Dentro de los grupos de poder brasileños, Bolsonaro representa al sector más reaccionario y atrasado. No hay nada en sus propuestas que pueda entenderse como una concesión a la modernidad o al progreso. Al contrario, el nuevo presidente apela de forma directa a la violencia contra el adversario político, al golpismo, al odio hacia las minorías, al machismo, al racismo y a la homofobia. El nuevo Gobierno presenta un fortísimo perfil ultraderechista y es una mezcla de ministros civiles y militares. Como muchos otros gobernantes autoritarios a lo largo de la historia, Bolsonaro se ha rodeado de personas de ideas similares con las cuales llevar adelante su proyecto de país. Estos son algunos de los ministros que constituyen el núcleo duro del nuevo presidente de Brasil.

 Perfil de algunos de los nuevos ministros

Tereza Cristina da Costa, ministra de Agricultura

El pasado 7 de noviembre, el presidente electo anunció el nombre de la nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina da Costa, líder de la bancada ruralista desde febrero de 2018 y principal defensora del relajamiento de las leyes que regulan el uso de pesticidas en el país. Tereza Cristina presidió la comisión que aprobó el proyecto para flexibilizar la regulación de los productos agrotóxicos. En realidad, el proyecto 6299/02, defendido por Tereza cristina, fue creado en 2002 por el anterior ministro de Agricultura, Blairo Maggi, cuando este era senador. Entidades como el Ministerio Público Federal, un órgano de defensa de los derechos sociales e individuales de los ciudadanos; el Ministerio de Trabajo, un ente creado hace 88 años, del cual el propio Bolsonaro ha anunciado su desaparición como tal y su incorporación a otro ministerio; y las organizaciones públicas, Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) y Anvisa ( Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), responsable de la preservación y protección del medioambiente la primera y del control sanitario de alimentos, medicamentos y productos agroquímicos la segunda, anunciaron su oposición al proyecto de Tereza Cristina. El Ministerio Público Federal llegó a emitir una nota declarando la propuesta como inconstitucional. Decenas de organizaciones de defensa del medioambiente también se posicionaron en contra del proyecto defendido por la nueva ministra de Agricultura, que ya ha declarado que entre sus principales planes está la aprobación de una ley que agilice la construcción de carreteras, obras de energía o saneamiento dentro de algunas de las tierras destinadas a la agricultura en el país.

El apoyo de Tereza Cristina a la industria agroquímica no debe extrañarnos por dos motivos fundamentales: en primer lugar, la nueva ministra ha sido empresaria del mismo sector que ahora va a gestionar; en segundo lugar, para conseguir su reelección en 2014, la entonces diputada recibió donaciones de varias empresas privadas relacionadas con el lobby agroquímico. La cooperativa Coplana, que comercializa productos agroquímicos en 7 ciudades del interior del estado de São Paulo donó 14.000 euros para la campaña de Tereza Cristina en 2014, cuando aún estaban permitidas las donaciones de empresas. También en 2014, Celso Grieseang, uno de los propietarios de la empresa Semilla Tropical, aportó unos 13.000 euros a la campaña de la nueva ministra. Semilla Tropical vende fungicidas en colaboración con la multinacional suiza Syngenta. La diputada también recibió financiación en el transcurso de 2018 para promover el proyecto de ley para rebajar las medidas de control sobre los productos agrotóxicos. Uno de los aportadores fue el presidente de la Comisión Nacional de Cereales, Fibras y Oleaginosas de la Confederación Nacional de Agricultura y Agropecuaria, Luis Alberto Moraes Novaes, que donó 2.500 euros. Moraes Novaes fue presidente de la Fundación MS, de Mato Grosso do Sul. Esta fundación realiza investigaciones para las empresas fabricantes de productos agrotóxicos.

