Nuria Segura, adjunta a varios directores de construcción de los servicios centrales de la empresa pública Acuamed, aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investiga comisiones de constructores a cambio de adjudicaciones infladas, que hubo que pagar un millón de euros por haberse encontrado yacimientos arqueológicos en las obras del canal del río Serpis, en la comarca valenciana de La Safor: “cuando hice el proyecto era como 15.000 euros. Después hubo un modificando y pasaron a 500.000 euros que, no sé, puede que encontraran un yacimiento arqueológico o cualquier cosa, pero, claro, luego la liquidación subió a 1.100.000 que justificaron en horas de los diversos equipos arqueológicos utilizados”.
Durante la construcción del canal fue preciso modificar el presupuesto inicial de 15.000 euros al aparecer un primer yacimiento arqueológico, según la versión de Acuamed. El coste se incrementó hasta los 595.000 euros. Posteriormente aparecería un segundo yacimiento aumentando los gastos en materia de equipos arqueológicos hasta ese millón cien mil euros. Al parecer, todos los restos y objetos encontrados pertenecen a lo que se ha llamado “la ciudad romana” situada en los alrededores de Denia. El fin de la obra también estuvo acompañado de otros incrementos no comprendidos en el contrato de adjudicación a Altec-Atyum y ordenados por Acuamed.
Además, las obras duraron 64 meses en lugar de los 24 previstos. La constructora Altec-Altyum reclamó un 22% más de lo acordado en el contrato. Uno de los contratistas investigados por este asunto es Nicolás Steegmann, acusado “de sobrefacturación y una liquidación por obra por encima de lo contratado y realizado”, según consta en el sumario. Steegmann está muy bien relacionado con el Partido Popular y conoce al ex ministro de Agricultura y hoy comisario europeo, Miguel Arias Cañete.
Por otra parte, fuentes judiciales denuncian que el jefe de la asesoría jurídica de Acuamed, Juan García Cuenca, imputado en esta causa, acusado de “fraude y falsedad documental”, es el encargado por el Ministerio de Agricultura de atender los requerimientos del juzgado. García Cuenca se negó a declarar primero ante la Guardia Civil y, posteriormente, ante el juez Velasco. Le acusan de “colaborar de un modo necesario por su cargo en Acuamed con los letrados de las empresas privadas al objeto de perfilar y modificar la documentación necesaria para ser elevada al Consejo de Administración”.
García Cuenca es el firmante del escrito, con membrete de Acuamed, en el que se exige al juzgado de la Audiencia Nacional la devolución del material incautado durante el registro de la sede central de la empresa pública, entre los que se encuentran discos duros de ordenador, tablets y teléfonos móviles. El imputado fue el único representante de las partes autorizado para estar presente el día que se procedió al copiado de los contenidos de todos estos enseres, clonación de ordenadores y móviles. Algo que se considera irregular teniendo en cuenta su condición de “investigado-imputado”
