sábado, 18septiembre, 2021
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Carta desde la metrópolis en defensa del capital

Daniel Martínez Castizo
Historiador y antropólogo. Investigador y divulgador del patrimonio salinero
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análisis

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La consolidación mundial del capitalismo no se debe a una elección colectiva de los pueblos. Tampoco tiene lugar de forma espontánea, accidental o por la inercia de la propia historia. Se trata, más bien, de una imposición violentamente intencionada y orquestada por una selecta minoría que, a través de la opresión y un “convincente” relato, somete a cuantos territorios haga falta. Pero, como los pueblos suelen revelarse ante tal irracional modelo (gracias a sus evidentes contradicciones) las conquistas de la globalización capitalista no están garantizadas a perpetuidad, de ahí que sus estrategias de sometimiento sean estructuralmente necesarias para su subsistencia y que las clases populares, generación tras generación, hayan tenido que convivir con los mismos conflictos y problemas locales y globales.

En el presente y, concretamente en el Estado español, encontramos en VOX y DISENSO dos ejemplos recientes de instrumentos para esa estructura que la globalización capitalista necesita para subsistir. Después de la imposición violenta de un modelo socioeconómico, como es el caso del capitalismo español (heredero del franquismo) es necesario construir un relato que justifique el statu quo porque, si bien es importante hacer muestras de fuerza, también lo es martillear las mentes con un triunfal discurso que explique plácidamente (como diría Mayor Oreja) el estado de las cosas.

En ese sentido, no es nada nuevo (ni oculto) que los think tanks están financiados por grupos empresariales que desean defender sus intereses geoestratégicos apoyándose, evidentemente, en el relato triunfal de la globalización capitalista. Al igual que tampoco es ningún secreto que, a raíz de las políticas privatizadoras llevadas a cabo por gobierno neoliberales latinoamericanos en la década de los noventa, muchas multinacionales españolas se hicieron con el control de sectores estratégicos –telecomunicaciones, banca, red de saneamiento y suministro de agua, carreteras, transporte público o renovación de infraestructuras– en una suerte de exitosa neocolonización. Así mismo, tampoco es novedoso el continuo tira y afloja que estas empresas mantienen con Estados y gobiernos que tratan de nacionalizar, como curiosamente está sucediendo en México, sectores anteriormente privatizados.

Dicho lo cual ¿a quiénes benefician gestos como la “Carta de Madrid” impulsada por DISENSO? Por una parte, tenemos a las multinacionales españolas que, como es normal, desaprueban rotundamente la nacionalización de aquello que hace más de veinte años se les puso en bandeja. De otra, a aquellos políticos latinoamericanos defensores de la libertad de mercado y opuestos a los movimientos populares. Y, por último, los paniguados de la metrópolis que, a sueldo de las multinacionales, construyen y reconstruyen discursos nacionalistas (iberoesfera) con los que justifican la “histórica” presencia española en Latinoamérica. Al disfrazar los intereses particulares de la minoría empresarial con un discurso de masas, con el que se identifica la mayoría social –ya de sobra predispuesta por un marco conceptual escasamente reflexivo– abonan el terreno para ganar, en el escenario de la opinión pública y gracias a los mass media, una futura intervención que defienda los legítimos intereses de todos los españoles.

Pero DISENSO no es el primer grupo, ni será el último, que pone en marcha una estrategia así. En el Estado español también encontramos FAES. Éstos emplean los mismos argumentos y apuestan por la intervención e injerencia en los asuntos políticos donde, curiosamente, no gobiernan aquellos partidos que garantizan la defensa de los intereses del establishment. En este caso, lo importante es (al más puro estilo de la Escuela de Chicago) que el mercado y sus intereses marquen los ritmos de la sociedad de consumo que somete a pueblos y destruye territorios.

La “Carta de Madrid” no es una herramienta para la defensa de la libertad y la democracia. No está pensada para ayudar a los pueblos a defender su cultura, historia y legítimos intereses. Se trata, como es de esperar, de un discurso dirigido hacia la opinión pública para imponer un relato en el que las estrategias de los Consejos de Administración y accionistas de las multinacionales se convierten, para mayor gloria de éstos, en los intereses de las clases populares del Estado español. Vamos, lo que viene siendo el típico relato de legitimación de una metrópolis sobre lo que considera un área de influencia legítima.

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