No obstante, el mayor donante a título individual para la reelección de Tereza Cristina fue sin duda el ejecutivo Marcos Marinho Lutz, director de Cosan y miembro del Consejo de Administración de Raízen, la quinta mayor empresa de Brasil y el mayor exportador de azúcar del mundo. Este empresario aportó 25.000 euros a la campaña de la nueva ministra. Por su parte, el presidente del consejo de administración de Cosan, Rubens Ometto Silveira Mello, es el mayor donante individual del conjunto de candidatos, puesto que ha donado más de un millón seiscientos mil euros para 57 candidaturas diferentes, de los cuales 12.500 euros fueron destinados a la campaña de Tereza Cristina. La reelección de la nueva ministra también fue financiada por empresarios ganaderos y por productores de soja. Vetorial Siderurgia, empresa sancionada por el Ibama por atentar contra el medioambiente, aportó 25.000 euros a su campaña de 2014. De acuerdo con un estudio realizado por el diario Folha de São Paulo, la diputada Tereza Cristina concedió beneficios fiscales a la empresa JBS, la mayor comercializadora de carne del mundo, cuando fue secretaria de Desarrollo Agrario, Producción, Industria, Comercio y Turismo del estado de Mato Grosso do Sul, entre 2007 y 2014. La diputada habría recibido, presuntamente, 40.000 euros para su campaña de reelección en 2014 procedentes de JBS. El caso está en manos de la Justicia brasileña. Sobre estas donaciones, la diputada afirma que no fueron realizadas de manera directa y que constituían una práctica legal.

Ernesto Araújo, ministro de Asuntos Exteriores

 Ernesto Araújo, nuevo ministro de Asuntos Exteriores, es un diplomático que nunca ha desempeñado un puesto como representante fuera del país. Este funcionario alcanzó cierta fama en Brasil al escribir un texto titulado “Trump y el Occidente”, un escrito sin el menor asomo de crítica hacia el presidente de Estados Unidos, al cual define como alguien que representa “La recuperación del pasado simbólico, de la historia y de la cultura de las naciones occidentales”. El texto de Araújo suponía un alineamiento con los discursos de líderes como Trump, Le Pen o Salvini, es decir, una suerte de ideología que se construye contra el llamado marxismo cultural -un pensamiento que no existe-y que encuentra acomodo en los votantes de la ultraderecha a nivel mundial, siempre dispuestos a creer en toda clase de conspiraciones lideradas por homosexuales, negros, ateos, feministas e intelectuales. El artículo de Araújo también tenía un fuerte carácter nacionalista, algo que puede chocar con el proyecto económico neoliberal del nuevo ministro de Economía, Paulo Guedes, pero que supone también un guiño al electorado más nostálgico con la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985. En su escrito, el nuevo ministro de Exteriores también hacía una encendida defensa de la civilización occidental, considerando que esta estaría amenazada por el globalismo y por una renuncia a las ideas nacionalistas.

Araújo hace referencia a Dios al decir “Solo un Dios podría aún salvar a Occidente, un Dios operando por la nación -inclusive y quizás principalmente la nación americana”. Este pensamiento encaja a la perfección con el discurso de Bolsonaro, dirigido a polarizar la sociedad brasileña en dos bloques presumiblemente antagónicos e irreconciliables que no existen puesto que las sociedades son mucho más heterogéneas de lo que habitualmente describen los ultraderechistas: marxistas contra capitalistas, ateos contra cristianos o partidarios de la familia tradicional contra personas que abominan de los lazos familiares. En su blog, Araújo escribe habitualmente sobre lo que él llama la “Criminalización del petróleo, la heterosexualidad, las películas de Disney y la carne roja”, y ha llegado a definir como “Dogma” las investigaciones científicas acerca del cambio climático y el deterioro del medio ambiente causados por la acción del ser humano: “Este dogma se ha utilizado para justificar el aumento del poder regulador de los estados sobre la economía y el poder de las instituciones internacionales sobre los estados nacionales y sus poblaciones, así como para reprimir el crecimiento económico en los países capitalistas democráticos y promover el crecimiento de China”, escribió semanas atrás. Araújo ha declarado que luchará contra la ideología marxista en política externa, lo que incluye lo que él define como “Alarmismo climático”, en referencia al deterioro del medio ambiente a nivel mundial. Araújo se refiere al Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) como el “partido terrorista”.

