Caso Popular: la operación no hubiera sido posible sin el Gobierno del PP

Día 6 de junio de 2017. Emilio Saracho expuso ante el Consejo de Administración del Banco Popular las razones por las que hay que declarar a la entidad inviable y, según las declaraciones ante el juez Calama de José María Arias y de Reyes Calderón, el ex presidente del banco «amenazó» al Consejo con que se declarara la inviabilidad en un plazo de media hora o que se atuvieran a las consecuencias.

Sin embargo, en ningún momento, se habló de insolvencia porque el banco era solvente cuando fue resuelto. Sus cuentas ofrecían una imagen fiel de la realidad de la entidad, tal y como quedó demostrado con los test de estrés del BCE de 2.016 que fueron superados sin problema incluso sin contar con los 2.500 millones de la ampliación de capital. La solvencia de un banco es un hecho contable, no da pie a la opinión o la interpretación. Este hecho fue refrendado tanto por la JUR, como por el BCE o Deloitte. Es más, la propia Junta Única de Resolución (JUR) indicaba que no había ningún motivo para retirar la licencia bancaria al Popular para seguir operando ya que no infringía ninguno de los límites legales exigibles de solvencia, recalcando que cumpliría con los niveles de capital hasta el año 2.019.

El verdadero problema, y única causa de la resolución, fue la crisis de liquidez que se generó en el segundo trimestre, es decir, durante la época de Emilio Saracho y en esa crisis fue fundamental la participación, directa o indirecta, de instituciones u organismos públicos que en apenas cinco días retiraron sus depósitos del Banco Popular. Tanta coordinación no pudo se posible sin la existencia de una presunta revelación de información privilegiada por parte de quienes disponían de la información de que la sexta entidad financiera de España sería resuelta el día 7 de junio, tal y como se detalla en la documentación del FROB.

Según el acta del Consejo de Administración del Popular en la que se declaró la inviabilidad, Saracho afirmó que se estaba incumpliendo la ratio de liquidez LCR:

Sin embargo, el día 31 de mayo esa ratio era del 74,4%. En apenas una semana pasó al 24% y en eso tuvo mucho que ver la salida masiva de depósitos de las instituciones, organismos y empresas públicas. Diario16 ha publicado las órdenes de transferencia que se recibieron en el banco el día 5 de junio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero no fue la única administración pública que vació sus cuentas y quebró la liquidez del Popular:

La realidad es que ese pequeño incumplimiento de la ratio LCR a 31 de mayo no era suficiente para llevar al Banco Popular a una situación de resolución y las salidas de casi 11.000 millones de euros en seis días fueron las que forzaron el escenario para que así fuera. Veámoslo en el siguiente gráfico:

La Administración del Estado (nacional, autonómica y local) colaboró, directa o indirectamente, con su retirada de dinero a justificar la resolución que se había determinado el día 3 de junio. La Seguridad Social no retiró el dinero para no perderlo, puesto que hubiera perdido mucho más con la destrucción de empleo que habría supuesto la liquidación. Además, el Tesoro Público y los bancos hubiesen tenido que hacer frente a 33.000 millones de euros que son los depósitos que estaban protegidos en el Fondo de Garantía de Depósitos.

Un banco sistémico, como lo era el Popular, no puede ser liquidado en concurso de acreedores. O se rescata con dinero público o se resuelve. Antes de iniciar el proceso para desestabilizar el banco debe estar todo bien planificado ya que estamos hablando de unos activos próximos a los 150.000 millones de euros. En este sentido, no hay más que recordar que Luis de Guindos presumía de que se hubiese realizado la resolución del Popular sin necesidad de un rescate de dinero público. ¿Es una confesión de su responsabilidad en la presunta transmisión de información privilegiada? Eso es algo que tendrá que determinar el juez cuando en el mes de abril el ex ministro de Economía y actual vicepresidente del BCE testifique en la Audiencia Nacional.

Hasta el 31 de mayo el Popular cumplía incluso con su ratio de Liquidez. No había por qué resolverlo ni exponerlo a ningún riesgo ya que cumplía con todas las exigencias regulatorias sin ningún tipo de abusos por su calidad de Banco Sistémico Europeo.