Caso Popular: la derrota de la democracia

El Caso Popular es de tal calibre, el volumen de la presunta estafa a más de 1,2 millones de personas, en su gran mayoría pensionistas, empleados del banco, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, autónomos y profesionales liberales, que no sólo se decidirá en los tribunales españoles, sino que también tendrán que decidir los europeos y los estadounidenses.

Los frentes son tantos y las pruebas documentales de que se produjeron irregularidades en los diferentes procesos que lo que se quiso evitar, y de lo que presume Luis de Guindos, es decir, que los Estados de la Eurozona no se hicieran cargo de los rescates a las entidades financieras, va a ser absolutamente imposible de llevar a efecto. Por lo tanto, el Caso Popular, además de una presunta estafa, es uno de los mayores errores cometidos por los organismos públicos españoles y europeos en toda su historia.

El Caso Popular se está determinando en todas las ramas procesales —penal, civil, mercantil, contencioso-administrativa y el arbitraje del accionista mexicano Antonio del Valle en los tribunales estadounidenses—. Eso es algo absolutamente inusitado y, por esta razón, los presuntos responsables están pertrechándose de los mejores despachos de abogados del mundo para intentar salir inmunes. Lo triste de este hecho es que los afectados, las víctimas de verdad —no los especuladores— se enfrentan a organismos públicos y a grandes corporaciones prácticamente «a pulmón».

Un ejemplo de ello nos lo encontramos en el arbitraje contra el Estado español interpuesto por el accionista mexicano Antonio del Valle, uno de los que iniciaron la operación junto a Reyes Calderón y que, paradójicamente, puede ser uno de los actores que logre que los afectados recuperen su dinero.

Sin embargo, ante el gran equipo legal contratado por Del Valle, el Estado se va a defender con un amplio equipo legal, en el que se encuentran prácticamente todos los abogados del Estado asignados a la Subdirección General de Servicios Contenciosos. Además, van a tener el asesoramiento de jefes de la asesoría tributaria de la Secretaría de Estado de Hacienda o de directores de la Intervención General. Esto supone un coste para el contribuyente, pero es lógico.

Lo que no lo es tanto es cómo los organismos que tuvieron una incidencia directa en la operación, la resolución y la venta por un euro al Santander (CNMV – FROB – Banco de España) hayan licitado contratos con grandes bufetes de abogados por un valor total superior a los 6 millones de euros. ¿Por qué es necesaria esa contratación para un arbitraje? ¿Acaso no tiene el Estado suficientes profesionales de prestigio como para suplir esas contrataciones millonarias? ¿O es que lo que se está contratando es, no tanto el asesoramiento, sino más bien a grandes empresas de lobistas para intentar influir en el tribunal de Nueva York? ¿Por qué el Estado español se gasta ese dinero para ir en contra de 1,2 millones de personas que fueron arruinadas por la presunta complicidad de sus organismos con una operación diabólica?

Todos los presidentes o gobernadores de esos organismos públicos que se van a gastar millones de euros para ir contra los intereses de los afectados del Banco Popular fueron nombrados por el Partido Popular. Sebastián Albella (CNMV) y Jaime Ponce (FROB) tienen sus cargos gracias a Luis de Guindos y Pablo Hernández de Cos (BdE) por Román Escolano. La actual ministra de Economía ha tenido tiempo suficiente desde que tomó posesión de su cargo como para haber cesado a todos estos señores cuyos organismos tanto daño hicieron a 1,2 millones de personas. Sin embargo, no ha hecho nada y ha mantenido las mismas políticas que Luis de Guindos. Lo más lógico es que en un gobierno progresista, un gobierno que marca como uno de sus objetivos la justicia social —como bien están demostrando la gran mayoría de los ministerios—, tenga al frente de la economía a personas progresistas y no la herencia recibida de un hombre como Luis de Guindos, que tanto tuvo que ver en la resolución del Popular y la ruina de 305.000 familias.

Como decimos, en el arbitraje de Antonio del Valle es lógico que el Estado utilice a la Abogacía del Estado. Lo que ya no es tanto, y ahí volvemos al continuismo de Nadia Calviño respecto a las políticas económicas del Partido Popular, es que se siga manteniendo a dicha Abogacía para defender a la JUR en los recursos que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea están reclamando la nulidad de la resolución y de la venta al Santander.

Como adelantamos en exclusiva en Diario16, fue el gobierno de Mariano Rajoy quien presentó a la Abogacía del Estado para defender los intereses de la JUR y, por extensión, los del Santander. Tras la moción de censura, los afectados estaban esperanzados en que el nuevo Ejecutivo socialista retirara la personación del Estado. Sin embargo, ni Nadia Calviño ni Josep Borrell lo hicieron.

El acuerdo entre PSOE y Podemos también despertó esperanzas entre los afectados del Popular por una razón: en la anterior legislatura Pablo Iglesias se posicionó claramente en contra del poder dictatorial de la banca y dejó muy claro el daño que ciertos bancos y banqueros están haciendo a la democracia. En el debate electoral, incluso, citó a Ana Patricia Botín como responsable de que no se hubiera formado gobierno antes. Por otro lado, las víctimas de la operación diabólica del Popular vieron cómo Podemos presentó una PNL en la que, junto a otros partidos, requerían al Gobierno la retirada de la Abogacía del Estado del juicio por el IRPH con el argumento de que un Estado democrático no puede ponerse al servicio de empresas privadas. De momento, no han perdido la esperanza de que los ministros y ministras de Unidas Podemos sean coherentes y planteen en el Consejo la retirada de Abogacía del Estado de la defensa de los intereses de la JUR y, por extensión, del Banco Santander.

Esa presencia del Estado en contra de su propio pueblo es una derrota de la democracia española. El gobierno fue elegido por el pueblo para defender sus intereses, no los de los bancos. Aún se está a tiempo de rectificar y, un Ejecutivo progresista, sabrá desterrar las políticas neoliberales para que la democracia sea, de nuevo, el régimen de la ciudadanía.