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Cambio climático: así hemos llegado a un callejón sin salida

Modelo económico depredador, emisiones contaminantes, desertificación, urbanismo desbocado y desidia de los Gobiernos son algunos de los factores del fenómeno que amenaza la Tierra

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análisis

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En España, el nivel de emisiones de CO2 per cápita es relativamente bajo en comparación con el de los países de la OCDE, e inferior al de la media de la UE-27. Esto no quiere decir, sin embargo, que hayamos hecho las cosas bien en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático, o que no tengamos una ardua labor por delante en este frente. Solo entre 1990 y 2007, las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país aumentaron más de un 50%. La caída de la actividad económica provocada por las crisis de 2008 y 2011 derivó en una reducción de las emisiones en esos años, según el Plan 2050 que prepara el Gobierno de coalición.

No obstante, a medida que la economía fue recuperándose, a partir de 2013, las emisiones volvieron a crecer y, aunque lo hicieron a un ritmo inferior al del anterior período expansivo, este crecimiento contrasta con la situación de la UE-27, donde las emisiones se redujeron, de media, un 4%.

Los factores que explican el aumento de nuestra huella ecológica en las últimas décadas son complejos y numerosos. Aquí destacamos tres. En primer lugar, la escasa ambición de los actores públicos quienes, durante muchos años, mostraron un nivel de compromiso con la agenda climática y medioambiental inferior al de otras administraciones europeas. Esta menor ambición se tradujo en la ausencia de una estrategia de descarbonización y de uso de recursos definida e integral; en que los avances legislativos se hayan producido, sobre todo, mediante la adopción de regulaciones europeas; y en que, en muchos casos, se haya realizado un fomento indirecto de ciertas actividades sin considerar su potencial impacto ambiental. Asimismo, esta menor ambición tuvo su reflejo en una mayor laxitud fiscal.

Los impuestos energético-ambientales son una de las principales herramientas que tienen los Estados para desincentivar las actividades poco sostenibles, incorporando sus externalidades negativas al precio de los bienes y servicios. Nuestro país, sin embargo, ha hecho un uso limitado de ellos, en parte para no perjudicar la competitividad internacional de ciertos sectores económicos. Esto explica, por ejemplo, que el precio del agua en España sea uno de los más bajos de Europa (a pesar de la escasez relativa de este recurso en nuestro territorio), o que nuestro país se sitúe muy por debajo de la media europea en recaudación ambiental sobre PIB (en 2019, la recaudación por impuestos ambientales de España alcanzó el 1,8% del PIB frente al 2,4% de la UE-27 y el 2,6% de la UE-8).

Un segundo factor que explica el incremento de nuestra huella ecológica es la apuesta insuficiente que hemos hecho por la adopción de soluciones medioambientalmente sostenibles, propias o importadas. La utilización de nuevas tecnologías es y será clave para desvincular la actividad económica de la generación de gases de efecto invernadero, de la contaminación y del uso intensivo de recursos.

Hoy en día, nuestro país se sitúa ligeramente por encima de la media de la UE-27 en cuanto a su desempeño en eco-innovación, pero sigue lejos de los países europeos líderes en este ámbito. Ello se debe, en gran medida, al menor esfuerzo que España hace en I+D. Pero también a una serie de dificultades específicas que ha sufrido el sector de la eco-innovación, como la incertidumbre asociada a la transición ecológica, los elevados costes de inversión, la escasa demanda del mercado de tecnologías ambientalmente sostenibles, y la ausencia de un ecosistema innovador robusto y con restricciones de financiación, tanto pública como privada. En 2019, nuestro presupuesto público en I+D en energía fue de 3,3 euros por habitante, frente a los 9,3 euros de la UE-27.

Crecimiento desbocado y cambio climático

A los factores anteriores debemos añadir un tercero que es clave y se deriva del patrón de crecimiento económico observado en España durante las últimas décadas y de la particular evolución de algunos de sus principales sectores. Uno de ellos es el transporte de mercancías y personas; en particular, el realizado por carretera. Este es el sector que más emisiones genera, tanto en España como en Europa. Su elevada incidencia responde, entre otras cosas, a la construcción a gran escala de autovías (en detrimento de las líneas de ferrocarril), la dependencia del vehículo privado en la movilidad interurbana, el aumento del tamaño y la potencia media de los automóviles durante los últimos años, la baja presión fiscal sobre el transporte, y la distribución desigual de la población en nuestro territorio.

