Es cierto que la Constitución prevé en lo referido a cambios que no precisen de un referéndum un tiempo largo de debate entre las fuerzas políticas, de calado y riguroso. Ahora bien, en lo que afecta a los aforamientos de sus señorías, estando de acuerdo el PP, si acaba estándolo, y siendo una reclamación de la mayoría de la ciudadanía, los tiempos se pueden y deben acortar, incluidos los sesenta días que sugiere el Presidente del Gobierno. También acierta al mencionar que, al corriente, es de compleja aplicación para los presidentes de las CCAA, poseyendo sus propios estatutos, una España federelizada de facto, que confrontaría con la propuesta de PS. No se trata, como se ha escrito, de una capa de maquillaje o de tratar de robar la iniciativa que según esas voces ha recuperado Ciudadanos (ruptura del pacto en Andalucía por ejemplo), cuando la formación naranja carece de empuje al no tener ni claro sus principios fundacionales: ¿Social liberales? ¿Social demócratas? ¿Liberales? Cada año cambian de ideología según soplen los vientos del voto. No son fiables. Les ocurre lo que a Podemos. Ambos tienen buenas primeras espadas y banquillos, pero adolecen de liderazgos sin vaivén. Otra cosa sería que los dirigieran la Sra. Arrimadas y el Sr. Errejón.
La retirada de apoyo en Andalucía se arregla con convocatoria de elecciones que volvería a ganar el PSOE. Los apoyos, al ser difícil una mayoría estable, se buscarían luego, y quizás entonces Ciudadanos habría de envainar el alfanje después de lo que solo hubiera sido ruido.
España es el país de la Unión Europea con mayor numero de aforados. La injusticia resulta manifiesta. No se les juzga como a cualquiera, en primera instancia, a senadores, diputados, gobierno y equivalentes, lo hace el Supremo, después de haber conseguido los permisos pertinentes. Decía un viejo socialista vasco que había que colocar en los mejores puestos a los hombres más honestos y vigilarlos como a ladrones, valga a modo de metáfora; lo que no se ha acometido es una ley anti corrupción seria, garantista para los imputados (inocentes hasta que se dicte sentencia) y que se aparte a los imputados de sus cargos hasta la resolución de los casos. Algo parecido, aunque peor, ocurre con la proposición de PS.
Al cabo, un buen paso insuficiente. Lo que no se comprende y choca es que la anunciada ley no se aplicaría en los posibles delitos que afecten al trabajo de sus señorías, lo que por desgracia significa que no se les podría juzgar en primera instancia por hechos de corrupción, una de las mayores preocupaciones de los españoles. Aquí, la publicitada ley hace aguas. Falta también coherencia con la historia reciente. Si se ha ganado una moción de censura por la corrupción de parte del partido del antiguo gobierno y de sus desmanes, no resulta de recibo que la ley no afecte a la corrupción o corruptelas que siguen infectando las cañerías del Estado y a los partidos políticos sin excepción. La pérdida de coherencia en política, siempre acontece, resulta un mal augurio, aunque espero que en lo que nos ocupa sea puntual.
