Caso Popular: clamor para que la Justicia sea Justa

El juez Calama Teixeira ya ha empezado a citar testigos, entre los que se encuentran la ex presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez; el ex gobernador del Banco de España, Luis María Linde; el presidente de la CNMV, Sebastián Albella y, sobre todo, Luis de Guindos, quien estará obligado a decir la verdad sobre lo que ocurrió en el Caso Banco Popular. Uno de los puntos fundamentales de la declaración del actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) es la presunta filtración de información privilegiada a las administraciones y empresas públicas para que retiraran sus depósitos del Banco Popular y que agravaron de tal manera la crisis de liquidez que llevaron a la sexta entidad financiera de España a la resolución.

Hay que recordar que después de que se iniciara el Proyecto Hipócrates (3 de junio de 2017) las administraciones y las empresas públicas retiraron más de 7.000 millones de euros a partir del primer día laborable tras el inicio de la resolución del Popular, un hecho del que sólo eran conocedores Emilio Saracho, Jaime Ponce (FROB) y Elke König (JUR-BCE). Por otro lado, Luis de Guindos, como ministro de Economía, debía estar informado de la situación de la sexta entidad financiera de España.

Ante estas cifras y lo que supusieron, el hecho de que existiera una fuga de información privilegiada orientada a que las administraciones públicas retiraran sus depósitos del Popular y agudizaran la crisis de liquidez del banco para ponerlo en la rampa de lanzamiento de la resolución en las fechas programadas por el FROB, Saracho y la JUR el día 3 de junio de 2017, el clamor de los afectados por conocer si existieron esas presuntas filtraciones llega a las paredes de los tribunales que están instruyendo en la actualidad el Caso Popular, tanto en España como en Europa.

Por esta razón, el hecho de que De Guindos haya sido citado a declarar es muy importante, como también lo es que la Justicia pueda tomar declaración en calidad de testigo a los responsables de todos y cada uno de los organismos que retiraron liquidez a partir del primer día laborable tras el inicio del Proyecto Hipócrates: José María Marín Quemada (presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden (presidente de SAREB), Ada Colau (alcaldesa de Barcelona), Fátima Báñez (ministra de Empleo y Seguridad Social en 2017), Manuela Carmena (alcaldesa de Madrid en 2017), Fernando Clavijo (presidente de la Comunidad de Canarias en 2017), Cristina Cifuentes (presidenta de la Comunidad de Madrid en 2017), José Manuel Leceta (director general de Red.es en 2017), entre otros.

Del mismo modo, también sería una buena decisión por parte de la Justicia la declaración de los presidentes y presidenta de las cinco entidades financieras que también eran conocedoras de que el Popular iba a ser resuelto el día 7 de junio.

La declaración de todas estas personas es crucial porque estarán obligados a decir la verdad porque, de no hacerlo, estarían cometiendo un delito contra la Administración de Justicia que conlleva penas de cárcel, y pueden entrar en el juzgado correspondiente como testigo y salir como imputado.

Es importante que estas personas indiquen qué personas o qué organismos superiores les instaron presuntamente a retirar sus depósitos del Banco Popular. Hasta ahora las explicaciones dadas han sido demasiado vagas. La SAREB, por ejemplo, afirmó a Diario16 que lo hicieron porque las valoraciones de las agencias de calificación eran inferiores y que estaban obligados a retirar sus depósitos. La Comunidad de Canarias o el Ayuntamiento de Barcelona afirmaron que lo hicieron porque las noticias en prensa les incitaron a la retirada. Sin embargo, fue demasiado casual que esa fuga masiva de liquidez por parte de los organismos públicos se produjera de manera tan coordinada y, precisamente, el primer día laborable después de la puesta en marcha del Proyecto Hipócrates.

Las consecuencias de la decisión de retirar esos depósitos fueron tan graves y alarmantes, tanto en lo económico como en lo social, que se hace imposible comprender cómo en un Estado de Derecho no fuera investigada por la Justicia esta presunta utilización de información privilegiada, ni que se iniciaran acciones de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción o las Fuerzas de Seguridad del Estado. Tampoco es comprensible cómo las asociaciones de consumidores o despachos que aglutinan a miles de afectados, como es el caso de, por ejemplo, Cremades y Calvo Sotelo. Este bufete, aunque declarara públicamente que tenía conflicto de interés con el Santander, podría perfectamente haber reclamado esta investigación porque no implica de ningún modo ir contra el banco cántabro. A pesar de esto no le vendría mal un ejercicio de ética y disolver su plataforma de afectados, sobre todo en un despacho que tanto defiende los intereses de «afectados» venezolanos.

No hay duda que el presunto uso de información privilegiada en el Caso Popular deja muchas incógnitas porque implicaría directamente al Estado en la ruina de más de 305.000 familias. Estas dudas cuestionan la transparencia y limpieza de nuestro sistema democrático, sobre todo cuando entidades como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, el Banco de España, la CNMV, medios de comunicación, y lobbies jurídicos afines a beneficiados, y otros y otras, podrían haber tenido una presunta implicación directa en la ruina de 1,2 millones de personas. Por eso es importante que lo digan los y las responsables de las retiradas de los fondos.

¿No fue la falta de liquidez, no de solvencia, el motivo que hoy todos los organismos que intervinieron, directa o indirectamente, en la operación diabólica aceptan como motivo fundamental? Entonces, ¿por qué no conocer los motivos que indujeron al presidente del Banco Popular, Emilio  Saracho, obligado a defender los intereses y patrimonio de sus accionistas, a contratar al despacho de Uría y Menéndez para que le asesorase con el único fin de hacer posible, desde una legalidad discutible, todo lo contrario como ha quedado evidenciado, que la JUR junto al Frob arruinasen, con la ayuda del señor Saracho  a los accionistas del Popular al mismo tiempo que enriquecían a una y más entidades financieras competidoras? Sólo Saracho y quienes le contrataron para tal fin lo saben, aunque los documentos, las investigaciones jurídicas y este medio tienen muy claro, cada día más, los motivos de la «operación diabólica».

Esas otras entidades financieras beneficiadas en la operación mefistofélica contra el Popular ya están en la mesa de redacción del departamento de investigación de este medio. Un buen reto para el próximo año. Cuestión de tiempo…