La justicia brasileña ha autorizado la extradición a España de Carlos García Juliá, el ultraderechista condenado en España por la matanza de Atocha, en 1977. La extradición fue concedida por el voto unánime de los jueces que conforman la segunda sala del Supremo Tribunal Federal. García Juliá obtuvo la libertad condicional en España en 1991.

Sobre García Juliá, que cumplió en España 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado, pesaba hasta diciembre del pasado año una petición de extradición de la Audiencia Nacional al Gobierno de Bolivia, donde se suponía que se escondía el prófugo.

El terrorista de extrema derecha fue detenido en São Paulo el 5 de diciembre de 2018. Se había fugado a Bolivia en 1994, allí acabó de nuevo en la cárcel por narcotráfico. En el año 2001, se pidió su extradición a España, pero se escapó de nuevo durante un permiso en Bolivia.

La vista oral y pública del juicio, ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, se celebró entre el 18 y 26 de febrero de 1980. Fueron días de tensión, con gritos de jóvenes exaltados mostrando su solidaridad con los asesinos y faltando al respeto a las víctimas y, lo más sangrante, de acciones procesales, como que el juez instructor Gómez Chaparro −que provenía del Tribunal de Orden Público– concediese un permiso a uno de los implicados, Lerdo de Tejada, circunstancia que éste aprovechó para huir. Tras esta fuga, el asunto pasó al juez Barcala, titular del Juzgado Central número 3, y las causas se sucedieron con mayor normalidad y rapidez.

La sentencia del «Juicio de Atocha» se dictó el 29 de febrero de 1980 en estos términos: José Fernández Cerrá, de 34 años, y Carlos García Juliá, de 24, ambos miembros de Falange Española de las JONS, fueron condenados, cada uno, a 193 años como autores de nueve asesinatos, cinco consumados y cuatro frustrados, y de tenencia ilícita de armas. Fueron los dos ejecutores materiales de la matanza. Leocadio Jiménez Caravaca, de 57 años, excombatiente de la División Azul y militante de Falange, fue absuelto de toda relación delictiva con la matanza de Atocha, pero condenado a cuatro años, dos meses y un día por tenencia ilícita de armas.

La impunidad de la Ley de Amnistía ampara los delitos y las torturas cometidos durante la dictadura, según se ha denunciado repetidas veces las Naciones Unidas: «Los casos se archivan sin que los jueces siquiera conozcan los hechos».

España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos, (la mayoría aun en cunetas), después de Camboya, con más de 114.000 denuncias de crímenes contra la humanidad, perpetrados en nuestro país entre 1936 y 1951. Al menos 100.000 hombres y mujeres que, en la mayoría de los casos, no han sido ni identificados ni enterrados dignamente por sus familias.

Uno de los ejemplos más flagrantes de la impunidad de la Ley de Amnistía de 1977, fueron los sucesos de Montejurra, donde fueron asesinadas dos personas con la complicidad de las fuerzas de la policía franquista. Los agresores fueron un grupo de terroristas internacionales y españoles de la extrema derecha, dirigidos y alentados por ciertos poderes del Estado, de quienes recibieron toda clase de ayudas, un trato de favor y plena libertad de movimientos por la totalidad del territorio español. Hay que recordar que Franco ya había muerto y que el ministro de Gobernación era Manuel Fraga. Los culpables nunca fueron juzgados, a pesar de cometer más atentados durante los años de la transición española, siempre amparados por el Estado, herederos de la dictadura.

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