La gran mayoría de los consejeros del Banco Popular que han declarado en la Audiencia Nacional han coincidido en que hubo cierta coacción por parte de Emilio Saracho a la hora de declarar la inviabilidad, paso previo para la resolución. La frase de Saracho «o se declara la inviabilidad o ateneos a las consecuencias» ha resonado en varias ocasiones en las paredes de la Audiencia. Diferentes versiones, diferentes modos de expresarse, pero en todos los casos el mismo mensaje. Una supuesta amenaza, una presunta coacción.

Sin embargo, la declaración que provocó un verdadero terremoto fue la de Jaime Ruiz Sacristán, quien afirmó que no estaba de acuerdo con la declaración de inviabilidad porque el banco era solvente, que el procedimiento de resolución era inaudito y que un abogado de Uría habló en el Consejo el día de la resolución, advirtiendo de las consecuencias de no declarar la inviabilidad. Estos hechos no aparecen en el acta parcial del día 6 de la reunión del Consejo del 6 de junio, como otras muchas intervenciones de otros consejeros que fueron obviadas. De esta declaración podemos deducir una cierta coacción para votar a favor de la inviabilidad.

¿Qué pintaba un abogado de Uría y Menéndez en un Consejo de Administración del Popular? Se trata del mismo bufete que horas más tardes estaba redactando las actas notariales de la venta por un euro.

Uría y Menéndez, el poderoso despacho de abogados que trabaja históricamente para Santander, tenía en su equipo de mercantil a Manuel Echenique Sanjurjo, socio del despacho, especialista en fusiones y adquisiciones, capital riesgo y mercado de capitales, hijo del vicepresidente de Santander, Rodrigo Echenique. También trabaja Marta Ríos Estrella, especialista en mercado de capitales y socia del despacho, cuñada de Ana Patricia Botín. Este bufete fue contratado por Saracho cuando aún no disponía de poderes para ello, tal y como se refleja en las facturas publicadas por Diario16, y que fueron cobradas por Uría, una, la víspera de la resolución, el 5 de junio de 2017 y otra, dos días después, el 8 de junio de 2017.

¿Para y por qué contrató Saracho a Uría?

Los conceptos de las minutas revelan la existencia de un plan. Eran los siguientes: “proyecto Noya”, “cuarta línea de defensa”, “asesoramiento en materia de remuneración”.

El objeto de este trabajo fue asesorar la operación de venta del banco (proyecto Noya), no sabemos si con la caída de la acción. Aporta luz sobre esto la declaración, realizada en sede judicial en pleitos civiles, entablados por el Santander, frente a algunos de los directivos del Popular.

El segundo objeto del trabajo era la asesoría a Saracho, para su protección personal por la responsabilidad en la que podía incurrir, por lo que venía a hacer. Esta es la llamada cuarta línea de defensa.

El tercer concepto, era el plan urdido para culpabilizar ante la opinión pública y los accionistas a los anteriores directivos, atribuyéndoles una supuesta mala situación objetiva del banco, que era la imagen que Saracho trasmitió en sus dramáticas y negativas comunicaciones públicas (junta de accionistas, reexpresión de las cuentas, hecho relevante que luego fue irrelevante etc.), y que ahora no encaja en absoluto con el valor patrimonial de 11.000 millones que los peritos del Banco de España han dado Popular, además de los 3.400 millones que tenía en plusvalías latentes por venta de activos no estratégicos, el cumplimiento de objetivos que se esperaban para el ejercicio en que fue resuelto y los 1.100 millones de beneficios no recurrente que generaba ese mismo año.

Según fuentes consultadas por Diario16, el plan pudo consistir en calificar y reclamar como variable lo que era una retribución fija, correspondiente a los derechos económicos fijos y jubilaciones estatuarias fijas, contempladas en los contratos, en la política de retribuciones del banco y aprobados por la Junta de accionistas, a favor de los empleados del banco, de su consejero delegado y presidente. Calificando de forma ficticia como variable lo que era fijo, mediante un informe elaborado también por Uría, con una interpretación retorcida de la ley, iniciaban procesos de reclamación de cláusula claw back y malus, con base en la supuesta situación objetiva negativa, que nunca definieron, ni concretaron. Lo cierto es, que el mismo día de la resolución del banco, unas pocas horas antes de la declaración de inviabilidad, el 6 de junio de 2017, Reyes Calderón y José Ramón Estévez pusieron en marcha este procedimiento, que Santander continuó contra los directivos anteriores, atribuyéndoles a ellos la reexpresión de las cuentas, la caída de la acción y la propia resolución del banco, eso sí, sin mencionar a Saracho, como si este nunca hubiese existido en el banco.

En cualquier caso, la declaración de Jaime Ruiz Sacristán adquiere gran importancia, en lo que se refiere a su absoluta disconformidad con la declaración de inviabilidad del banco, si la analizamos a la luz de la nota de Uría, dirigida a Joaquín Hervada, secretario del Popular, nombrado sólo quince días antes por Saracho, de fecha 2 de junio de 2017. Esta nota contiene esos argumentos de presión, a los que los consejeros dicen haberse enfrentado para verse forzados a declarar la inviabilidad de un banco viable y solvente, como así resulta del informe de los peritos del Banco de España.

Es toda una argumentación de supuesta coacción a los consejeros para que declararan la inviabilidad su punto 5; pero, además, indujo a engaño al indicar que la consecuencia de dicha declaración no era la resolución. También cabe reseñar la importancia del punto 5, cuando hace referencia a una nota previa, elaborada por Uría para el viaje de Emilio Saracho. ¿Acaso se refería al viaje que hizo Saracho el 16/3/2017 al BCE con intención, según relataron testigos ante la Audiencia Nacional, de «acojonar» al BCE? Coincidiría tal presunta finalidad con lo que recoge la nota 7, que aparece  al pie de la página 8 del informe de los peritos del Banco de España, cuando dice: «según el resumen de la reunión de 16 marzo de 2017, entre el nuevo presidente y representantes del equipo de seguimiento de la entidad del BCE, el primero trasmitió que en su opinión, las opciones del banco eran su venta, una ampliación de capital, que él no veía posible o su resolución».

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3 Comentarios

  1. estos consejeros una de 2 o son tontos o lo parecen mira que firmar la sentencia de muerte del banco popular es lo mismo que declarase culpable de un posible asesinato con que facilidad nos robaron

  2. Ese ingente trabajo de investigación efectuado por Diario 16
    ¿tendrá algún resultado páctico?
    Espero que sí, pero la espera se está haciendo demasiado larga.

    • Si, lo único que va lento es la JUSTICIA, no así el robo manifiesto de los guarrindongos politicastras, politicastres, politicastris, politicastros y politicastrus, los que se reúnen en el exCongreso Nacional, para decir y resolver con palmas, gilipolleces por el día, y luego por la noche se van todos a fornicar.

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