Los impuestos energético-ambientales son una de las principales herramientas que tienen los Estados para desincentivar las actividades poco sostenibles

En la evolución de las emisiones totales también ha influido notablemente el sector eléctrico. España cuenta con todos los requisitos para ser una potencia mundial en producción de energía limpia. Desde finales del siglo XX, se pusieron en marcha importantes medidas destinadas a lograrlo. Como resultado de ello, solo en la última década, nuestro país ha duplicado el porcentaje de electricidad generada con energías renovables. Aún así, el uso de combustibles fósiles en nuestro sistema eléctrico sigue siendo elevado, debido a la presencia de ciclos combinados, la alta generación eléctrica de origen fósil en los archipiélagos, y el mantenimiento de algunas centrales de carbón (hoy ya en proceso de cierre). Entre 2012 y 2017, además, la descarbonización del sector se vio ralentizada como consecuencia de los efectos de la caída de la demanda eléctrica, la incertidumbre regulatoria en relación a las condiciones de retribución de la energía renovable, y una normativa poco favorable al autoconsumo, entre otras cosas.

Asimismo, en el aumento de las emisiones han jugado un papel clave los escasos avances registrados en los sectores industrial y agropecuario que, además de registrar un elevado nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (el 33% del total en España en 2019), hacen un uso muy intensivo de los recursos naturales (por ejemplo, los usos agrarios concentran el 80% del agua que se consume cada año en nuestro país).

Los factores estructurales mencionados están íntimamente ligados a otros de tipo cultural relacionados con los cambios en el consumo y las prioridades de la población española. Entre ellos, cabe destacar el abandono progresivo de la dieta mediterránea y el incremento del consumo de productos de origen animal, responsables del 80% de las emisiones asociadas a nuestra alimentación. De hecho, el consumo de alimentos es hoy la principal fuente de los impactos ambientales que generan los habitantes de la UE.

También es relevante el efecto que ha tenido la generalización de la moda rápida y barata (fast and low cost fashion). En los países europeos se compra en la actualidad un 40% más de prendas de vestir de las que se compraban en 1996, lo que ha contribuido a aumentar drásticamente la huella ecológica del sector textil. Al mismo tiempo, la generación de residuos eléctricos y electrónicos per cápita en España se ha más que duplicado durante la última década, fruto del aumento del consumo de estos dispositivos, cuya vida útil es cada vez más corta.

Estos cambios en los patrones de consumo también han neutralizado, en algunos casos, las ganancias de eficiencia en los procesos productivos generadas por los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas, traduciéndose en un mayor uso de recursos y en una mayor generación de residuos (lo que se conoce como “efecto rebote”). Piénsese, por ejemplo, en las transformaciones que han tenido lugar en el sector automovilístico. Las ganancias de eficiencia en motores, componentes y combustibles se han visto en cierta medida “anuladas” por una presencia creciente de coches cada vez más potentes, grandes y pesados, que menudo superan las necesidades cotidianas de la población.

De forma análoga, la modernización de los sistemas de riego ha conducido, paradójicamente, a un aumento del uso del agua en algunas regiones de nuestro país. Esto se debe, entre otras cosas, a la introducción de cultivos con mayor huella hídrica, a la posibilidad de doblar cosechas o al incremento de la superficie cultivada. Así, la demanda de agua a nivel nacional ha permanecido prácticamente estable en las últimas décadas, a pesar de las mejoras de eficiencia alcanzadas en el uso de este recurso.

Extraer, producir, consumir y tirar

Como resultado de todo lo anterior, en España, al igual que en el resto del mundo, se ha ido consolidando un modelo de economía lineal basado en el patrón de “extraer, producir, consumir y tirar”. Este modelo no solo ha causado ya severos impactos en la salud de nuestros ecosistemas y nuestra ciudadanía, sino que, además, resulta totalmente insostenible en el futuro. Si toda la humanidad consumiese como la sociedad española, harían falta 2 planetas y medio para satisfacer sus necesidades.

