La Operación Alquería, que ha terminado con la detención del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, y de cinco asesores por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la contratación de personal directivo de la empresa pública Divalterra (la antigua Imelsa de la que salió tanta inmundicia en los años del PP) se ha convertido en el primer escándalo de supuesta corrupción de la era Pedro Sánchez. Pero más allá de las detenciones y registros, sorprende la gestión que Ferraz ha hecho de la crisis y la lentitud de reflejos con la que se ha reaccionado en Blanquerías, sede del partido de los socialistas valencianos.

Así, mientras por la mañana el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, trataba de capear el temporal con la noticia de la detención de Rodríguez –que corría como la pólvora por las redacciones de los periódicos y los despachos oficiales–, por la tarde el ministro de Fomento y Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, anticipaba ceses urgentes y mano dura ante un caso, el de Divalterra, que apesta por los cuatro costados. ¿Qué sucedió en esas horas importantes entre el Gobierno valenciano y Madrid? ¿Echaron chispas los teléfonos mientras unos y otros trataban de tomar las riendas y gestionar un caso de supuesta corrupción que se les iba de las manos y que recordaba mucho a los peores años de Alfonso Rus al frente de la Diputación de Valencia?

Sánchez tiene claro que no debe haber doble vara de medir tras la dimisión de Màxim Huerta

Recapitulemos. A primera hora de la mañana estalla el escándalo político. La Policía ha puesto en marcha la Operación Alquería contra Rodríguez y los suyos por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En Ferraz no dan crédito a las detenciones cuando no ha pasado ni un mes desde que Sánchez llegó a la Moncloa y el presidente Puig se muestra como ese boxeador noqueado que no sabe muy bien cómo ha podido encajar semejante golpe.

Desde el Gobierno del Botànic en Valencia se mueve ficha: el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, en tono algo contemplativo, comparece ante la prensa para decir que se han enterado de la operación policial “a través de los medios de comunicación”, y muestra su “preocupación” por el affaire. No obstante, en lugar de mostrar toda la contundencia posible y tolerancia cero del PSOE contra la corrupción –como hizo en los años oscuros del marianismo y de la Gurtel– asegura para extrañeza de los periodistas que es momento de ser “prudente”, a la espera de ver cómo se desarrolla la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Valencia. “Para tomar decisiones  necesitamos tener todos los elementos de juicio para ser justos y aplicar nuestro código ético”, asegura.

La reacción tibia del portavoz de Ximo Puig no ha debido gustar en Moncloa. A esas horas Sánchez comparece en el Congreso para dar cuenta del pleno de la cumbre europea y la noticia le coge un tanto a contrapié. Sin embargo, al finalizar la sesión parlamentaria comunica a sus allegados que no comparte la forma como se está gestionando el caso Alquería y pone a trabajar a su hombre de confianza.

Es cuando entra en escena Ábalos, que sale a la palestra para afirmar que Rodríguez “no puede seguir” en la diputación y califica su arresto de “lamentable y vergonzoso”. Ábalos se muestra duro con el presidente de la diputación valenciana y de hecho, casi entrada la noche, Puig anuncia que Rodríguez será apartado de su cargo, al tiempo que se le rescinde el carné de militante. El PSOE ha tardado todo un día en reaccionar, lo que sugiere cierta “discrepancia” entre Madrid y Valencia, si bien es cierto que el enfangado Alfonso Rus se mantuvo años en el poder.

¿Pero por qué Puig tardó tanto en aplicar el desinfectante en una diputación que vuelve a verse corroída por un escándalo de corrupción? Fuentes socialistas aseguran que su estrecha amistad con Rodríguez –al que hasta hace poco consideraba su delfín, su mirlo blanco y su más que posible sucesor–, ha podido pesar a la hora de no emplearse con mayor severidad en este caso. De hecho, fulmina a su colaborador con “dolor y con tristeza”. En todo caso, detrás de la decisión está la mano de Sánchez, que ha tenido que tomar cartas en el asunto ante la excesiva “prudencia” de Puig y al considerar que la posición de cierta tibieza del Gobierno valenciano no casaba con la imagen de regeneración que estaba ofreciendo el PSOE en los últimos tiempos en la Comunidad Valenciana.

Imelsa (hoy Divalterra) la empresa pública valenciana manchada por el enchufismo en los años de Rajoy, la gran cloaca del PP en la era de Rita donde algunos yonquis del dinero se embolsaban 70.000 euros al año en sueldos, volvía a chapotear en aguas fecales, y Sánchez, alarmado al oler el rastro de la inmundicia que volvía a sobrevolar Valencia, no podía hacer otra cosa que cortar por lo sano en una decisión más que acertada.

Divalterra no podía seguir siendo el negociado de contratación de amigos y afines. Tras la dimisión fulminante del exministro de Cultura, Màxim Huerta, por sus asuntos con Hacienda, la vara de medir estaba muy alta. Mantener a Rodríguez en su cargo invocando la presunción de inocencia era tanto como engordar los dosieres del PP, que circulan ya por Valencia en una especie de vendetta política que no ha hecho más que comenzar.

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