domingo, 13junio, 2021
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Capitales internacionales tratan de aprovecharse del tirón de “las cuidadoras domésticas” frente a la crisis de confianza en las residencias

Las grandes empresas de ayuda a domicilio, como la de Florentino Pérez, hacen su agosto gracias a contratos con las comunidades autónomas para la ayuda a domicilio

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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Las residencias -ante la pandemia y las crecientes denuncias por malos tratos a mayores- sufren una crisis de imagen y desconfianza -en muchas ocasiones injustas- que han beneficiado al sector de las cuidadoras domésticas y a las grandes empresas que llevan para el ámbito público el servicio de ayuda a domicilio. Ya hay nuevas inversiones internacionales apostando por el sector de “las internas”.

Mientras, internas que se ocupan del cuidado a los mayores y trabajadoras de ayuda a domicilio -son siempre mujeres- cobran sueldos irrisorios mientras sus empresas crecen en dinero y poder.

En medio de la nada, debido a las restricciones por el coronvairus, quedan los centros de día, la mejor alternativa para que los mayores, no sólo estén cuidados y en su entorno y sin tener que abandonar su casa de toda la vida, que muchos se han visto obligados a cerrar por imposición de las comunidades autónomas.

De hecho, según ha podido saber Diario16, la propuesta de Derechos Sociales, dentro del Plan de Pedro Sánchez de “España Puede”, para la Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía, pasa por una reforma de los cuidados a personas dependientes y fomentar antes los centros de día y reforzar los cuidados en el hogar que por la institucionalización de los mayores en residencias.

Así, empresas de residencias como Clece, propiedad de Florentino Pérez, o grandes constructoras como Sacyr o Ferrovial, tienen divisiones “sociales” que viven exclusivamente de adjudicaciones de contratos de ayuda a domicilio por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas. Estas grandes compañías son conscientes de que se les puede acabar la gallina de los huevos de oro y ya miran hacia este otro tipo de apoyo a la dependencia.

Dominio francés y británico

Se trata de un sector, el de las residencias, que en España está dominado por los inversores franceses y británicos, encabezados por el grupo DomusVi..

El hecho de que, tras la crisis del coronavirus, algunas residencias de mayores están bajo investigación por supuestos delitos civiles y penales, sólo empeora una situación que ha entrado en crisis desde la Covid-19, pero que necesitaba de una gran transformación de mucho antes.

Según datos del CSIF, España en octubre del 2019 contaba con un total de 372.985 residencias, de las cuales 271.696, el 72,8 %, eran de titularidad privada y 101.289, el 27,16 %, eran de titularidad pública. Este sector está dominado por los inversores franceses y británicos, encabezados por el grupo DomusVi.

Fallecidos

Según datos internos compartidos entre el Gobierno y las comunidades autónomas, el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas-  ya ha superado las 20.000 personas.

Cifras que pudo hacer públicas TVE gracias a tener acceso a ese documento oficial que Dairio16 llevaba pidiendo meses a comunidades autónomas como la de Madrid sin ningún éxito. Las cifras son impactantes y las comunidades tienen competencia sobre la gestión de las residencias. Un sector que había ya quedado obsoleto desde mucho antes de que el coronavirus cambiara la vida de todas y todos los españoles.

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