Borrell sigue manteniendo al Estado en contra de los intereses del pueblo

Tal y como ha adelantado eldiario.es, Josep Borrell ha renunciado a su acta de eurodiputado para continuar ejerciendo sus funciones de ministro de Exteriores. A pesar de que el político catalán es un ferviente defensor de la Unión Europea, la realidad es que, a día de hoy, ha priorizado su presencia en el Gobierno español a marchar a Estrasburgo a ejercer el mandato que le ha dado el pueblo en las pasadas elecciones europeas del 26 de mayo. Evidentemente, esto no cierra la posibilidad de que acceda a un cargo de comisario.

Sin embargo, Borrell, sea cual sea su futuro, sigue manteniendo a las instituciones del Estado enfrentadas a los intereses reales de la ciudadanía española, puesto que continúa manteniendo la personación de abogados adscritos a su ministerio para defender la operación del Banco Popular ante los tribunales europeos.

Mientras esta disfunción democrática —un ministro de un gobierno progresista enfrentado a los intereses del pueblo— se mantenga, la realidad es que Josep Borrell no se diferencia mucho de Mariano Rajoy, Luis de Guindos o Soraya Sáenz de Santamaría. Un ministro progresista, ante esta situación, jamás se habría sometido a la voluntad de la banca ni habría puesto al servicio de los intereses de un sector privado los recursos que son propiedad de la ciudadanía.

Por otro lado, ¿por qué renuncia Borrell a su escaño y se mantiene en el gobierno? ¿Tendrá que ver porque desde los poderes fácticos le ven como el hombre clave para lograr un acercamiento entre Sánchez y Rivera? Hay que tener en cuenta el protagonismo que desde el partido naranja se le dio a Borrell en las semanas posteriores al referéndum catalán.

A esto hay que unir la presión que las principales empresas del IBEX están ejerciendo sobre Albert Rivera para que retire el veto al PSOE, le facilite la formación de gobierno o, directamente, que se firme la coalición tan ansiada por los poderosos.

Además, el actual ministro de Exteriores es un hombre cercano a las grandes empresas. No hay más que recordar cómo fue protagonista de un escándalo de puerta giratoria al incorporarse al Consejo de Administración de Abengoa y cómo se aprovechó de la información privilegiada de la que disponía para vender sus acciones de la multinacional sevillana momentos antes de que se comunicara la suspensión de pagos, hecho por el que fue sancionado por la CNMV.

Borrell tiene hasta el día 4 de julio para retirar la defensa de los intereses de la banca del Caso Popular, algo que no hizo con las víctimas del IRPH. Un gobierno democrático encabezado por un partido progresista no tiene intereses comunes con el sector financiero si éstos perjudican a quienes, según la Constitución, recae la soberanía nacional.

Como bien afirmó Manuel Domínguez Moreno, en Diario16 en un artículo anterior relacionado con la personación del Estado en contra de los intereses de más de 305.000 familias, el Gobierno «no debería caer en el error moral e ideológico que cometió al no retirar la Abogacía del Estado en la vista del IRPH y enfrentar, por tanto, al Estado contra sus ciudadanos y ciudadanas. El socialismo real y verdadero prioriza los problemas del pueblo a los de las élites». Además, habría que recordarle al señor Borrell que fueron las políticas sociales, las que están orientadas a defender los intereses reales del pueblo, las que ganaron las elecciones del 26 de abril.