¿Cómo aceptar que un político pueda estar en contra de que sus compatriotas mejoren sus condiciones de vida? ¿Cómo demonios se explica que un candidato a presidente del Gobierno pueda oponerse a medidas sociales que no hacen sino mejorar el bienestar de la gente? Quizá habría que preguntarle todo eso a Pablo Casado, que ha declarado la guerra a los famosos “decretos de los viernes” de Pedro Sánchez. El líder del PP incluso piensa llevar al Tribunal Constitucional lo que considera como “decretazos abertzales”, un término despectivo que se ha sacado de la manga solo porque un partido con más sentido de Estado que el que parece tener él −el PNV−, ha decidido apoyarlos al considerar que son positivos para los ciudadanos.

De momento, la diputación permanente del Congreso de los Diputados ya ha convalidado los seis decretos aprobados por el Gobierno socialista en sus últimos consejos de ministros, dejando solo a Casado con sus razones electoralistas y su absurdo “no es no”. En esos decretos hay cosas tan de sentido común como medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres (que incluye la ampliación de los permisos de paternidad); un plan de lucha contra la precariedad laboral (que incluye la justa ampliación de los subsidios para desempleados mayores de 52 años y el registro de horarios); un decreto para mejorar el acceso a la vivienda y el alquiler; otro para regular las deficientes condiciones laborales de los estibadores; y un paquete de actuación para paliar los efectos del Brexit. Todo eso cuesta 920 millones de euros, según los cálculos estimados por la Airef, y apenas supondría un aumento de una décima en el déficit público, que pasaría del 2 al 2,1 por ciento. Es decir, la economía nacional no se resentiría ni se vendría abajo por aplicar políticas sociales, tal como vaticinan agoreros neoliberales como Daniel Lacalle, gurú económico de Casado y número 4 de la lista por Madrid.

Por tanto, ¿quién podría oponerse a todas esas medidas en beneficio de la sociedad, de los que menos tienen y del bien común? Pablo Casado. ¿A quién le podría parecer mal que las familias puedan disfrutar de permisos de paternidad, que los trabajadores mayores de 52 años −uno de los colectivos más castigados por la crisis−, perciban una más que justa ayuda estatal y que aquellos que viven de alquiler vean protegidos sus derechos? Solo a alguien como Pablo Casado. ¿Qué político estaría en contra del bienestar de sus ciudadanos? El resentido, aguafiestas y egoísta Casado que por su obstinación sin sentido y su alergia a los decretos sociales empieza a caerle mal a muchos millones de españoles, sobre todo aquellos que dependen de unas cuantas ayudas para paliar la ruinosa situación en la que cayeron por culpa de las políticas neoliberales y los recortes de Rajoy.

“Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional algunos de estos decretos porque pensamos que no son de extraordinaria necesidad. Fuimos a la Junta Electoral Central y, una vez que no se ha tenido a bien evaluar que se está utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo, iremos al TC para decir que estos decretos no cumplen los requisitos de ser de urgente necesidad. Esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo a costa de nuestros impuestos”, ha asegurado el candidato popular.

Desde su refundación, el Partido Popular se ha caracterizado por practicar políticas en favor de las grandes élites financieras y familiares de este país. Pero al menos Aznar y Rajoy disimulaban un tanto para hacer creer que su partido también defendía los derechos de las clases medias y trabajadoras, que a fin de cuentas son las que dan la victoria en las urnas. Casado, a diferencia de sus predecesores, ya no se detiene ni un minuto en fingir que está absolutamente entregado al Íbex 35. Recurre al TC para tumbar medidas sociales que son positivas sin importarle qué repercusión pueden tener sus decisiones el 28A. El PP se encuentra en una encrucijada histórica y según las últimas encuestas podría sufrir un serio varapalo, quedando incluso relegado a la tercera posición tras un posible sorpasso de Ciudadanos.

Y pese a esos malos sondeos, Casado ha optado por hacer una campaña ideológica muy alejada de la microeconomía, de los problemas reales de los españoles, sobre todo de aquellos que peor lo pasan para llegar a final de mes. Al apostar por un tipo de campaña basada exclusivamente en unas cuantas ideas fuerza como la unidad de España, el ataque sistemático contra el felón-Sánchez-amigo-de-Otegi-y-Torra y el giro a la derecha sin complejos hasta maridarse con los fascistas de Vox, el joven candidato que dice admirar a Adolfo Suárez pero que por lo visto no aprendió nada de la templanza, la inteligencia y el espíritu de concordia del fallecido presidente ha renunciado a los principios fundacionales del Partido Popular. En sus estatutos, el PP se define como un partido de “centro reformista” e inspirado en los valores del humanismo cristiano. Qué lejos queda ya todo aquello. Hoy el PP se ha convertido en una formación ultra, una sucursal de Santiago Abascal más preocupada por el discurso nacionalista que por atender al bien de la ciudadanía.

La estrategia de Casado es desastrosa, tal como empieza a detectarse en las encuestas. Pero él sigue a lo suyo, con su hoja de ruta desvariada y equivocada que solo lleva al partido al precipicio. El ciudadano no es tonto y sabe cuándo le habla un estadista preocupado por su país y cuándo alguien que sueña con ser presidente a toda costa solo para engordar el currículum. Aunque sea a costa de que sus paisanos vivan mal y terminen comiendo piedras.

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5 Comentarios

  1. Mucha razon,,nos robaron a mas de 300.000 familias y encima el muy cinico del Casado quiere que les volvamos a votar,hay que ser miserables,primero es el honor,les va a votar s.p.m.

  2. Lo que no se puede es que un presidente de apoye en asesinos para sacar esos decretos adelante y tampoco utilizar la comisión permanente para su huso partidista este señor para es un sinvergüenza como presidente te y como persona por pactar con asesinos etarras

  3. Hasta donde yo se, a día de hoy todos los partidos existentes en el marco estatal son legales, por lo tanto sus decisiones y actuaciones están respaldadas por ciudadanos que los han elegido. La democracia debería ser esto, defender los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los mas desprotegidos. Los decretos aprobados por el gobierno de Sánchez van en ese sentido y de alguna manera están en la senda de la restitución de lo que el M punto Rajoy nos arrebató a lo largo de su nefasta gestión.

  4. Maroto cuando era alcalde de Vitoria lo primero que hizo fue negociar con Bild. Muchas veces y decía que eso era bueno para todos. Qué pasa unos pueden y otros no?. Dígame Sr. Modesto!!

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