El bullying no entiende de edades y lo sufren incluso los estudiantes de guardería. Un alumno de la escuela pública La Caixa de Barcelona ha sufrido acoso escolar durante tres años, hasta primero de Primaria, cuándo sus padres le cambiaron de centro. El menor, vivió este calvario desde los 4 años hasta los 6 y, ante la “pasividad” de la dirección del centro, un juez ha condenado al Consorcio de Educación de Barcelona a indemnizar a la familia del menor.
De este modo, al tratarse de una escuela pública, la condena se dirige al mencionado Consorcio que está integrado por la Generalitat y el Ayuntamiento. Ambos órganos, serán los responsables de pagar con 3.800 euros a los padres del menor por no haber vigilado de cerca este caso ni haber activado a tiempo el protocolo de prevención de acoso escolar. La sentencia avala la idea de que el menor sufrió un acoso de manera continuada desde 2013 a 2016 durante su estancia en el CEIP La Caixa, en Sant Martí.
Es infrecuente que el acoso escolar o bullying se produzca a cortas edades, según admite el juez. Además, acusa directamente al centro escolar de no activar “un protocolo de actuación contra un posible acoso escolar de un menor pese a la insistencia de la madre”.
Lo más rocambolesco del caso es que, a pesar de, que una trabajador social asegurase que el menor sufría ansiedad y somatizaciones, un pediatra adscrito al Instituto Catalán de la Salud recomendara el ingreso del menor en un centro de salud mental ya en 2016, aún así, los abogados de la Generalitat han acusado a los padres de inventárselo todo.
Todo ello pone en evidencia, según el juez, que «alguna cosa extraña» ocurría en torno al menor. Así como subraya que el menor «se apuntara a una actividad de defensa personal» indica que podría estar sufriendo algún tipo de acoso.
De acuerdo con la Administración, los padres se inventaron el caso de acoso para conseguir que cambiaran de centro a su hijo. Una idea que el juez ha desestimado y considera “es difícilmente creíble que unos padres (en especial la madre del menor) efectúen quejas constantes, continuadas en el tiempo (durante tres años) a un mismo centro educativo, sin fundamentación, por capricho, o con búsqueda de finalidad y cambio de centro»
En mayo de 2016, mientras cursaba Primaria y tras el visto bueno del inspector, el menor fue finalmente trasladado a otra escuela. Allí está «contento» y sigue sus estudios primarios «sin incidencias relevantes, en especial a nivel psicológico-psíquico«, recoge la sentencia.
La sentencia, que no es firme, descarta indemnizar al menor por daños morales, debido a la ausencia de secuelas a pesar de que la dirección del centro haya admitido que sí ocurrieron.