El presidente Bolsonaro admitió haber participado, tan solo unos días después de su victoria electoral, en la decisión del Gobierno saliente de Michel Temer de retirar a Brasil como sede de la próxima cumbre mundial del clima COP25 en 2019, y puso en duda la permanencia del país en el Acuerdo de París.

Paulo Guedes, ministro de Economía

Pese a su osadía a la hora de opinar sobre los temas más diversos sin el menor conocimiento, Bolsonaro ha admitido de forma abierta su total ignorancia acerca de los asuntos relacionados con la economía. El nuevo presidente ya ha anunciado a Paulo Guedes como su nuevo ministro en esta materia. Guedes posee un doctorado por la escuela de Chicago, la cuna del neoliberalismo académico desde la llegada a la misma de Milton Friedman-del cual fue alumno-, y asimismo fue profesor de la Universidad de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esta universidad abrió sus puertas a varios profesores procedentes de la Universidad de Chicago en los años ochenta del pasado siglo. El mismo proceso de apertura a las ideas neoliberales se había vivido en la Universidad Católica de Chile desde finales de la década de los cincuenta, cuando esta institución inició una serie de programas de colaboración con el fin de que sus estudiantes completasen sus estudios en la Universidad de Chicago. Posteriormente, estos economistas tomaron las riendas de la economía de la dictadura chilena, principalmente entre 1975 y 1982.

Paulo Guedes fundó en Brasil el Banco Pactual y el “think tank” Instituto Millenium, y es socio de Bozano Investimentos, un fondo de capital privado que opera en el mercado de Brasil. Guedes nunca ha tenido un cargo público, por lo que existen dudas acerca de su capacidad negociadora en un sistema tan fraccionado como el brasileño. De lo que no hay duda es de su entusiasmo por las ideas neoliberales: disminuir el tamaño del Estado, privatizar empresas públicas, reducir los derechos de los trabajadores, etcétera. La previsión de crecimiento de Brasil para este año es de un exiguo 1,3%, tras haber crecido en 2017 un 1%. La recesión acumulada entre 2015 y 2016 fue de un 7%, con un déficit público en constante aumento, tal vez el escenario ideal para un economista como Guedes, especializado en macroeconomía y política monetaria, justo las materias económicas que consideran a los más desfavorecidos apenas como estadísticas y no como ciudadanos. Para reducir el déficit público, Guedes ya ha expresado su deseo de recurrir a las privatizaciones de empresas estatales- “Todas, sin excepción”, declaró hace unos meses-y a reformar el sistema público de pensiones sustituyendo el actual procedimiento de reparto, que distribuye en pensiones lo ingresado en cotizaciones, por un régimen de capitalización en el cual cada trabajador ahorra para su pensión.

Al igual que otros políticos que apelan a las emociones y no a la razón, Bolsonaro no hace ninguna labor pedagógica y se ha negado a explicar cómo se llevarían a cabo las propuestas de Guedes en medio de un proceso económico de paupérrimo crecimiento. En apenas cuatro años, el país ha pasado de un 4,8% de desempleo a un 12,1%, lo que significa más de 12 millones de personas sin trabajo. Es imposible desligar la actual situación económica de Brasil del escándalo de Lava Jato, que involucra a la petrolera Petrobras y que constituye el mayor caso de corrupción de la historia del país. La investigación de este caso también ha afectado a varias empresas de construcción e infraestructuras y ha sido un factor independiente de deterioro de la economía brasileña.