El cambio climático no es solo una amenaza para las próximas décadas; es también una realidad presente que ya está transformando España y la vida de al menos dos tercios de sus habitantes. Su extenso litoral marítimo, su ubicación geográfica, y sus particularidades socioeconómicas y medioambientales hacen que nuestro país sea un territorio especialmente vulnerable a los cambios en el clima, y que padezca sus consecuencias negativas con mayor intensidad que otras partes de Europa. En las últimas cuatro décadas, la temperatura media en España ha aumentado en torno a 1,8 grados centígrados, con picos significativos en algunas zonas y años. El verano térmico es ahora cinco semanas más largo, el número de días de olas de calor al año se ha duplicado, y la temperatura en 2020 ha sido la más alta del registro histórico.

El calentamiento global ha hecho que el agua superficial del mar Mediterráneo aumente 0,34 grados cada década desde principios de los años ochenta, que nuestros glaciares se hayan reducido en un 90% desde principios del siglo XX y que los territorios con clima semiárido hayan aumentado su extensión en unos 30.000 kilómetros cruadrados, esto es, el equivalente a la superficie total de Galicia. Asimismo, la península ibérica es un lugar cada vez más seco. Aunque las lluvias torrenciales se han vuelto más frecuentes y destructivas, sobre todo en el área del Mediterráneo, las precipitaciones medias en el territorio nacional se han reducido y las sequías han aumentado en frecuencia y severidad.

El calentamiento global ha hecho que el agua superficial del mar Mediterráneo aumente 0,34 grados cada década

Estas tendencias, unidas a un uso no siempre eficiente y sostenible de los recursos naturales, han provocado una disminución significativa de la cantidad y la calidad de los recursos hídricos disponibles. Muestra de ello es que los ríos españoles llevan hoy menos agua que hace 40 años y que varias de las cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico de Europa se ubican en nuestro país. Otra anomalía en los ríos es el cambio en el régimen natural de algunos de ellos que, debido a transformaciones como la construcción de embalses, han pasado a tener más caudal en verano que en invierno.

El estado de nuestras aguas subterráneas no es mucho mejor. Se estima que el 36% de nuestros acuíferos están en riesgo de sobreexplotación y que más de la mitad presentan un grado de contaminación por nitratos elevado, debido principalmente al uso de fertilizantes sintéticos y estiércoles líquidos en la agricultura. El uso intensivo de fármacos (para humanos y animales) también supone una fuente importante de contaminación, siendo España uno de los países del mundo con mayor presencia de fármacos detectados en el agua potable. Todo ello hace que un 40% de las masas de agua superficial (ríos, lagos y aguas costeras) y un 45% de las masas de agua subterránea no se encuentren, a día de hoy, en buen estado.

Esta situación es particularmente grave en nuestro país porque, desde hace décadas, existe un equilibrio muy ajustado entre el agua disponible y el agua que la agricultura, la ganadería, la industria y los hogares consumen. Aunque se han realizado avances importantes, en el incremento de nuestra capacidad de desalinización, la modernización de los sistemas de riego o los cambios de hábitos de consumo, España presenta todavía uno de los índices de explotación hídrica más altos de Europa. Esta realidad todavía resulta invisible para la mayor parte de la ciudadanía. Pero conviene saber que, en la actualidad, unos 22 millones de personas en nuestro país viven en lugares donde el consumo de agua supera la cantidad disponible y que, entre ellas, 3,3 millones lo hacen en zonas que padecen escasez hídrica severa.

El cambio climático y la sobreexplotación de las masas de agua, los pastos y los bosques también han agravado el problema crónico de la desertificación, un proceso de degradación en las tierras secas que genera efectos como la menor productividad de los suelos o una menor calidad del agua. A día de hoy, más de dos tercios del territorio español son susceptibles de sufrir desertificación y un 18% presenta un riesgo alto.

El cambio climático y los grandes incendios

Asimismo, ha aumentado el riesgo de incendios forestales debido a las mayores temperaturas y a fenómenos como el despoblamiento rural o la gestión inadecuada de los bosques. En la España actual hay menos incendios que a comienzos de siglo, pero estos son cada vez más devastadores y difíciles de controlar.

Un dato representativo es que los países europeos mediterráneos (Portugal, España, Italia, Grecia y Francia) representan alrededor del 85% del área total quemada en el continente. El aumento de la potencia de los incendios no sólo destruye los recursos naturales, sino que también genera graves impactos en la economía y en la salud de las personas afectadas.

