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Carmen Calvo consigue recuperar para el pueblo español el Pazo que tenía secuestrado el dictador

La vicepresidenta primera del Gobierno es la principal responsable de todo el proceso judicial que ha terminado con la sentencia histórica por la que se obliga a los familiares de Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado

Manuel Domínguez Moreno
Periodista , escritor, sociólogo, politólogo y perito en procesos de paz a nivel nacional e internacional
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Coherencia ideológica y democrática. Así se puede definir una parte importante de la gestión que está haciendo Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, sobre quien recae la gran responsabilidad de devolver a España la decencia democrática y la recuperación de la memoria histórica.

La sentencia de una jueza de A Coruña por la que se obliga a los herederos del dictador Francisco Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado español es la consecuencia, precisamente, de esa coherencia ideológica y democrática de Carmen Calvo. «Hoy la democracia da un gran paso y nos congratulamos por ello. Los tribunales dan la razón al Estado y ordenan a los herederos del dictador Franco devolver el Pazo de Meirás a la ciudadanía. Un avance más en el reconocimiento y reparación de la Memoria en este país», ha escrito la vicepresidenta primera en Twitter.

Sin embargo, no es la primera victoria lograda bajo la responsabilidad de Carmen Calvo. Ella fue quien agilizó los trámites para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, hecho histórico que hizo que nuestra democracia se liberara de una de las muchas cargas que heredó de la dictadura.

A comienzos de este verano, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, liderado por Carmen Calvo, inició los trámites de la nueva Ley de Memoria Democrática que devolverá lo que Franco quitó a las víctimas del Franquismo. La ley de Memoria Histórica de 2007, aunque al principio tuvo un alto grado de cumplimiento, desde la llegada del PP al Gobierno en 2011 estas políticas dejaron de estar dotadas presupuestariamente y sufrieron una abrupta interrupción en su implementación. Paralelamente, buena parte de las comunidades autónomas han aprobado leyes propias en materia de memoria histórica y democrática, y diversos informes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, aun valorando positivamente el significado y avance que supuso la Ley de Memoria Histórica de 2007, han ido poniendo de manifiesto algunos déficits y cuestiones pendientes en las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista.

Dentro de la coherencia política, ideológica, ética y la lealtad con los principios democráticos del Ministerio liderado por Carmen Calvo, se valora como que es necesaria la aprobación de esta nueva Ley de Memoria Democrática, ya que los principales organismos internacionales de derechos humanos vienen requiriendo al Estado español dar prioridad a la investigación y búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil Española y el franquismo. Esta fue una de las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su informe de julio de 2014, pese a lo cual el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus sesiones de 11 al 29 de septiembre de 2017 lamentaba «observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas posteriormente a su visita en septiembre de 2013» y alentaba a España «a seguir trabajando para la cabal implementación de éstas, así como las recomendaciones formuladas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas y por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición».

El Relator de la ONU se lamentaba de manera expresa que el Estado español no hubiera asumido su papel de liderazgo para asegurar una política de Estado que pusiera fin a dichas desapariciones forzadas como se había recomendado en su informe de julio de 2014, que debía asumir como una obligación de Estado abarcando la totalidad del territorio nacional y tomar un rol activo en materia de exhumación y procesos de identificación de los restos, para que ésta no dependieran exclusivamente de algunas comunidades autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas.

En ese sentido, el Relator reiteraba la urgencia acerca de «la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, así como su disponibilidad para ofrecer la asistencia técnica necesaria, en aras a garantizar que el mecanismo de búsqueda esté plenamente apegado a los estándares internacionales vigentes en la materia».

En su Informe de 22 de julio de 2014, Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, realizó un conjunto de recomendaciones específicas y pidió un compromiso decidido del Estado por dar vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos de las víctimas de la dictadura a la verdad, la justicia y la reparación, así como evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria Histórica e incrementar y promover el contacto y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas de memoria histórica. En las mismas fechas, el comisario de derechos de humanos del Consejo de Europa realizó asimismo una serie de recomendaciones para que España y otros países europeos mejorasen la búsqueda, identificación y acompañamiento a las familias de los desaparecidos en conflictos, como la Guerra Civil o el franquismo.

La sentencia de la devolución del Pazo de Meirás al pueblo español es un paso más en la restauración de la dignidad democrática y sigue las indicaciones de Naciones Unidas. Evidentemente, ha sido calificada por la derecha y los ultras de ideológica. A este respecto Carmen Calvo fue contundente en la entrevista que concedió a Diario16: «se esgrime el adjetivo “ideológico” como un insulto, como algo negativo que pervierte cualquier iniciativa. La verdad es que me causa sorpresa. Creo que la función de los representantes políticos es precisamente tener ideas, tener una idea sobre cómo funciona la sociedad, sus objetivos, sus metas y los medios necesarios… En ese sentido, la ley responde a las ideas de verdad, justicia, reparación y no repetición, principios consagrados por la comunidad internacional para abordar las consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos. Es una acusación que no puedo entender porque no puedo imaginar una acción política cualquiera, sea de tipo legislativo o ejecutivo, sin que haya unas ideas detrás».

El filósofo estadounidense Charles Sanders Peirce afirmaba que la «identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa». Esa coherencia en un político o política es fundamental, puesto que se hallan factores ideológicos que el pueblo percibe y cuyos errores no perdona. Esto ocurre, sobre todo, en el arco de la izquierda y del progresismo porque es el arco ideológico que, teóricamente, orienta sus acciones hacia el bienestar de los y las ciudadanas.

El PSOE ha vuelto a la coherencia, a la verdad y a la ética política gracias a Carmen Calvo que es el pilar sobre el que se asienta la estructura y la estrategia de un gobierno que cuenta con las esperanzas de decenas de millones de ciudadanos y ciudadanas que miran a la Moncloa, no esperando a ver una «lucecita» encendida a altas horas de la madrugada, sino el faro que conduzca a todos y todas a un escenario de igualdad absoluta en todos los ámbitos. Esto sólo se logrará con la justicia social que se podrá implementar en el país gracias a un gobierno que actúe desde la coherencia.

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