Calviño se «podemiza» y apuesta por el intervencionismo de Estado

Hay quien sostiene que a Nadia Calviño se le está poniendo cara de Arancha González Laya, la exministra de Exteriores cuyo apellido ya casi quedó en el olvido y que vino con el marchamo de sobresaliente mirlo blanco del funcionariado europeo. Sin embargo, cuando tuvo que enfrentarse a la política real, dejó entrever graves carencias.

En éstas se anda la ministra Calviño. Solo en esta extraña metamorfosis del paso del alto funcionariado a la política de partido -ya ha debutado con regusto en algún mitin y Sánchez le dio protagonismo en el 40 Congreso- cabría entenderse el giro de Calviño y su extraña «podemización».

Calviño ha quedado, tal vez, en una extraña situación política en la que sobresalen las ministras Teresa Ribera y Yolanda Diaz y se ha apuntado al «más madera» para desasosiego del sector empresarial.

Las declaraciones de Nadia Calviño en La Vanguardia en relación a la intervención del Gobierno de España a las empresas, y especialmente las eléctricas, reproducidas fielmente por el órgano oficial de televisión, han dejado perplejos a más de uno. La expresión, tan utilizada en la extrema izquierda de «se forran y hay que cortarles las alas o nacionalizar» ha tomado cuerpo en Nadia Calviño, lo que sorprende, sobre todo cuando la vicepresidenta se ha caracterizado por, precisamente, lo contrario con otros sectores, sobre todo con los bancos.

Vamos mal cuando la ministra de la Asuntos Económicos, y por tanto la responsable de que las empresas ganen dinero, creen empleo y paguen impuestos cuestiona esta máxima.

Cuando Calviño se refiere a los beneficios de un sector ocultando los datos verdaderos y tergiversando los mensajes de forma populista comete una grave irresponsabilidad.

Cuando se refiere a los beneficios de las empresas y establece un catálogo de «excesivos, exorbitantes, extras» lanza dos mensajes contradictorios en su desenfreno populista, impropio de una alta funcionaria de la Unión Europea a cuyo puesto más tarde o temprano tendrá que volver.

El primer mensaje grave es el de ahondar en la criminalización de un sector de las empresas de su país. ¿Imaginan al presidente de Alemania, de Francia o de Italia insultando o sembrando sospechas respecto de sus empresas estrella en el mundo?  Tristemente en España, sí ocurre.

El modelo de «nacionalización» energética, que llevado al extremo conduciría el pensamiento de las ministras Calviño y Diaz, puede comprobarse ya con la empresa pública de energía auspiciada por la alcaldesa de Barcelona. Basta leer el recibo de la luz y el número de clientes para comprobar su éxito.

De otra parte, la ministra incurre en una cierta extravagancia de Estado al meterse en un jardín espinoso del que se supone huía en su etapa europea: animar a las empresas a que ganen poco dinero o a que sea el Estado el acelerador o el freno de la empresa. Es decir que las empresas se embaracen, pero poco.

Este juicio ginecológico más próximo a Venezuela y a México que a Bruselas solo puede entenderse en un gobierno en el que la semilla demagógica ha echado raíces.

El posicionamiento de la vicepresidenta es además obsceno, por sectario. Que tenga entre sus asesoras a personas directamente ligada con determinados sectores no puede llevarle a cerrar los ojos ante los grandes vencedores de esta crisis energética y de la guerra. Son las empresas petroleras las que más rendimiento están obteniendo. Basta observar sus resultados para ver estos datos que Greenpeace los tildó de «inmorales».

Puestos a citar ingresos potentes cabría incluir los 14.000 millones que se embolsa en Estado en concepto de impuestos por estas actividades energéticas, a los que sumar otros 4.000 millones por pago de derechos de CO2. Alguien podría pensar que esa cantidad, y en la cuota parte que repercute en los sueldos de quienes -por su falta de tino- han conseguido que el gas de Argelia nos resulte más caro y hayamos perdido el papel preferente en el país magrebí frente a los italianos. Gas más caro, luz más cara.

Y, claro, el efecto contagio del gas se expande por el mercado interior desajustándolo, de la luz pasando a la barra de pan o la leche hasta el botellín de las barras de los bares.

¿Pedirá la ministra Calviño cuentas de resultados a las telefónicas, a las inmobiliarias, los seguros, las farmacéuticas, los bancos o las petroleras? Poner 20 céntimos de caridad al gasóleo, pero dejando la puerta abierta a que por la noche te lo suban 40 es una trampa de mal gusto.

Hace unos días su compañera de gabinete, la ministra Teresa Ribera, también disparaba con datos falsos, de fogueo, señalando a un único enemigo: las eléctricas. Situaba a Endesa, Iberdrola y Naturgy como las empresas europeas energéticas que más beneficios habían conseguido.

 Los datos públicos dejan de nuevo en evidencia a la ministra por trucar los datos, pero las mentiras no bajan el precio de la luz, sirven si acaso -tal vez sea el propósito del Gobierno- crear un enemigo exterior, como marca la teoría de la propaganda de Goebbels, con el que disculpar sus errores.

Si se hace una sencilla comprobación entre el activo total de cada empresa energética y su rentabilidad final después de impuestos en 2021 los datos son tozudos.

El sector petrolero cerró el pasado ejercicio en un 4% de beneficio mientras el eléctrico ni tan siquiera no alcanzó el 3%, se quedó en el 2,8%. Los «lobos» electorales y los lobbies de sector enclavados en el corazón del Gobierno mandan.