El día 2 de junio de 2017, Emilio Saracho recibió no sólo las instrucciones de Uría y Menéndez para la declaración de inviabilidad y el plan para el «Día R», sino que, a las 17.36, pudo leer en la bandeja de entrada de su correo (ya fuera en su BlackBerry, ya fuera en su ordenador) un informe interno en el que se afirmaba claramente que «todas las metodologías de valoración e indicaciones de interés apuntan hacia una valoración positiva del banco».
En concreto, en ese documento interno, al que Diario16 ha tenido acceso, se indica que el Popular había recibido de diferentes firmas de auditoría independientes, es decir, sin que PwC estuviera presente por ser la utilizada por la entidad, una serie de informes que coincidían de manera unánime en dar «una valoración positiva del banco».
Uno de los puntos en los que se sustenta esa conclusión, que iba en contra de las necesidades de la operación diabólica, se halla en que las necesidades de provisionar la cartera de NPAs (activos dudosos) eran «significativamente más bajas que las estimadas, lo que resulta en un impacto positivo adicional y material en la valoración».
Por otro lado, los analistas del mercado respaldaron esa misma valoración positiva del Banco Popular, puesto que ninguna de las casas de análisis bursátil consultadas por la entidad facilitaron ningún tipo de objeción ni cuestionaron con previsiones negativas.
Además, en referencia a los problemas que acuciaban a la sexta entidad financiera en esos primeros días de junio, principalmente la fuga de depósitos provocada por la comunicación negativa que salía del Edificio Beatriz, el informe indica que existen informes que demostraban que el banco disponía de instrumentos financieros que podrían haber proporcionado a los «accionistas del banco una ventaja en la valoración de las carteras NPA».
El documento que llegó a manos de Saracho el día 2 de junio a media tarde indicaba que, en resumen, «todas las metodologías de valoración e indicaciones de interés apuntan hacia una valoración positiva del banco, y existen herramientas disponibles para cerrar posibles brechas».
Si ponemos en un contexto temporal esta comunicación con lo sucedido en los días posteriores nos daremos cuenta de cómo la operación no se iba a parar, por muchas valoraciones positivas que pudiera tener el Banco Popular. El Santander tenía que cobrar su pieza, fuese como fuese.
Ese mismo día por la noche Saracho es convocado a una call conference por Elke König, presidenta de la JUR, a través de Jaime Ponce, presidente del FROB. En esa reunión, que se celebró al día siguiente, se iniciaron todos los procesos de resolución de la sexta entidad financiera de España. El domingo 4 de junio ya estaban enteradas todos los bancos españoles de que el Popular iba a ser resuelto porque se les enviaron las correspondientes cartas para informarles y para ver el interés que pudieran tener a la hora de entrar en el proceso de subasta.
El primer día laborable después de iniciarse el Proyecto Hipócrates, los organismos, empresas y administraciones públicas comenzaron a retirar fondos de manera masiva del Popular, lo que aumentó la crisis de liquidez.
Mientras, Saracho ya disponía de, al menos, dos ofertas para ampliar capital (Deutsche Bank y Barclays) por un valor garantizado de 2.000 millones de euros y con la garantía de poder colocar en el mercado otros 2.000. El presidente del Popular también tenía sobre la mesa ofertas para la venta de activos no estratégicos (WiZkink y TotalBank) por valor de 4.150 millones. Todo ello, además, con la posibilidad de acceso a una ELA de 9.500 millones a la que no pudo acceder en su totalidad por, en primer lugar, la presentación de garantías incompletas o por los cambios de valoración del BCE respecto a las fechas de caducidad de dicha línea de urgencia.
Todo ello era posible por, precisamente, esa valoración positiva que Saracho no transmitió al mercado ni al propio consejo el día 6 de junio cuando declaró al banco inviable y se inició todo el proceso.
El PP está avanzando en las encuestas, el PSOE lo tiene muy fácil DESTAPA LA MAYOR ESTAFA TRAMA FINANCIERA QUE SE GESTÓ DESDE EL MINISTERIO DE ECONOMIS DIRIGIDO POR DE GIUNDOX PARA DEJAR AL PP DE ORGANIZACIÓN MAFIOSA. EL BANCO POPULAR CAYÓ POR UNA CRISIS DE LIQUIDEZ QUE PROVOCÓ EL PP Y LO HA DOCUMENTADO DIERIO 16.
https://diario16.com/gobierno-del-pp-arruino-al-banco-popular/
Diario16 publica una parte de las órdenes de transferencia realizadas por las instituciones públicas el día 5 de junio de 2.017 y que provocaron la pérdida de liquidez de la entidad que al día siguiente fue declarada inviable por Emilio Saracho
Buenos días DIARIO 16
GRACIAS un día más.
