La Comisión Europea propuso este miércoles una directiva sobre el deber de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, disponiendo que los Estados miembros puedan imponer multas por violaciones de derechos ambientales o normas de la Unión Europea (UE).
En un comunicado, el ejecutivo comunitario explica que “la propuesta tiene como objetivo promover un comportamiento empresarial sostenible y responsable en las cadenas globales de valor”, ya que “las empresas juegan un papel fundamental en la construcción de una economía y una sociedad sostenibles”.
Las empresas que operen en la UE estarán así “obligadas a identificar y, si es necesario, prevenir, eliminar o mitigar los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos, como el trabajo infantil y la explotación de los trabajadores, y sobre el medio ambiente, por ejemplo, la contaminación y la pérdida de biodiversidad”, explica Bruselas.
Aunque algunas empresas o Estados miembros como Francia ya cuentan con leyes similares y Alemania, Austria y Holanda las están preparando, Bruselas admite que “hace falta una mejora de mayor escala, que es difícil de lograr con la acción voluntaria”.
Por ello, el nuevo deber de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad prevé que las autoridades administrativas nacionales designadas por los Estados miembros sean las encargadas de supervisar las nuevas normas, pudiendo imponer multas en caso de incumplimiento.
Además, las víctimas tendrán la posibilidad de emprender acciones legales por los daños que podrían haberse evitado mediante las medidas de debida diligencia adecuadas, añade el ejecutivo comunitario.
La propuesta de directiva, que aún tendrá que ser discutida y adoptada por el Parlamento y por los Estados miembros de la UE (en el Consejo) para entrar en vigor, y los países tendrán dos años para transponerla, pretende obligar a las empresas a identificar y corregir problemas, incluidos los que afectan a los proveedores en el exterior.
Las empresas deben, por lo tanto, comenzar a imponer garantías contractuales a los proveedores y socios comerciales, para prevenir y minimizar los posibles impactos negativos, y adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de los requisitos.
Este deber de diligencia se impondrá a todas las empresas de la UE con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación neta en todo el mundo, así como a las empresas no europeas con una facturación de 150 millones de euros que operen en el espacio comunitario.
Por su parte, las pequeñas y medianas empresas (PYME) no están directamente cubiertas por el ámbito de esta propuesta.
Alrededor de 13.000 empresas europeas y 4.000 extranjeras estarán cubiertas por las nuevas normas, que prevén el deber de diligencia en sus estrategias, para identificar los impactos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente, para prevenir o mitigar los impactos potenciales, combatir los impactos reales impactos y también la creación de procedimientos de denuncia.
También hoy, la Comisión Europea presentó una estrategia para promover el trabajo decente en el mundo, brindando instrumentos para prohibir, en el futuro, la entrada al mercado de la UE de productos asociados con el trabajo forzoso, como el trabajo infantil, con el fin de eliminarlo.
