Felipe VI no acudirá este año a Barcelona para presidir el acto de entrega de despachos oficiales a los nuevos jueces. La ausencia estaba más que justificada por varias razones: en primer lugar por motivos obvios, ya que el problema catalán suscitado tras el referéndum de autodeterminación del 1-O sigue enquistado después de 3 años y el clima social continúa enrarecido y envenenado. Aquel discurso duro del monarca en el que no hubo ni una sola palabra amable contra la población brutalmente apaleada en las cargas policiales a las puertas de los colegios electorales y en el que no propuso ni una sola medida para retomar el diálogo y reconducir la situación no se olvida en Cataluña. La táctica de repartir palos ante un grave problema político no fue entendida por miles de catalanes y las heridas siguen abiertas.

Esa desafección de una parte de la población con el rey hacía presagiar un mal recibimiento en el acto judicial de hoy en Barcelona. De haber viajado el jefe del Estado a la Ciudad Condal esta mañana la manifestación independentista (en un momento especialmente delicado por la pandemia) estaba más que asegurada, de modo que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido correr ese riesgo. Sin duda, la cancelación de ese viaje ha sido pactada por el Ejecutivo y la Casa Real y ambas partes han debido entender que no era el mejor momento para un baño de masas de la monarquía. Las últimas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, confirmarían ese diagnóstico y esa conclusión a la que deben haber llegado ambas instituciones del Estado. “Hay decisiones que están muy bien tomadas”, aseguró ayer Calvo tras ser preguntada sobre el espinoso asunto. Y cuando un periodista insistió sobre quién había adoptado la drástica decisión ella sentenció: “Quien corresponde”.

Desde hace cuatro décadas es Casa Real quien diseña su propia agenda de actos oficiales, pero en última instancia es el Gobierno el que refrenda. Así lo establece la propia Constitución Española en su título II, donde se dice claramente que “los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes”. Es decir, el rey y el presidente del Gobierno mantienen un estrecho contacto, los asuntos se estudian y se debaten y se toma la decisión más conveniente para ambos poderes del Estado. Es evidente que Zarzuela ha entendido que este año la lógica de la razón se imponía a la hora de cancelar un acto, el de entrega de despachos en Barcelona, que traía más inconvenientes que ventajas. A fin de cuentas no es la primera vez que un monarca no preside la ceremonia y tampoco se va a hundir el país si no lo hace.

Por tanto, las razones de seguridad se han impuesto finalmente. Sin embargo, el contexto político actual lleva a pensar que otros motivos han podido influir en mayor o menor medida en el aplazamiento. Sin duda, en plena negociación de Presupuestos, la participación del monarca en un evento de trascendencia política y social en Cataluña suponía una inquietante distorsión, un factor de inestabilidad que podía dar al traste con la negociación entre el Gobierno de coalición y las diferentes formaciones nacionalistas, en especial Esquerra Republicana, el principal socio de Gobierno cuyo voto a favor se antoja imprescindible para que Sánchez pueda sacar adelante el borrador de las cuentas públicas. Reunir mayorías para sacar adelante los “Presupuestos de la pandemia” se han convertido en el primer objetivo de interés nacional, no solo porque el país necesita actualizar unas partidas que se van prorrogando tediosamente desde la época del ministro Montoro, sino porque el acuerdo resulta crucial de cara a la negociación en Bruselas para que nuestro país pueda recibir el maná de los 140.000 millones en ayudas y subvenciones que deben aliviar los efectos económicos desastrosos de la crisis provocada por la pandemia.    

De cualquier manera, el PP, siempre atento a cualquier posibilidad para desgastar al Gobierno −aunque ello vaya en contra de los intereses del Estado−, ya ha visto carnaza para una nueva feroz campaña de desprestigio contra Sánchez. A Pablo Casado le ha faltado tiempo para relacionar el fallido viaje de Felipe VI a Barcelona con una supuesta claudicación ante separatistas y filoetarras de cara a la negociación de los Presupuestos  Generales. El líder popular cree que la cuestión es de una “extraordinaria gravedad” cuando en realidad el acto de entrega de despachos a los jueces no tiene mayor valor que el protocolario e institucional. El nuevo montaje de Génova 13 está ya cocinado y se trata de pintar a una especie de Cardenal Richelieu Sánchez que tiene secuestrado y recluido al rey en las mazmorras de palacio mientras que Casado se convierte en un valiente D’Artagnan que llega al rescate con su florete y su uniforme de espadachín real. Como novela de aventuras no está mal, solo que no es creíble.

Juega a favor de la fábula Casado que en las últimas horas se haya sabido que el Gobierno está dispuesto a conceder indultos a los condenados por sedición en la sentencia del 1-O, una medida que se adopta en perfecto cumplimiento de la legalidad vigente pero que el jefe de la oposición va a aprovechar también para erigirse como el gran salvador de la patria. “El Partido Popular sí está dispuesto a defender a España”, ha afirmado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del procés comenzará la próxima semana.

Nada lleva a pensar que Sánchez esté incumpliendo los preceptos constitucionales, algo que sin embargo no puede decir Casado. Su férrea negativa a llegar a ningún tipo de pacto con el Gobierno de coalición para renovar los cargos del Poder Judicial colocan de nuevo al PP en la categoría de partido antisistema, una formación que practica el filibusterismo obstruccionista a todas horas con el único interés de sacar un rédito electoral. La imagen de un rey presidiendo un acto judicial precisamente mientras los cargos directivos del CGPJ están bloqueados y maniatados por la soga del PP tampoco tenía demasiado sentido. La Justicia española ha embarrancado en una crisis metabólica y de credibilidad sin precedentes, a la que viene a sumarse los escándalos financieros del rey emérito Juan Carlos I, que está siendo investigado por las supuestas comisiones del AVE a la Meca y las cuentas en paraísos fiscales. Pese a que Casa Real siempre se ha esforzado por transmitir que la Justicia es igual para todos, el asunto probablemente quedará en nada por efecto de la inviolabilidad del jefe del Estado y será archivado por la Fiscalía Anticorrupción en lo que promete ser otro episodio de infame degradación del Estado de Derecho. Una razón más de peso para que Felipe VI no asistiera este año a ese fugaz y rutinario encuentro palaciego con los jueces en el que se entregan unos diplomas con cinta roja, se sirve un vino de honor y poco más.

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