más claro el agua pero la justicia mejor dicho la in justicia sin tomar medidas cautelares contra todos y cada uno de los responsables gracias Diario 16 por seguir un dia mas en esta lucha por la verdad y dignidad de 305000 accionistas y bonistas del solvente banco popular víctima del gobierno corrupto del PP para salvar con nuestros ahorros al quebrado banco santander
Gracias un día más, por estar con nosotros en esta lucha,y por el trabajo que hacéis todos los días
Un informe de Popular ve negligencias del equipo de Saracho al pedir liquidez
El documento de Pimco concluye que hubo múltiples irregularidades bajo la gestión de Ron
El Banco de España rechazó la solicitud por «errores» en la presentación de garantías
Un informe pericial remitido a la Audiencia Nacional señala al expresidente del Popular, Emilio Saracho, y su equipo gestor de «negligencias», «errores» y «deficiencias» en la presentación de colaterales al Banco de España para solicitar liquidez y poder mantener la entidad en pie. Varios fondos bonistas del que fue el sexto banco del país, entre los que se encuentra Pimco, han aportado a la causa el informe elaborado por FTI Consulting y PSJ Forensic bajo el título Dictamen pericial sobre el Banco Popular Español. El documento hace un minucioso recorrido de la evolución de la entidad a raíz de la crisis económica y hasta su caída y concluye que había un déficit de provisiones persistente desde 2011 a 2016 causado por múltiples irregularidades contables.
Asimismo, el informe cuestiona la gestión del Popular y del Banco de España que hicieron de la liquidez de emergencia (ELA) y la entrega de colaterales para respaldar la misma. Así, abre la cuestión de si la entidad engañó a los inversores sobre la calidad y volumen de sus activos líquidos que debía proporcionar al supervisor para acceder al ELA en vísperas de su resolución.
El Banco Popular presentó el 5 de junio de 2017 (dos días antes de su caída) garantías al Banco de España por 40.522 millones de euros sobre las que apoyar la petición de liquidez. Sin embargo, el supervisor echó para atrás la mayoría del colateral y solo concedió liquidez por 3.800 millones de euros a la entidad durante los días 5 y 6 de junio de los 9.500 millones que autorizado el Banco Central Europeo (BCE).
A raíz de esto, el informe pericial apunta a si «los directivos y gestores del banco y otros terceros fueron negligentes al no proporcionar/evaluar las garantías presentadas en los días 5 y 6 de junio de 2017, evitando así que el banco accediese plenamente al ELA que se la había otorgado».
Deficiencias
El documento refleja que el Banco de España no aceptó la mayoría del colateral presentado porque hubo «errores formales y de procedimiento». puesto que el supervisor requirió la recepción de los títulos originales sobre ciertas inversiones significativas en poder del Popular y este solo remitió copias de estos documentos por correo electrónico. En el caso de Total Bank, el que fue el sexto banco del país no presentó un informe jurídico sobre los requisitos y formalidades bajo derecho estadounidense para la válida constitución de la garantía sobre las acciones de la filial de Miami.
Por otro lado, el informe menciona que existió un déficit de información en relación con los préstamos no hipotecarios normales a personas físicas y los préstamos sobre créditos dudosos. «El Banco de España identificó lagunas en los datos y duplicidades, aspecto que determinó el rechazo de las garantías», asevera. Según el texto, estas deficiencias de información deberían haberse identificado en el plan de contingencias y habría sido posible subsanarlas con más tiempo.
El Banco Popular sufrió una fuga de depósitos entre abril y junio de 2017 de 16.157 millones de euros ante la incertidumbre que volaba sobre la entidad tras anunciarse en abril de ese año una reexpresión de las cuentas del banco de 2016 y anunciar Saracho en la Junta de Accionistas que las salidas de la entidad pasaban por una venta o una ampliación de capital. Ante esta situación de salida masiva de fondos, el banco se vio obligado a solicitar liquidez para poder atender las operaciones de los clientes. Sin embargo, el 6 de junio, el consejo de administración tuvo que comunicar a los supervisores la inviabilidad del Popular ante la imposibilidad de abrir las ventanillas al día siguiente. Esa misma noche, la Junta Única de Resolución (JUR) resolvió la entidad y la vendió al Santander por un euro.
El informe de Pimco también hace un exhaustivo recorrido a la gestión de Ángel Ron, que presidió el banco desde 2004 hasta febrero de 2017 y quien está imputado en la Audiencia Nacional por falsedad contable. Según el documento, hubo «múltiples y recurrentes irregularidades contables» entre 2011 y 2016. Entre las mismas, destaca la clasificación errónea de las operaciones refinanciadas por el banco, una sistemática clasificación incorrecta de préstamos normales, dudosos y subestándar, así como deficiencias en la clasificación y valoración de activos inmobiliarios.
Además, el texto señala que la entidad incumplió la obligación de incorporar compañías controladas por el banco en los estados financieros y ocultó pérdidas por 200 millones a través de una estructura opaca con sede en Luxemburgo.