Las cloacas de la Justicia de la democracia española existen. Haberlas haylas, como las meigas, que dirían en el norte. La noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación al juez Salvador Alba por perjudicar a una compañera de profesión, la también jueza Victoria Rosell, diputada de Podemos, ha caído como una bomba en el estamento de los magistrados españoles apenas un par de días después de la apertura del año judicial, a la que asistió como cada año el rey Felipe VI.
La sentencia es demoledora. El TSJ canario considera probado que Alba cometió, nada más y nada menos, que prevaricación, falsedad y cohecho al manipular una instrucción penal para perjudicar a la diputada de Podemos y también magistrada Victoria Rosell, según informa Efe. La sentencia −que exime a Alba de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos, aunque tendrá que indemnizar a su colega de profesión con 60.000 euros−, considera acreditado que el magistrado ofreció a un encausado por graves delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública −el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez−, archivar esos procedimientos si se prestaba a declarar una serie de cuestiones que podían dañar la reputación de la juez Rosell, recién elegida diputada por Podemos.
Según aseguró ayer RTVE, el juez Alba fue acusado de dar instrucciones al empresario Ramírez para perjudicar a Rosell, a la que había sustituido en sus funciones al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. En concreto se acusó a Alba de orientar la declaración del industrial con el objetivo de hacer ver que la magistrada había retrasado conscientemente la tramitación del sumario movida por intereses personales (las relaciones personales de su pareja, Carlos Sosa, con el propio Ramírez). Esas conversaciones fueron grabadas por el empresario y se hicieron públicas, originando la investigación posterior contra el juez Alba. El TSJC no solo avala esa grabación como medio de prueba “fiable”, sino que además valida su licitud.
El escándalo es monumental, pero aquí cabe preguntarse qué está pasando de un tiempo a esta parte en el siempre hermético y poco transparente mundo de la judicatura española. De forma preocupante, y cada vez con mayor frecuencia, asistimos a casos que afectan directamente a jueces y magistrados, funcionarios públicos sobre los que el Estado de Derecho deposita la máxima confianza para que cumplan y hagan cumplir las leyes y que terminan convirtiéndose en el desgraciado foco de la noticia por asuntos tan turbios como lamentables. Todavía resuenan los ecos de los cursos para jueces pagados por la banca, los seminarios con fiestas incluidas en Cartagena de Indias, la trifulca del caso de las hipotecas −que dividió en dos al Tribunal Supremo y que arrojó una preocupante sombra de falta de imparcialidad sobre algunos de los miembros de la carrera judicial−, o el caso de Carlos Dívar, aquel presidente del CGPJ, hoy fallecido, que se vio obligado a dimitir en junio de 2012 al destaparse un presunto escándalo de pretendida malversación de caudales públicos por sus viajes privados a Marbella. Tampoco se ha explicado aún por qué un asunto como el del Banco Popular, la mayor estafa bancaria de la historia, ha dormido el sueño de los justos durante años en los cajones de la Audiencia Nacional.
Hoy nos desayunamos con las consecuencias del caso Alba, un asunto que puede parecer menor por las implicaciones personales de los personajes afectados y por haber ocurrido en las lejanas tierras canarias pero que no por ello debe ser pasado por alto. Y es que aquel asunto se vio contaminado desde el principio por connotaciones políticas. El escándalo estalló en un momento en que el Tribunal Supremo tenía sobre la mesa una querella del entonces ministro, el popular José Manuel Soria, contra Victoria Rosell por supuesta mala conducta profesional. Aquella querella fue admitida a trámite, entre otras cosas, gracias a un informe del juez Alba, por lo que la magistrada tuvo que renunciar a su cargo en la Diputación Permanente del Congreso, según las informaciones de RTVE. Aunque el caso se archivó, Rosell, que había sido cabeza de lista de Podemos en Canarias en las elecciones generales de 2015, tuvo que renunciar a presentarse de nuevo en 2016.
El calvario que ha tenido que pasar esta mujer ha debido de ser terrible, ya que no solo ha sufrido daños psicológicos y un grave cuadro por trastorno ansioso depresivo, sino que su imagen como jueza quedó perjudicada y vio truncada su carrera política. Sin duda, la persecución que ha sufrido es más propia de regímenes fascistas que de democracias como la española. Al conocer el contenido de la sentencia, Rosell se ha mostrado “emocionada tras tres años de sufrimiento”. “El juez Alba y el exministro Soria me hicieron mi propia trampa de cloaca”, ha asegurado en declaraciones a la Cadena Ser. Se supone que el exministro Soria debería dar algunas explicaciones. Lamentablemente eso no ocurrirá. Y la sombra de sospecha de que algo oscuro y sucio anida en las alcantarillas de la Judicatura sigue creciendo peligrosamente para nuestra democracia.
Loque pasa en este país no pasa ni en turquia ni Corea del Norte laculpa la tenemos el pueblo que vemos estas cosas y ni nosmutamos y tendríamos que hecharnos todos ala calle y decirles a estos que porai no