Para Pablo Casado, el presidente Sánchez es como ese hombre que entra en un bar, invita a una ronda y luego se va “por la puerta de atrás”, sin pagarle las consumiciones al camarero. En realidad, con su lenguaje faltón lo que viene a decir es que está en contra de los decretos leyes que el Gobierno pretende aprobar en sus “viernes sociales” de aquí a las elecciones del 28A para mejorar la vida de los españoles.

Según Casado, los reales decretos se emplean para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, es decir, para cosas serias, nada de ayudar a los parados y abuelitos, ni de eliminar la brecha salarial de las mujeres, ni de mejorar las ayudas y prestaciones o ampliar el permiso de paternidad. El real decreto, según el presidente del PP, está para lo que está y punto. ¿Y para qué está, señor Casado?, habría que preguntarle al líder del PP. Pues básicamente para amargarle la vida a los españoles, que es lo que hicieron Aznar y Rajoy con esta herramienta legislativa cuando ellos gobernaban a base de rodillo.

Por ejemplo, el Real Decreto Ley sobre la reforma laboral de 24 de mayo de 2002, más conocido como el ‘decretazo’, tuvo que ser anulado por el Tribunal Constitucional, que estimó como “injustificada” la urgencia alegada por el Gobierno Aznar para aprobar la norma. La disposición, que condenaba a los desempleados al infierno del Inem y a unos subsidios de miseria, era tan “injusta” que provocó una huelga general en todo el país. Es decir, según el Alto Tribunal no había “extraordinaria urgencia” para hacer lo que hizo Aznar y en cuanto a la “extraordinaria necesidad”… ¿qué necesidad había de destrozarle la vida a millones de trabajadores y parados? Con todo, el decretazo no quedó ahí. Pese a lo que diga Casado, Aznar fue el campeón de los decretos leyes, ya que los empleó con promiscuidad legislativa, llegando a aprobar casi el 33 por ciento de sus iniciativas mediante ese sistema.

Pero es que además Mariano Rajoy también abusó de la prerrogativa al firmar 15 de sus primeras 16 leyes, nada más llegar a la Moncloa, a decretazo limpio. Entre 2012 y 2016 el presidente gallego barbicano aprobó un total de 73 disposiciones, entre ellos un “macrodecreto” de padre y muy señor mío que suponía la modificación subrepticia, urgentísima, sin pasar antes por el Parlamento, de nada más y nada menos que 26 leyes fundamentales, entre ellas la del Impuesto sobre la Renta y una ley sobre el empleo. Aquello, para más inri, benefició a las clases privilegiadas y embruteció aún más el mercado laboral.

Sea como fuere, la verdad en forma de datos siempre acaba revolviéndose contra los discursos poco meditados de Casado acerca de cualquier asunto y así es como el joven candidato conservador a menudo termina quedando en entredicho (lo de conservador es un decir, tras su pacto con Vox habría que empezar a llamarlo ultraconservador). Al presidente popular le parece “muy grave y escandaloso” que el Gobierno Sánchez se preocupe por los problemas de los ciudadanos, sobre todo de aquellas clases sociales más humildes, las más castigadas por la crisis. Y va aún más allá: según él, los decretos de Sánchez aumentan el déficit público y ponen en riesgo las cuentas públicas solo por “intereses electorales”.

Puede que así sea, puede que detrás de los “viernes sociales” del PSOE no haya más que un interés electoralista por arañar un puñado de votos, pero en cualquier caso qué más da, el ciudadano gana, sale beneficiado, aunque sea pillando unas migajillas. Ojalá todos los viernes fuesen “sociales” o “electorales”, qué importa el cartel que le colguemos a ese puestecillo ambulante de chollos y bagatelas si al final las mujeres se van equiparando en sueldos a los hombres, si sube el salario mínimo interprofesional y si logramos sacar los huesos del viejo tirano del Valle de los Caídos de una vez por todas.

La política solo tiene sentido si mejora la vida de los ciudadanos pero esa finalidad, ese loable objetivo, parece haber enojado tanto a Casado, le ha enfurecido de tal manera, que se ha calentado por momentos, y ya piensa en recurrir el latrocinio a la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, a la Junta Electoral Central, al Constitucional y al Tribunal de las Aguas de Valencia, si es preciso. Casado el antipático, el aguafiestas, el cortarrollos, recurre la felicidad de la gente y no parará hasta quitarnos lo poco bueno que nos traen las generales, el aguinaldo electoral de cada cuatro años, la paguilla o limosna que queda en el poso de la urna entre tanta mentira.

Casado debe creer que los decretos leyes no se han inventado para menudencias como mejorar la justicia social y los derechos de los españoles. Y lo piensa así porque está realmente convencido de que el decreto ley, como reminiscencia del absolutismo y de la dictadura, es un juguetito político muy entretenido y eficaz pero que pertenece en exclusiva a la derechona. Así que Sánchez, rojo felón, mucho cuidadín con cogerle gusto al decretito. Que no es tuyo y nunca lo será.

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