La crisis provocada por el fraude de sustancias vegetales que colorean de rojo el atún para que parezca más fresco, lo cual se traduce en una alta concentración de histamina, ha provocado 154 intoxicaciones alimentarias según ha informado el Ministerio de Sanidad. Esta práctica fraudulenta de engaño al consumidor ha obligado a Bruselas ha exigir al Gobierno de España medidas al respecto.
El pasado mes de mayo, la Guardia Civil abrió una investigación a siete personas como presuntos responsables de una intoxicación alimentaria que ha afectado a más de un centenar de personas tras consumir atún procedente de la empresa almeriense Garciden, que al parecer vendía como fresco lomos de atún descongelados que no han sido sometidos al proceso de conservación (18 grados bajo cero) que propone la ley europea, sino que por el contrario han sido adulterados con aditivos para proporcionarles una apariencia más fresca.
Gran parte de España (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia), Alemania, Francia, Italia y Portugal han sido los países afectados por el fraude del atún fresco. Las personas afectadas por esta intoxicación alimentaria pueden presentar episodios leves de picores de garganta, nauseas y vómitos, diarrea, rubor y sudor facial, cefaleas y erupciones cutáneas.
Por ello, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción- FACUA reclama al Gobierno máxima transparencia en torno a la crisis del atún adulterado, ya que “constituye una amenaza para la salud de los consumidores”. Petición que se extiende a los gobiernos autonómicos, a las comercializadoras de atún y al Ministerio de Sanidad, al que demandan “información detallada y contrastada”. Además, al igual que la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), la asociación espera que se imponga una sanción ejemplarizante a la empresa almeriense.
En concreto, FACUA-Consumidores en Acción pide información sobre el número total de personas intoxicadas, los nombres de las empresas implicadas que llevan a cabo en este tipo de prácticas fraudulentas, y qué tipo de protocolos se han implementado en cada Comunidad Autónoma para detectar producto adulterado. Además, FACUA lamenta que las autoridades sanitarias no hayan convocado una reunión con los representantes de los consumidores para explicarles qué medidas se están adoptando, en caso de que se esté tomando alguna, y que ni tan siquiera hayan facilitado a los consumidores información al respecto, pues “los usuarios tienen derecho a conocer si han adquirido atún en malas condiciones”.
Por su parte, Bruselas ha informado a España de que en octubre celebrará una auditoría para evaluar tanto la efectividad de los controles como las medidas que se han adoptado para detectar atún adulterado o conservado en malas condiciones para detener la circulación de este producto en el mercado comunitario.