Se han producido afecciones severas en el funcionamiento de ecosistemas enteros, como el del Mar Menor, y se han dañado gravemente el Parque Nacional de Doñana o las dunas de Maspalomas

El cambio climático también ha impactado severamente en nuestros mares, provocando un incremento de la temperatura superficial del agua del mar de entre 0,2 y 0,7 grados por cada década, mayor acidificación, alteraciones en el régimen de las tormentas y en el oleaje, y un aumento promedio del nivel del mar de entre 2 y 3 mm/año durante el último siglo. La subida del nivel del mar ha sido especialmente notable en la zona del Estrecho, el archipiélago canario, la costa atlántica y el arco mediterráneo. En este último, se han observado aumentos de hasta 10 milímetros/año desde mediados de los años noventa.

Estos efectos se han visto agravados por la sobreexplotación de la costa y los recursos marinos, ambos esenciales para el desarrollo de la denominada “economía azul”, en la que España es la primera potencia de la UE. Se han producido afecciones severas en el funcionamiento de ecosistemas enteros, como el del Mar Menor, y se han dañado gravemente zonas de costas y sistemas dunares como el Parque Nacional de Doñana o las dunas de Maspalomas.

La construcción de viviendas, infraestructuras y zonas pavimentadas se ha duplicado en los últimos 30 años, haciendo que la superficie ocupada por estas haya aumentado en unas 290.000 hectáreas, equivalente a cinco veces la ciudad de Madrid. Todos estos impactos sobre los ecosistemas terrestres y marinos han dañado severamente la biodiversidad, que en nuestro país es una de las mayores de Europa. El territorio español alberga alrededor de 85.000 especies de animales, hongos y plantas (el 54% de las especies que habitan en el continente), de las que un 10% sufre amenaza de extinción. Además, el cambio climático está modificando el comportamiento de muchas especies silvestres y provocando disrupciones importantes en sus ritmos biológicos.

El cambio climático y el uso intensivo de recursos también han impactado en nuestra salud. La ciencia ha demostrado que una de cada cuatro muertes en el mundo está relacionada con el medio ambiente. En España, el calor produjo un exceso de mortalidad de 13.000 personas en la primera década del siglo XXI, al tiempo que incrementó la difusión de virus transmitidos por vectores como los mosquitos o las garrapatas, y de enfermedades gastrointestinales causadas por problemas en la calidad del agua y los alimentos. Aún más severos son los efectos causados por la contaminación atmosférica. A pesar de las mejoras en la calidad del aire alcanzadas en los últimos años, se estima que más del 90% de la población española está expuesta a niveles de contaminación atmosférica que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Solo en 2018, murieron de forma prematura en nuestro país más de 23.000 personas por causas atribuibles a la mala calidad del aire, la cual está asociada a enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas y neurodegenerativas, al cáncer, la diabetes o a problemas durante el embarazo y en el desarrollo cognitivo durante la infancia.

Solo en 2018, murieron de forma prematura en nuestro país más de 23.000 personas por causas atribuibles a la mala calidad del aire

Por último, conviene notar que nuestra relación con el medio ambiente también está detrás de la pandemia del coronavirus. Las pandemias zoonóticas como esta (provocadas por enfermedades transmisibles entre animales y humanos) son el resultado de la forma en que la humanidad obtiene y cultiva alimentos, y comercia y consume animales, alterando los ecosistemas naturales, reduciendo la biodiversidad y facilitando la propagación de patógenos. El avance del cambio climático, de la demanda de proteína animal, y de la sobreexplotación de la vida silvestre han elevado la probabilidad de que se produzcan este tipo de pandemias, hasta suponer ya el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes.

Se estima que existen hasta 850.000 virus desconocidos con capacidad de infectar a las personas, lo que pone de manifiesto la urgencia de transformar radicalmente la relación entre el ser humano y la naturaleza. En caso contrario, las pandemias serán cada vez más frecuentes y devastadoras. El cambio es necesario, pero también es posible. Los impactos provocados por el cambio climático y la degradación medioambiental no han pasado desapercibidos para nuestro país. De hecho, han despertado una fuerte preocupación en la ciudadanía (superior a la de la media europea) y han generado cambios en las instituciones públicas y privadas que, aunque en muchos casos han sido insuficientes, demuestran que nuestro país es capaz de llevar a cabo cambios significativos cuando se lo propone.

