardar una tibia, un fémur y un peroné envueltos en periódico dentro de su armario. Una salvajada”, añade.

Este caso evidencia que nuestra sociedad está llegando a extremos de violencia nunca antes visto. Desde un punto de vista teológico, el sacerdote franciscano Fr. Abel Pacheco Sánchez, director de Prensa Franciscana del Perú, tiene un análisis muy elocuente titulado: “Pare de matar” (http://prensafranciscanaperu.blogspot.com/2010/08/reflexion-cristiana-sobre-el-asesinato.html).

“El asesinato, es decir, la muerte de una persona a manos de su prójimo, no es un caso nuevo en la historia. En el libro del Génesis (Gn 4, 8-12), se narra la historia del asesinato de Abel por obra de su propio hermano Caín, que ha sido interpretado por algunos como el primer asesinato de la historia de la humanidad. Este caso nos revela, desde los comienzos de la historia humana, la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica “el homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano. La ley que lo proscribe posee una validez universal: obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes”.

A la luz del Catecismo, “el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza del cielo. En ese sentido, el infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen”, señala Fr. Pacheco en su reflexión cristiana.

Como sociedad, necesitamos urgentemente el fomento de valores en la familia. No solo se necesitan leyes y reglamentos para cambiar la sociedad. La toma de conciencia de qué persona es necesaria para una auténtica revolución social y promover una cultura de paz, respeto y responsabilidad.

  • Este artículo fue publicado el 9 de marzo de 2020 en mi columna de Ssociólogos. La titular del Ministerio de la Mujer, Diana Miloslavich Túpac, declara inocente al presidente de la organización gobernante Pedro Castillo y sus vínculos con el senderismo. Diana Miloslavich se expresa a favor del aborto que es ilegal en el Perú salvo cuando representa peligro “para la salud y la vida de la madre”. “No existe situación, razón objetiva o dificultad humana que autorice matar a un inocente. Un mal no se combate con otro mal”, expresa la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) mediante su Comunicado. El episcopado advierte que “el valor primordial de la vida ha sido consagrado claramente en nuestra Constitución”, por lo que proclama “la defensa de la vida (…) desde el momento de la concepción”.
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