Otro tanto podemos decir del caso Odebrecht: una gigantesca red de sobornos creada por el grupo brasileño de construcción de infraestructuras, Odebrecht, que afecta al menos a 10 países de América Latina, a los que hay que sumar los africanos Mozambique y Angola. Los pagos se hacían a través del Principado de Andorra a cambio de concesiones de obras en los países afectados. La empresa Odebrecht pactó con la Fiscalía de Nueva York el pago de una multa de 2.600 millones de dólares en abril de 2017. El grueso de este dinero, 2.391 millones de dólares, los recibirá Brasil; 116 millones, Suiza; y 93 millones, EE. UU. Braskem, la empresa petroquímica de Odebrecht, también fue condenada en enero del mismo año por el fisco estadounidense a pagar una multa de 632 millones de dólares. Entre 2001 y 2016, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos relacionados con más de 100 concesiones de obra pública en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Odebrecht tiene aún varios procesos abiertos en diferentes países. Corrupción aparte, la durísima crisis que afecta al tercer socio comercial del país, Argentina, también ha supuesto un fuerte golpe para la economía brasileña porque las ventas e intercambios entre los dos países han disminuido de forma notable.

En un país arrasado por la corrupción, el próximo escándalo puede afectar al propio Guedes: a comienzos de octubre de 2018, el Ministerio Público Federal de Brasilia inició una investigación contra Paulo Guedes por supuestos fraudes en los fondos de pensiones de empresas públicas, según confirmó el propio organismo. En aquel tiempo, los fondos de pensiones estaban gestionados por cargos cercanos al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, hoy en prisión por corrupción, y por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), liderado entonces por el presidente saliente, Michel Temer. Paulo Guedes es sospechoso de “gestión fraudulenta o temeraria” de fondos de inversiones que recibieron alrededor de 270 millones de dólares durante el período 2009-2013. El dinero procedía de fondos de pensiones vinculados a empresas públicas. Guedes también está siendo investigado por la emisión de títulos inmobiliarios fraudulentos.

Onyx Lorenzoni, ministro de la Casa Civil

Onyx Lorenzoni, nuevo ministro de la Casa Civil-el equivalente en España al ministro portavoz del Gobierno-, será el encargado de coordinar al resto de ministerios, de armonizar las políticas públicas y de asesorar a Bolsonaro en toda clase de materias. Lorenzoni fue diputado del estado de Rio Grande do Sul entre 1995 y 2003. Desde 2003, es diputado en el Congreso brasileño por el partido DEM, una formación de carácter conservador a la cual pertenece también la nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina da Costa. Desde su posición en Brasilia, Lorenzoni ha defendido siempre medidas conservadoras como la reducción de la mayoría de edad penal, un mayor y más fácil acceso a las armas y la eliminación del sistema de cuotas raciales. Este diputado también se ha mostrado favorable a las posiciones de la bancada ruralista. En 2014, antes de la histórica sentencia del Supremo Tribunal Federal de 2015 sobre las donaciones de campaña, Lorenzoni recibió 40.000 euros de las dos principales empresas de armas del país: CBC, la fabricante de cartuchos que opera en Brasil en situación de monopolio, y Taurus Forges-propiedad a su vez de CBC-, la empresa que fabrica revólveres, pistolas y pequeñas ametralladoras y que también detenta un monopolio al ser la única proveedora de armas de las fuerzas de seguridad y de todas las policías del país. Lorenzoni ha presentado varios proyectos de ley a favor de la industria bélica. En 2010, el nuevo ministro ya había recibido 60.000 euros de Taurus Forges, la misma cantidad donada para su campaña por la Asociación Nacional de la Industria de Armas y Municiones de Brasil. Lorenzoni también admitió haber cobrado unos 40.000 euros de dinero negro entre 2006 y 2014 procedente de JBS, la mayor comercializadora de carne del mundo. Sobre sus problemas con la Justicia brasileña en relación a este último asunto, Lorenzoni declaró: “Lo más importante es ponerme en paz con Dios”.

