¿Magia?, ¿malabarismos?. Cualquiera de las expresiones podría valer para explicar cómo se puede constituir una sociedad mercantil anónima de capital público, Campus de la Justicia, para construir una ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid y que pasados más de diez años de los doce edificios que constaban en el proyecto tan solo se ha levantado uno. Éste, el Edificio de Medicina Legal, actualmente sin uso y albergue de los conejos de la zona. Y para explicar, también, que el quebranto final de la sociedad pública es de entre 105 y 130 millones de euros, según estima Comisión de Estudio de la Deuda que la Asamblea de Madrid.
Pero no, no se trata de magia, ni tiene gracias, sino de un escandaloso caso de presunto despilfarro de dinero de los ciudadanos y, según algunas fuentes parlamentarias de la oposición, un nuevo presunto caso de corrupción y malversación. Y en donde, de nuevo, aparecen los mismos personajes que en otros casos de corrupción ya bajo la actuación judicial. Nos referimos a José Luis Ulibarri, dueño de la empresa Begar, investigado por Gürtel y por Púnica y que en este caso del Campus se adjudicó, en UTE con Aldesa, la urbanización de la primera fase.
Ante esta Comisión declaró el martes 19 Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia de la CAM y a su vez presidente y consejero delegado de la citada empresa. Prada, actualmente en el dique seco por decisión de su propia formación, el Partido Popular, declaró ante la comisión de la Asamblea que el responsable de la adjudicación de la polémica obra fue Ignacio González, entonces vicepresidente en la época en la que la Comunidad de Madrid la presidía Esperanza Aguirre. Prada declaró ante los parlamentarios madrileños que el no aprobó la adjudicación porque, sencillamente, faltó a esa reunión del ejecutivo. Lo que si es cierto es que bajo la dirección de Prada se preparó el expediente de adjudicación que se llevó para su aprobación al Consejo de Gobierno.
Anteriormente Francisco Granados, actualmente preso en su época de miembro del Gobierno de Aguirre, ya echó las culpas de lo que pcurría en el Campus al propio Prada en lo que parece un comportamiento habitual en un asunto en el que parece que nadie quiere saber nada.
De hecho el apoderado del Campus de la Justicia entre octubre de 2011 y febrero de 2013, Javier Rodríguez Fernández, declaraba lo siguiente en la Asamblea de Madrid: «Esto es una irregularidad. Nadie quería saber nada. No querían firmar las cuentas anuales para que se llevasen al Consejo de Gobierno y luego a la Cámara de Cuentas, paso previo para la disolución del Campus. Incluso el consejero [sin citar quien] me dijo que como había mucho ruido mediático alrededor del Campus había que reformular las cuentas. Pero si eso no se puede hacer, le dije»
Begar, otra vez
Campus de la Justicia fue una empresa de capital público, propiedad de la Comunidad de Madrid, fundada en 2005 y cuya finalidad era levantar una ciudad que albergara las 29 sedes judiciales existentes en Madrid y repartidas por toda la capital. Esta empresa cesó su actividad en 2009 aunque no fue disuelta hasta el año pasado.
En la comisión de la Asamblea de Madrid se preguntó a Prada por diversas decisiones adoptadas en su etapa de responsable de Campus. El diputado de Podemos, Eduardo Gutierrez, se interesó por un personaje que trabajó con Parada en aquella, Isabelino Baños proveniente de la empresa australiana Bovis, que se adjudicó el desarrollo urbanístico del polígono y empresa a la volvió posteriormente. “Un caso de puertas giratorias”. Susana Solís, de Ciudadanos, por su parte, se interesó por las retiradas en efectivo, casi a diario de cantidades de 5.000 euros o por los viajes Londres, Milán, Nueva York o Singapur. Mercedes Gallizó, del grupo socialista, calificó de «un escándalo de proporciones cósmicas», la adjudicación a Norman Foster de un edificio sin concurso, por 10,5 millones y cuyo contrato la oposición denuncia que ha desaparecido.
Pero lo más sabroso es la adjudicación de las obras de urbanización de la primera fase del polígono a la empresa Begar en UTE con Aldasa. Begar es propiedad de José Luis Ulibarri, investigado judicialmente por los casos Gürtel y Púnica y al que habitualmente arropan en los actos púbicos que organizan los diarios de su propiedad los más altos dirigentes políticos de Castilla y León, con su presidente al frente. Castilla y León, Comunidad de Madrid y Valencia, tres cotos del Partido Popular, han sido las grandes beneficiadoras del empresario leonés al que en el sector llaman “la Preysler de las adjudicaciones”, por su capacidad para estar en numerosos concursos.
Y más y más…
Ulibarri se puede ver envuelto en otro asunto que está en manos del juez. El diario El Plural publicaba el jueves 21, lo siguiente:
“El consejero de Medio Ambiente de Madrid y hombre fuerte de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, tendrá que declarar como testigo el próximo 12 de febrero en la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre la trama Gürtel, según ha podido saber en exclusiva ELPLRUAL.COM. En concreto, el juez José de la Mata le llama para que explique la venta de una parcela en Boadilla del Monte, valorada en 30 millones de euros y que salió a concurso por 19,4 millones. El terreno acabó en manos del empresario José Luis Ulibarri, otro imputado Gürtel”.
