Tal y como publicamos ayer, un análisis del documento publicado por la Junta Única de Resolución (JUR) para justificar que no tiene que hacerse cargo de las indemnizaciones de las 305.000 familias del Banco Popular arruinadas está basado en hipótesis o falsedades, nunca en hechos reales sobre lo que ocurrió en aquel mes de junio de 2017. Incluso se llegó a utilizar como argumento de defensa de esa decisión una de las muchas causas de nulidad de la operación.
En el punto 51 de dicho documento se analiza la utilización de la información financiera del Popular. Ahí se reconoce, en primer lugar, que Deloitte no tuve acceso a la realidad del banco del día 6 de junio de 2017 y, por otro lado, que, en base a esas cifras, se valoró la decisión a adoptar. Sin embargo, lo que la JUR está reconociendo es que el informe de Deloitte sobre el que se basó la resolución se hizo de manera apresurada, con escasez de tiempo y de documentación, tal y como la auditora afirmó, y que las conclusiones no se ajustaban a la realidad al carecer de lo anterior. Fue, precisamente, sobre ese informe sobre el que la JUR realiza la resolución del Popular, justificándolo en que el precio pagado es el que había ofertado el único (Banco Santander) que presentó una oferta en la subasta. La JUR sabe perfectamente que el precio no es el valor del banco, y la diferencia entre el precio pagado y el valor real del Popular es inicialmente de los 9.398 millones, cantidad que Deloitte indicó que disponía de patrimonio neto el mismo día de su resolución.
Más adelante, en el punto 52, la JUR realiza toda una serie de hipótesis sobre las que se basó la resolución. Sin embargo, ahora la JUR todavía no ha aportado nada para manifestar la veracidad de sus afirmaciones respecto a que la resolución fue el mejor sistema. En su argumentación iguala una resolución a una liquidación. Solo hemos escuchado de la JUR que una falta de liquidez puede acarrear una insolvencia, ahora puede, como siempre estamos en el terreno de las posibilidades, pero nunca de la certeza de demostrar aquello que anuncia, aportando los documentos que acrediten lo que dice. Un analista financiero, tras ser consultado por Diario16 y leer el documento de la JUR, en referencia a este punto hizo la siguiente valoración: «Según ese criterio, yo tampoco podría valorar qué pasa si no respiro durante media hora».
En referencia al tercer informe de valoración de Deloitte, la JUR indica en el punto 66 de su documento que considera que cumple con los requisitos legales. Sin embargo, la JUR basa su justificación de la resolución sin demostrar los motivos y los documentos que acrediten el por qué lo realizó. Son hipótesis utilizadas para concluir que lo realizado esta bien hecho, eso sí, sin ningún soporte documental.