Ricardo Vélez Rodríguez, ministro de Educación

 Ricardo Vélez Rodríguez, nuevo ministro de Educación, es un colombiano nacionalizado brasileño y furibundo opositor del Partido de los Trabajadores. Hasta su nombramiento, fue profesor emérito en una escuela del Estado Mayor del Ejército, pero nunca ha ocupado un cargo de gestión en el mundo de la Educación. Reconocido simpatizante de Trump, Vélez asegura llevar a cabo una cruzada contra el marxismo. En 2014, escribió un revelador artículo en el que defendía la intervención del ejército en 1964 que acabó dando a luz a la dictadura militar que gobernó el país hasta 1985. En el texto, Ricardo Vélez definía como “heroico” el papel de las fuerzas armadas durante el golpe de Estado y en una muestra de su pensamiento delirante llegó a decir que “La intervención militar evitó que los comunistas tomasen el poder, instaurando una dictadura del proletariado, con el baño de sangre que eso provocaría en un país de dimensiones continentales como Brasil. La opinión pública sabe que lo que la extrema izquierda buscaba era eso”. Vélez definió a la izquierda de aquellos años como “alucinada” y ridiculizó la lucha de millones de brasileños contra la dictadura militar.

El nuevo ministro considera que durante los Gobiernos del PT los brasileños han sido rehenes de “Un adoctrinamiento enmarcado en la ideología marxista, destinada a desmontar los valores tradicionales de nuestra sociedad, en lo que se refiere a la preservación de la vida, de la familia, de la religión, de la ciudadanía, en suma, del patriotismo”. Vélez cuenta con el total apoyo de la bancada evangélica en el Congreso. La amistad de Vélez con Olavo de Carvalho, astrólogo (tal como suena) y pensador ultraconservador muy influyente en Bolsonaro y en la actual ultraderecha brasileña, fue la principal razón para su nombramiento. Olavo de Carvalho piensa que el comunismo intenta imponer una agenda multicultural con el fin de vaciar de significado las tradiciones judeocristianas y para acabar con el concepto tradicional de familia. Antes del final de campaña, este pensador hizo una incitación directa a la violencia al decir que “Si Bolsonaro gana, inmediatamente después de su investidura sus opositores no solo deben ser derrotados, sino totalmente destruidos como grupos, organizaciones e incluso como individuos”. Según este filósofo, la izquierda trata de normalizar prácticas como la pedofilia, la zoofilia e incluso el canibalismo. Olavo de Carvalho es citado por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo, como el “Filósofo vivo más importante de Brasil”.

Luiz Henrique Mandetta, ministro de Sanidad

Este médico ortopédico fue anunciado como ministro el 20 de noviembre por el propio Bolsonaro. Entre 2005 y 2010, Mandetta fue secretario de Salud de la localidad de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul, cuando su primo, Nelson Trad Filho, fue alcalde de esta ciudad. En la actualidad, está siendo investigado por fraude en licitación, tráfico de influencias y creación de caja B por la implementación de un sistema electrónico de consulta. Respecto a este último caso, la Contraloría General de la Unión de Brasil inició una investigación que concluyó que se hizo el pago por este sistema, pero que el mismo no fue instalado. Entre 2001 y 2004 fue presidente de UNIMED (la mayor aseguradora médica de Brasil y una de las más grandes del mundo) en Campo Grande. El nombramiento de Mandetta cuenta con el apoyo del lobby médico. Para su reelección como diputado federal en 2014, el nuevo ministro admitió haber recibido una donación legal de 40.000 euros de la aseguradora médica Amil, una de las más importantes del país.

