Caso Popular: 2020, el año de la justicia (II)

Uno de los puntos principales que confirman la nulidad de la operación del Banco Popular fue el hecho de que el FROB y la JUR iniciaran todo el proceso de resolución y venta de la entidad cuando aún no se había declarado la inviabilidad de la misma. ¿Cómo es posible que un organismo público ponga el anuncio de «Subasta» a una entidad sistémica sin siquiera haberse declarado el estado Fail or likely to fail (FOLTF) necesario para iniciar una resolución?

El día 2 de junio a las 23.03, Elke König remitió un correo electrónico a Emilio Saracho y a Jaime Ponce, presidente del FROB, entre otros, en el que convocaba una reunión para el día siguiente a las 9 de la mañana, tal y como confirmó Ponce en otro correo enviado a las 0.10 del 3. El mail de König contenía un archivo adjunto encriptado y el presidente del FROB afirmó lo siguiente:

Es muy importante ver cómo entre los destinatarios de ese correo estaba también Javier Torres Riesco, el ex directivo del Santander que se incorporó al FROB unos días antes de que Emilio Saracho fuera nombrado presidente del Banco Popular.

En esa reunión se inició todo el proceso de resolución del Banco Popular con la puesta en marcha del Proyecto Hipócrates en el que, según la documentación trasladada a las entidades bancarias españolas, se incluía el cronograma que finalizaba con la venta del banco y que mostró cómo la subasta se realizó fuera de plazo, otra causa de nulidad.

Como podemos comprobar, todo el proceso de venta del Popular estuvo diseñado por el FROB en los días previos a que Saracho declarara la inviabilidad. Las comunicaciones a las entidades se realizaron el día 4 de junio, quienes pudieron acceder a la Virtual Data Room (VDR) al día siguiente, el mismo día en que se realizaron las retiradas masivas de depósitos por parte de los organismos públicos, algunos de ellos dependientes directos del propio FROB como, por ejemplo, la SAREB.

El día 6 de junio la institución presidida por Jaime Ponce tenía previstas diferentes reuniones entre las entidades que habían accedido a entrar en el proceso de venta, es decir, Santander y BBVA, con el Popular para resolver dudas sobre el negocio

Por otro lado, en el documento del Proyecto Hipócrates se incluían los plazos en los que se tenía que resolver el proceso de venta tras la resolución: el día 7 de junio a la 1 de la madrugada, hora que no se cumplió porque no se cerró hasta las 3.21

Sin embargo, el Popular no comunicó al Banco Central Europeo (BCE) la inviabilidad hasta las 19.15 horas del día 6 de junio. Esto se produjo a través de un correo electrónico enviado por el secretario del Consejo de Administración, Joaquín Hervada, a Daniele Nouy y a Ramón Quintana:

Que la resolución se iniciara sin que el Popular hubiese sido declarado inviable explica también que Emilio Saracho no hiciera caso a ninguna de las ofertas para ampliar capital o a las propuestas para la venta de activos no estratégicos. También explica que, a pesar de que, según el Banco de España, el Popular disponía de garantías suficientes como para haber accedido a más de 10.000 millones de euros de liquidez, Saracho no presentara todas las garantías disponibles.

A todo lo anterior, además, hay que sumar el hecho de que el FROB contratara a sus asesores externos el día 30 de mayo, cuando aún no se habían producido las salidas de depósitos que fueron fundamentales para que la crisis de liquidez fuera irreversible y llevara al Popular a ser resuelto. En concreto, el organismo presidido por Jaime Ponce contrató a Jefferies International Limited y a Baker & McKenzie Madrid, tal y como se reconoce en un documento al que Diario16 ha tenido acceso:

El motivo fue la «Contratación del servicio de asesoramiento en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito» en el caso de Jefferies y la «Contratación del servicio de asesoramiento jurídico en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito», en el caso de Baker & McKenzie. ¿Preparación y ejecución? Esto sólo se realiza cuando se tiene constancia de que el hecho se va a producir, sobre todo por el coste que supuso para las arcas públicas: 310.000 euros en los dos contratos.

Además, hay otros aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, se realiza el procedimiento de contratación sin publicidad, es decir, que no se hizo pública la licitación, lo que demuestra que toda la operación se estaba realizando en el más absoluto secreto. En segundo término, la contratación de Baker & McKenzie supone que se contrataron los servicios de un bufete que entre sus letrados se encuentra el abogado que acompañó a Saracho en la Audiencia Nacional, el decano del Colegio de Abogados, José María Alonso y que es cliente del otro abogado de Emilio Saracho, Carlos Gómez-Jara.