Conviene notar que nuestra relación con el medio ambiente también está detrás de la pandemia del coronavirus

En las últimas cuatro décadas, España ha suscrito los grandes acuerdos internacionales en materia medioambiental, desde el Protocolo de Montreal de 1981 destinado a proteger la capa de ozono, hasta el Acuerdo de París de 2015.110 En la actualidad, y en el ámbito de la UE, nuestro país forma parte del Pacto Verde Europeo y observa más de 500 directivas y regulaciones comunitarias en cuestiones como la calidad del aire y del agua, la gestión de los residuos y productos contaminantes o la protección de la biodiversidad, siendo pionero en algunas. Cuenta, asimismo, con un marco estratégico sólido y ambicioso a escala nacional para asegurar la transformación hacia una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático.

Además, España ocupa hoy el primer puesto en el ranking mundial de la UNESCO en número de Reservas de la Biosfera, y es uno de los estados europeos que más superficie aporta a la Red Natura 2000 de la UE. Desde los años noventa, nuestro país ha ampliado significativamente sus áreas protegidas hasta abarcar un tercio de la superficie terrestre total del territorio, y ha creado reservas marinas pioneras, como la que protege 650 kilómetros cuadrados de posidonia marina en las aguas de Baleares o el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, que abarca una superficie de 46.385 kilómetros cuadrados. Esto ha ayudado a preservar miles de especies de flora y fauna como el lince ibérico, que ha pasado de registrar menos de 100 ejemplares en 2002 a más de 800 en la actualidad.

Legislación

Los avances en legislación ambiental, unidos a las mejoras tecnológicas en sectores como la industria o el transporte, también han permitido la reducción de emisiones de ciertos gases de efecto invernadero, como los gases fluorados, y de otros muy dañinos para la salud, como los óxidos de azufre o los óxidos de nitrógeno

Uno de los frentes donde España está experimentando un progreso especialmente notable es el energético. En 2019, España instaló más energía eólica terrestre que cualquier otro país de la UE, lideró el crecimiento del sector fotovoltaico a nivel europeo y fue el sexto a nivel mundial.Como resultado, España es hoy el quinto país del mundo en potencia eólica instalada y el noveno en energía solar. La generación de electricidad a partir de fuentes renovables ha superado los 100.000 gigavatios hora, cantidad suficiente para abastecer a más de la mitad de los hogares del país. Este rápido aumento de las renovables ha ido acompañado, además, de una reducción histórica en el uso de carbón, que a su vez explica la fuerte caída de emisiones en el sector energético en 2019. Se estima que, antes de que acabe el 2021, España habrá cerrado en torno al 70% de las centrales de carbón existentes a comienzos de 2019; un ritmo de desmantelamiento que se ha visto en pocos países del mundo y que se ha realizado, además, de forma ordenada y limitando su impacto social.

El progreso no debe estar reñido con el respeto a la naturaleza

Nuestro país también ha registrado mejoras en el uso de recursos y la gestión de residuos en las últimas dos décadas. Por ejemplo, el consumo español de agua per cápita para abastecimiento público urbano se ha reducido en casi un 20% y la eficiencia en el uso de este recurso ha aumentado sustancialmente gracias, entre otras cosas, a la mejora de los sistemas de riego, la modernización de muchos procesos industriales, la introducción de electrodomésticos más eficientes en los hogares y una mayor concienciación de la ciudadanía.

Asimismo, España ha sido puntera en la desalación de agua, albergando en la actualidad el 60% de la capacidad instalada de la UE. Por otro lado, se ha incrementado la productividad de la energía y los materiales (biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y no metálicos) en más de un 25% y un 120% respectivamente, mientras que el consumo neto de materiales se ha reducido casi a la mitad. La cantidad de residuos municipales generados por habitante también ha bajado, situándose hoy por debajo de la media de la UE-27.

También ha aumentado el reciclaje de la basura municipal y de basura electrónica. Estas y otras medidas como la descarbonización de las grandes empresas, la sustitución del coche de combustión gasolina por el eléctrico y las ayudas para la instalación de paneles solares en las viviendas son el camino a seguir en los próximos años. Es el momento de cambiar, y de eso va el plan 2050. De cambiar, de avanzar hacia una economía verde y sostenible. El progreso no debe estar reñido con el respeto a la naturaleza.

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