Tal y como informábamos, el Secretario General del Parlament de Cataluña ha dado instrucciones esta misma mañana a la Mesa del Parlament para retirar el acta de diputado al President Torra.

La retirada del acta de diputado no conllevaría, sin embargo, la condición de President. Sin embargo, las reacciones están produciéndose inmediatamente, antes de que se reúna la Mesa del Parlament a las 12.30

Conozca las diferentes reacciones que se están produciendo

«La decisión final es política y debe ser adoptada por el Parlament a través de su máximo representante… las consecuencias de lo «resuelto» por el SG sí que pueden tener consecuencias jurídico-penales. Al final, entre unos y otros, nos sacarán de Europa» ha afirmado Gonzalo Boye, abogado del President Torra

El letrado y miembro de la Mesa del Parlament, Josep Costa, ha explicado precisamente que el ataque de la Junta Electoral Central contra el Parlament de Cataluña y contra Quim Torra no va de apartar al President de su escaño, sino de su cargo de President y de hacer caer el Gobierno de Cataluña.

Jordi Puigneró, Consejero de Políticas digital y Administración pública de Cataluña ha recordado que «nada más en 2 años, España ha cesado al President de Cataluña, ha disuelto el Parlament, ha impedido investir a tres candidatos a la Presidencia y ahora quiere cesar de diputado al President de Cataluña inhabilitándolo. Defender la soberanía del Parlament es lo que vuelve a estar en juego hoy».

 

Por otro lado, la reacción y los comentarios desde la derecha española:

Teodoro García Egea, del Partido Popular se pregunta si Sánchez seguirá pensando en reunirse con Torra, tras perder la condición de diputado. Pero recibe respuestas que no esperaba. Sobre todo la de Isaías Lafuente y Joaquín Urías

 

Rosa Díez, en el tono al que nos tiene acostumbrados en sus últimos tiempos, considera que Sánchez va a «rendir pleitesía» a Torra.

Casado se pone la «medalla» de la inhabilitación de Torra

Como suele ser habitual, las declaraciones de Pablo Casado dejan en evidencia, no sólo la estrategia del Partido Popular, sino también pone en duda la independencia judicial. Afirma, sin decoro, que «Gracias a la acción del PP, el Parlamento Europeo retiró su condición de eurodiputado a Junqueras, y hoy el secretario del Parlament ordena retirar el acta a Torra como consecuencia del recurso del PP a la Junta Electoral Central».

Por si este comentario no fuera suficiente, Casado insiste en dar a entender que su objetivo es acabar con la presidencia del Parlament:

«¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez suspenda su reunión prevista con el inhabilitado Torra? El Pleno del Parlament de Cataluña debe sustituirle como Presidente de la Generalitat; en caso contrario, tomaremos más medidas legales».

¿Desconoce Casado que el hecho de perder el acta de diputado no implica dejar de ser President? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar forzando las instituciones?

Parece que casi nadie recuerda que todo esto proviene de haber colgado una pancarta en el balcón de la Generalitat, en periodo electoral, donde se pedía la libertad de los presos políticos. Una petición, que además, ahora que se conoce la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la obligación que tenía el Tribunal Supremo de haber permitido a Junqueras salir de prisión para recoger su acta de eurodiputado, pondría en evidencia una vez más la decisión de la Junta Electoral. ¿Si Torra estaba pidiendo la liberación de, al menos, una persona que debía estar en libertad, según ha confirmado el TJUE, no cabría plantearse una posible prevaricación por parte de la Junta Electoral?

Análisis pronfudos aparte, lo que está claro es que la Junta Electoral puede tener palabra para determinar quién tiene la posibilidad o no de concurrir a unas elecciones. De ahí las causas de inhabilitación. Sin embargo, una vez que una persona ha resultado electa, la JEC no tiene nada que decir al respecto de la inhabilitación como cargo electo. No le compete.

Es más: teniendo en cuenta que se ha denunciado al President por desobediencia, por lo que se abre un procedimiento judicial contra él, la ley establece que hasta que no haya sentencia firme, no puede inhabilitarse a nadie. En base al principio de presunción de inocencia se garantizaría además la inviolabilidad de un representante público, que ha de tener una mayor protección si cabe.

Nos encontramos, en definitiva ante un caso que evidencia el uso interesado de la interpretación de las normas para tratar de derrocar un gobierno. Lo de menos aquí es la pancarta con el lazo amarillo. La cuestión era buscar cualquier excusa para que Torra se viera en la tela de araña judicial (a pesar de que la JEC no es un órgano judicial sino administrativo, y por lo tanto no imparte ningún tipo de «justicia»). Y si no quedase claro por los acontecimientos, debemos agradecerle a Pablo Casado que lo deje tan claro: no están persiguiendo la legalidad o el cumplimiento de la ley, sino que están persiguiendo una ideología y a personas determinadas que representan ideas determinadas.

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1 Comentario

  1. Cansado el pretigioso academico que cada dia están más radicalizado y dan sensación que están compitiendo entre los tres laderecha la extrema derecha y la extrema extrema derecha aver cual mas barbaridades y mentiras dicen

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