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En la actualidad se estima que en el planeta viven más de 7.300 millones de personas. Más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de atención sanitaria básica y solo el 29% cuenta con plena cobertura de seguridad social, según indica un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre implantación de sistemas de protección social en más de 100 países.

A escala mundial, sólo el 68% de las personas en edad de jubilación perciben algún tipo de pensión y en muchos países de bajo nivel de ingresos esa proporción es del 20%. En menos del 60% de los países existen planes para garantizar ingresos básicos destinados a los niños.

Estos resultados figuran en el Estudio General 2019 elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. Dicho estudio hace hincapié en la Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social, 2012, en virtud de la cual se preconiza una seguridad en materia de ingresos y servicios de atención sanitaria elementales desde la infancia hasta la vejez.

La protección social ha demostrado su utilidad en los planos social y económico. Cabe destacar que este derecho humano es refrendado firmemente a escala internacional, en particular por empleadores y trabajadores de todo el mundo. Ello es imprescindible para reducir la amplia desigualdad, cada vez mayor, que se da actualmente y para promover estabilidad.

«La OIT desea brindar asistencia a los países para superar las dificultades que quedan, en particular en lo concerniente a la financiación, un aspecto importante, a fin de promover un nivel adecuado de protección social para todo el mundo», señaló Emmanuelle St-Pierre Guilbault, especialista jurídica del Departamento de la OIT sobre Normas Internacionales del Trabajo.

Aunque en muchos países de ingresos elevados o medianos se ha logrado una cobertura sanitaria universal, la población de otros países solo tiene acceso a prestaciones sanitarias de forma parcial.

Las principales deficiencias en materia de acceso a servicios sanitarios básicos obedecen a una financiación insuficiente de los servicios de atención sanitaria, a la escasez de trabajadores sanitarios y a los costes elevados a los que tienen que hacer frente los pacientes. Esto tiene como consecuencia un mayor riesgo de empobrecimiento y dificultades financieras en todas las regiones del mundo.

En el informe se señala la necesidad de redoblar esfuerzos en los planos jurídico y práctico para lograr una cobertura sanitaria universal, en particular la reasignación de partidas presupuestarias y un aumento de la dotación de trabajadores sanitarios.

También existen notables lagunas con respecto al establecimiento de sistemas que permitan garantizar ingresos básicos. En el informe se recomienda que los países establezcan objetivos claros, con plazos precisos, a fin de promover programas de protección social adecuada para todos con objeto de satisfacer las necesidades básicas. Esas políticas deberían formularse por medio de un diálogo inclusivo y eficaz con las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

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