Tanto las declaraciones en la Audiencia Nacional de los exconsejeros del Popular, como el testimonio de Carlos Balado, exdirector general de Comunicación, en los juzgados, han ratificado cómo la gestión de Emilio Saracho estuvo caracterizada por el engaño y por la comunicación de noticias negativas que tenían graves consecuencias al banco, tanto a nivel de los mercados como de los clientes.

El exconsejero Jaime Ruiz Sacristán, ratificó a través de la presentación en la Audiencia Nacional de un acta notarial levantada en agosto de 2017 de todo lo que había declarado. El documento no deja lugar a dudas de que del Consejo del día 6 de junio de 2017 no salía nadie sin el Popular declarado inviable. Para ello, tanto Emilio Saracho como los abogados del despacho de cabecera del Santander hicieron una labor que podría ser calificada como de cercana a la coacción, a las amenazas y al engaño.

En el documento, Ruiz Sacristán indica claramente que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio de 2017, participaron dos abogados del despacho de cabecera del Banco Santander que presentaron al Consejo una carta pre-redactada dirigida al Banco Central Europeo en la que se declaraba la inviabilidad del Popular. Es decir, el exconsejero revela que la decisión de declarar el estado FOLTF (fail or likely to fail), fundamental para poder iniciar la resolución, estaba adoptada sin contar con el Consejo de Administración.

Además de otras irregularidades, Ruiz Sacristán indica en el acta notarial que «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».

En consecuencia, el hecho de que Saracho, los abogados de Uría y el secretario del Consejo afirmaran que esa carta no era más que una notificación fue un engaño que provocó que unas horas más tarde el Popular fuera resuelto y vendido al Santander provocando la ruina de más de 1,2 millones de personas.

Por otro lado, en la misma acta notarial, para continuar con el engaño, se indica que se convocó a los consejeros a una nueva reunión del Consejo para el día 7 de junio a las 7 de la mañana, algo que Saracho sabía perfectamente que no se iba a celebrar, puesto que él tenía conocimiento de que, para esa hora, el Popular ya estaría en manos del Santander ya que así estaba estipulado en el cronograma aprobado en la reunión del día 3 de junio en el que se inició el proceso de resolución del banco.

La gran mayoría de los consejeros del Banco Popular que han declarado en la Audiencia Nacional han coincidido en que hubo cierta coacción por parte de Emilio Saracho a la hora de declarar la inviabilidad, paso previo para la resolución. La frase de Saracho «o se declara la inviabilidad o ateneos a las consecuencias» resonó en varias ocasiones en las paredes de la Audiencia. Diferentes versiones, diferentes modos de expresarse, pero en todos los casos el mismo mensaje. Una supuesta amenaza, una presunta coacción, un engaño y 1,2 millones de personas arruinadas.

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