Caso Popular: la «huida» de Luis de Guindos deja a España en una difícil situación legal

Diferentes fuentes del sector financiero español y europeo consultadas por Diario16 señalan a Luis de Guindos como pieza clave en la operación del Banco Popular que finalizó con una entidad viable, solvente y sistémica en manos del Santander por un euro y que dejó a 1,2 millones de ciudadanos arruinados. Su marcha, destierro dorado o «huida» al BCE no le quita la responsabilidad que presuntamente pudiera tener en distintos aspectos como, por ejemplo, ser el responsable del nombramiento de Emilio Saracho, tal y como denuncian antiguos consejeros del Popular.

Sin embargo, la responsabilidad personal de Luis de Guindos va más allá, puesto que ha dejado al Estado español e, incluso, a la propia Unión Europea, en una situación delicada desde el punto de vista legal, puesto que cada vez es más probable que tengan que ser los organismos públicos quienes devuelvan su dinero a los afectados con dinero de todos los españoles o de todos los europeos. Ya se encargaron los representantes de Uría y Menéndez de que esa responsabilidad no recayera en el Santander, obligando a un notario del Paseo de la Habana de Madrid a levantar varias actas de la operación de compraventa del banco.

En Europa están abiertos diferentes procedimientos por la participación de los organismos financieros dependientes del BCE, por la opacidad de toda la operación, por el incumplimiento de la propia normativa en el proceso de resolución del Banco Popular. Sin embargo, ¿por qué nadie ha demandado o se ha querellado aún contra Ministerio de Economía de Luis de Guindos o contra alguno de los organismos que dependen de él por su presunta implicación en la ruina de más de 305.000 familias?

El día 4 de enero de 2019, la Sala de lo Penal de la Audiencia decidió desestimar los autos de desestimación de Fernando Andreu y el nuevo juez de instrucción, José Luis Calama Teixeira, en un auto fechado el día 14 de enero, trasladó esta querella al Decanato de la Audiencia Nacional para que pasara a reparto y se iniciara la investigación del uso de información privilegiada por parte de las instituciones públicas a la hora de retirar depósitos del Banco Popular, en una causa separada de la que se está instruyendo en el Juzgado Central de Instrucción 4.

La cronología de los hechos da pie para ello. El día 3 de junio de 2017 la JUR y el FROB decidieron que el Popular tenía que ser resuelto y enviaron, a través de Arcano Jeffereis cartas para las principales entidades financieras españolas para informarles del asunto y para que informaran si estaban en condiciones de presentar ofertas en un proceso de subasta que tendría lugar el día 7 de junio. A partir del lunes de esa semana comenzó una retirada de depósitos que llegó a alcanzar los 7000 millones de euros.

Sólo ese lunes esas administraciones retiraron casi 5000 millones, tal y como reflejan los propios datos internos del Popular y las órdenes de transferencia que dichos organismos remitieron al banco y que han sido publicadas por Diario16.

Sin embargo, son más las instituciones las que tuvieron una incidencia directa o indirecta en la caída de la sexta entidad financiera de España. El Ministerio de Economía frenó la aplicación del plan de negocio aprobado por el Popular y en el que se hallaban medidas que hubieran tenido un impacto positivo en sus cuentas como, por ejemplo, el Proyecto Sunrise.

El propio Luis de Guindos intentó que el Popular fuera comprado por otra entidad financiera y fracasó. El banco se enfrentaba a 2013 reforzado en su capital, pero haciendo frente a una competencia que contó con ayudas públicas, sabiendo que no podían esperar nada bueno ni del ministro ni del Banco de España, cuyos designios habían desafiado, enfrentándose a una economía muy debilitada con las medidas aprobadas por De Guindos y los alemanes.

Visto con perspectiva, parece que las compras de algunas cajas por otros bancos, con regalos de miles de millones de euros en capital, fueron mejores que la compra a pulmón del Banco Pastor por el Popular, a quien nunca se le ofrecieron las mismas condiciones.

En palabras de altos directivos del Banco de España, «el Popular puede salvarse solo». De Guindos y otros banqueros idearon un plan, pero el Popular se escabulló, pese a la cooperación necesaria de Oliver Wyman y el consentimiento activo de Fernando Restoy. Probablemente desde ese momento, los directivos y consejeros del Popular eran un objetivo para De Guindos. La operación del Banco Pastor fue el comienzo de la estrategia de Luis de Guindos para terminar con el Popular.

Por otro lado, tenemos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien tuvo en su mano frenar toda la operación desde el primer momento, pero, sobre todo, cuando permitió la actuación de las posiciones bajistas, sobre todo de BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho).

Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.

¿Qué habría pasado si la CNMV hubiese prohibido las operaciones a corto como sí hizo con Liberbank? El mercado habría frenado la caída y, además, habría tenido tiempo para recuperar el valor evitando, de este modo, el pánico en los clientes particulares e institucionales, además de la bajada del rating por parte de las agencias de calificación.

El Popular habría tenido tiempo de aplicar suficientes medidas para frenar la crisis de liquidez si quien estaba al frente del banco hubiera poseído la intención real de hacerlo y no torpedear al Popular desde dentro. No obstante, eso no interesaba porque ya había una entidad que estaba esperando con los brazos abiertos a que Europa interviniera. Su salvación estaba en juego.

Por otro lado, el papel del Banco de España dejó mucho que desear a la hora de conceder más liquidez, puesto que, a sabiendas de que las garantías presentadas por Saracho no eran todas de las que disponía el Popular, tal y como reconoció el ex subgobernador Javier Alonso; que existían defectos de forma que podían ser resueltos en pocas horas; que la entidad disponía de liquidez suficiente para abrir las oficinas el día 7 de junio, no debió aceptar la comunicación del FROB de la resolución puesto que aún existían valores importantes que daban viabilidad al banco, tal y como se puede comprobar con el plan de capital aprobado en abril de 2017 y, además, conceder la totalidad de la línea de liquidez de urgencia a la que tenía acceso el Popular y que había recibido el visto bueno del Banco Central Europeo.

Lo mismo podríamos decir del FROB, quien, junto a la JUR, inició los procesos de la resolución el día 3 de junio cuando aún existían soluciones suficientes como para haber evitado la resolución y no se había producido la gran fuga de depósitos de los organismos públicos. El propio FROB fue quien validó la venta del Popular por un euro al Santander a sabiendas de que se estaba realizando fuera de plazo, lo que supone una grave irregularidad. El FROB ha reconocido que el banco era solvente, pero, aún así, utilizó un mecanismo de resolución diseñado para entidades en quiebra y el Popular no estaba quebrado.

Por todo ello, la gestión de Luis de Guindos, y su presunta participación en la operación, deja al Estado en una situación muy difícil y de lo que tanto alardea el vicepresidente del BCE de que en España se intervino al Popular sin necesidad de pagar un euro de dinero público se le vuelva en contra porque, cada día que pasa, las estrategias judiciales y las investigaciones de los tribunales van orientadas hacia una responsabilidad directa del Gobierno del PP y de la Unión Europea.