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Bolsonaro, acusado de nueve delitos por su gestión de la pandemia en Brasil

Será ahora la Fiscalía General de la República, controlada por el presidente brasileño, quien se encargue de continuar o cerrar el caso

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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La Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) del Senado Federal brasileño aprobó este martes el informe final que nombra al presidente Jair Bolsonaro como el principal responsable de la crisis de salud en el país y le imputa varios delitos. Las acusaciones pasan ahora a la Fiscalía General de la República, quien se encarga de continuar o cerrar el caso.

El informe, que ha sufrido pocos cambios con respecto a la versión presentada la semana pasada, amplió la lista de imputados para incluir, entre otros, al gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima.

Tras seis meses y más de 396 horas de testimonios, el CPI concluye convencido de haber quedado demostrada la responsabilidad de Bolsonaro y su círculo más cercano por el fuerte impacto de la pandemia covid-19 en Brasil, que dejó más de 600.000 víctimas desde marzo de 2019.

Nueve delitos

El presidente brasileño está acusado de nueve delitos, que incluyen una epidemia con resultado de muerte y crímenes de lesa humanidad, entre otros. El senador Renan Calheiros, del CPI, afirma estar convencido de que Bolsonaro es un “asesino” y que se ha sumado a la “galería de matones”. “Saboteó la ciencia, no está preparado, es deshonesto, cauteloso, arrogante, autoritario, con un carácter golpista, belicoso, mentiroso y actuó como un misionero enloquecido para matar a su propia gente”, dijo Calheiros.

El informe hace un extenso análisis de toda la gestión de la crisis de salud por parte del gobierno federal y muestra que Bolsonaro y sus ministros favorecieron una estrategia que permitió la libre circulación del virus por parte de la población, a fin de evitar la paralización de la economía y medidas de contención. Por otro lado, se hizo todo lo posible para confirmar la validez de fármacos como la cloroquina para el tratamiento de personas infectadas, a pesar de que la mayoría de estudios científicos concluyen que son ineficaces.

Las investigaciones del CPI también han revelado una supuesta corrupción en el Ministerio de Salud en la compra de vacunas y sobre la forma en que grandes empresas privadas de salud se han sumado al gobierno federal para transformar a sus pacientes en conejillos de indias en la prescripción de tratamientos alternativos.

Otras 78 personas están imputadas, además de Bolsonaro, entre ellas el exministro de Salud Eduardo Pazuello, el actual Marcelo Queiroga, el ministro de Defensa Walter Braga Netto y los tres hijos del presidente.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la imputación a Bolsonaro tiene pocos visos de prosperar al corresponderle al Fiscal General, Augusto Aras, decidir si archivar el caso, solicitar la apertura de nuevos procedimientos de investigación o proceder de inmediato a una acusación formal, pero Aras fue nombrado por Bolsonaro y es visto como un fuerte aliado del presidente.

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