La OCDE ha publicado sus previsiones para la economía española, rebajando el crecimiento estimado en mayo, en dos décimas para este año (al 2%) y en tres para 2020 (al 1,6%), debido a la incertidumbre política, tras las elecciones del 10-N. Son también inferiores en una décima en ambos años a las realizadas por el Gobierno, que calculaba que en mayo España cerraría 2019 con un PIB del 2,2% y alcanzaría el 1,9% en el 2020, una décima menos que la media de la OCDE, según su último informe de Perspectivas presentado el jueves. Aun así, siguen siendo superiores a las estimadas para la media de la eurozona, que sitúa en el 1,2% y 1,1% respectivamente.

“Un mayor crecimiento potencial puede contribuir a mejorar la sostenibilidad fiscal y la resistencia ante los shocks”

La incertidumbre política genera ambigüedad sobre el futuro político y fiscal, que se asume que será en términos generales neutral en los próximos dos años” (ni expansiva, por un mayor gasto o rebajas de impuestos; ni restrictiva, por lo contrario). “Un mayor crecimiento potencial puede contribuir a mejorar la sostenibilidad fiscal y la resistencia ante los shocks”, sostiene el informe de la OCDE para España.

La economista jefa de la institución, Laurence Boone en rueda de prensa, dijo que lo que les preocupa “es esta incertidumbre, que puede afectar a las reformas estructurales. Todos nuestros trabajos demuestran que hace falta un consenso, que hace falta un diálogo continuo. Cuanto más sólido sea el Gobierno más fácil será llevar a cabo las reformas»

La Comisión Europea y la OCDE muestran su preocupación por una posible desviación de nuestro país, respecto del ajuste del déficit y la deuda programados, y apuntan a la realización de reformas que supongan un ajuste presupuestario adicional. No se desprende sin embargo de sus informes ninguna preocupación por el ajuste sufrido en la calidad de vida de la mayoría de la población por la aplicación de los recortes desde 2010, por el incremento de la precariedad laboral tras las reformas laborales de 2010 y 2012, por los elevados niveles de pobreza y desigualdad existentes o por el despilfarro que ha supuesto el rescate del sector financiero, del que ayer mismo certificó el Banco de España que ha supuesto hasta el momento una pérdida de 42.561 millones de euros. Cuestión de prioridades.

El ajuste que pide la Comisión Europea

Por lo que se refiere a la Comisión Europea, califica la aplicación del Plan Presupuestario de España, que se envió en octubre de 2019, como de “riesgo de incumplimiento”, situación que compartiría con Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Finlandia, Eslovenia y Eslovaquia. Este riesgo de incumplimiento se refiere a que España no estaría reduciendo a la velocidad prevista ni su déficit público ni su ratio de endeudamiento, tanto a tenor de los datos disponibles de 2019 como a lo que se desprendería de las proyecciones para 2020.

Concretamente, para el periodo 2019-2020 la Comisión estima que el crecimiento del gasto se podría llegar a desviar un 1,2% del PIB respecto de la senda objetivo y que la mejora del déficit es un 0,8% del PIB menos de la que debería, acorde a las previsiones de otoño. Este 0,8% supondría un ajuste (bien sea aumentando ingresos, reduciendo gastos, o ambas cosas) de unos 9.600 millones de euros (equivalente tan solo a un 22% de los fondos perdidos en el rescate bancario).

En este sentido, la Comisión “invita” a las autoridades a elaborar unos presupuestos que cumplan con los objetivos de déficit y a aprovechar cualquier superávit presupuestario derivado del ciclo en reducir la ratio de deuda sobre PIB.

Desde un punto de vista general, esta invitación al ajuste presupuestario (que en el fondo no hace sino trasladar las arbitrarias reglas que los Estados Miembros han decidido darse) se traduce como una recomendación de la adopción de políticas fiscales restrictivas (aumento de ingresos o recorte de gastos) que afecta a ocho países del euro área, entre las que se encuentran tres de las cinco mayores economías la zona, y en un contexto de desaceleración que puede ser severa. Es decir, una política procíclica que podría contribuir a acercar una nueva fase de crisis, cuando alguna de estas grandes economías se ha situado ya cerca de la recesión este año.

Esta es una dinámica contradictoria y contraproducente del actual sistema institucional de la eurozona, que requiere de cambios de calado.

UGT: “La CE y la OCDE deben cambiar el foco y preocuparse más por el bienestar social”

UGT defiende la estabilidad presupuestaria pero no a cualquier precio. En este sentido, considera que la Comisión Europea (CE) y la propia OCDE deben cambiar el foco de sus críticas y preocuparse más por impulsar políticas anticíclicas que favorezcan el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y el bienestar social de la población.

El sindicato reclama la constitución, cuanto antes, de un gobierno sólido, estable y progresista, que tenga el respaldo parlamentario suficiente para aprobar unos Presupuestos adecuados en favor de los derechos sociales y laborales.

Es imprescindible que se aumenten los ingresos públicos, y se mejore la justicia de las contribuciones. El objetivo debe ser mantener unas políticas de gasto reforzadas, que impulsen la demanda y que reduzcan las graves brechas de desigualdad y pobreza generadas desde 2008.

UGT cree que es necesario una reforma de la eurozona en la línea de completar la unión política, habilitar instrumentos presupuestarios o de mutualización de deuda, entre otras cosas, que permitan a la UE llevar a cabo políticas anticiclicas, que sitúen como prioridad el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y el bienestar social de la población.

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