Damares Alves, ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos

 Esta abogada y pastora evangélica de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, la quinta iglesia pentecostal del país por número de miembros, dirigirá un ministerio de nueva creación en cuyo seno estará la FUNAI (la organización de defensa de los indios). Damares es una antiabortista militante que rechaza tratar esta cuestión como un tema de salud pública. En Brasil, el aborto solo se autoriza en caso de embarazo por violación, anencefalia del feto y riesgo para la vida de la madre. Según el Ministerio de Sanidad de Brasil, cada año se producen en el país entre 500.000 y 1,2 millones de abortos que no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad, siendo esta la quinta causa de mortalidad femenina en el país. Unas 250.000 mujeres son hospitalizadas anualmente a causa de las complicaciones derivadas de esta clase de intervenciones. Tan solo en 2016, 203 mujeres murieron al abortar de manera clandestina.

Aunque la nueva ministra expresó públicamente sus discrepancias con Bolsonaro respecto a la opinión del presidente electo de que el Estado no debe interferir en el mercado laboral para corregir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, su influencia para remediar esta situación aún está por ver. Pese a que ha prometido ser una ministra que pondrá paz entre los movimientos más reaccionarios de la sociedad y la comunidad LGTB, existen vídeos de Damara Alves en los que afirma que la mal llamada ideología de género “Es un enorme maltrato contra los niños brasileños”. La nueva ministra también ha denunciado la “Guerra contra la familia” que según ella se promueve en las escuelas públicas del país y ha declarado que es “El momento de que la iglesia gobierne Brasil”. Todo el pensamiento de Damara Alves es vergonzosamente reaccionario y nada en sus declaraciones invita al optimismo. “Las mujeres nacieron para ser madres”, declaró meses atrás. Junto a Tereza Cristina da Costa, será una de las dos ministras del nuevo gabinete.

Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente

 El pasado día 9 de diciembre, Ricardo Salles se convirtió en el último ministro en ser anunciado por Bolsonaro. Este abogado está acusado por el Ministerio Público de deshonestidad administrativa al haber alterado mapas del Plan del Área de Protección Ambiental Várzea del Río Tietê con el fin de favorecer a las empresas mineras. El hecho se produjo cuando fue secretario de Medio Ambiente del estado de São Paulo. El nombramiento de Salles, que llegó a declarar que “La discusión sobre el calentamiento global es un tema secundario” y que es necesario abrir al turismo las áreas naturales protegidas del país ha sido duramente criticado por el Observatorio del Clima, una coalición de más de 20 organizaciones de defensa del medio ambiente. Durante la campaña, Bolsonaro prometió integrar el Ministerio de Medio Ambiente en el Ministerio de Agricultura. Aunque esta acción no se lleve a cabo de manera formal, la idea es vaciar de contenido las funciones de este ministerio, creado en 1992, para que no sea un órgano que en la práctica proteja el medio ambiente.

Salles también fue secretario personal del exgobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acusado de corrupción en el caso Odebrecht como receptor de 4 millones de euros en dinero negro destinados a financiar su campaña para presidir ese estado. El nombramiento de Ricardo Salles, como el de la ministra de Agricultura, Tereza Cristina da Costa, ha contado con el apoyo de la bancada ruralista. En 2006, Salles se convirtió en uno de los fundadores del movimiento Endireita Brasil, un grupo ultraderechista estrechamente ligado al Instituto Millenium (el “think tank” fundado por Paulo Guedes, nuevo ministro de Economía). Este grupo es un organismo de marcado carácter neoliberal que difunde en la sociedad brasileña el ideario político-económico de la Escuela de Chicago a través de seminarios, editoriales y artículos de prensa. Durante la pasada campaña presidencial, Ricardo Salles de mostró partidario de usar munición real contra los adversarios políticos de izquierdas y contra el MST, el movimiento pacífico de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil, que desde su fundación en 1984 ha visto morir a más de 1.700 de sus miembros. Su nombramiento supone una confirmación del carácter ultraderechista del nuevo Gobierno de Jair Bolsonaro.