Bolivia y el odio a la democracia

    “El odio a la democracia no es una novedad. Fue primero un insulto inventado en la Grecia antigua por quienes veían en el innombrable gobierno de la multitud la destrucción de cualquier orden legítimo. Resultó sinónimo de abominación para todos cuantos pensaban que el poder correspondía por derecho a quienes se hallaban destinados a él por su nacimiento o a quienes eran convocados a él por sus capacidades. Lo es aún hoy para quienes entienden que la ley divina revelada es el único fundamento legítimo en la organización de las comunidades humanas”. Estas palabras del filósofo Jacques Rancière describen con precisión la situación sobrevenida en Bolivia, cuando  se cumplen siete meses del golpe de estado que en noviembre de 2019 acabó con trece años de  gobierno democrático del Movimiento al Socialismo (MAS). Un golpe que contó con la complicidad activa de muchos gobiernos americanos de derecha y con la pasividad cómplice de los de la UE, que tampoco vieron con malos ojos la caída manu militari de Evo Morales, un líder populista que se salía de los moldes políticos tradicionales, que encarnó la lucha contra el racismo en una tierra de mayorías indígenas y que trató de acabar con el estatus colonial que asolaba su país renegociando los contratos con las multinacionales y haciendo partícipe al Estado en todos los sectores estratégicos de la economía. Siete meses que han puesto patas arriba uno de los proyectos políticos más estables y prósperos de América Latina y que han dejado a la vista las costuras de un entramado de intereses reaccionarios, racistas y llanamente criminales en un país de enorme diversidad cultural y grandes riquezas naturales, entre las cuales destacan, por su importancia estratégica, el gas y el litio. Un botín demasiado preciado para dejarlo en manos de indios “satánicos” y otras gentes de mal vivir.

A Dios rogando y con el mazo dando

   La imagen dio la vuelta al mundo: la presidenta interina, Jeanine Áñez, nombrada sin quórum por un Parlamento semivacío, del que se había excluido por la fuerza al partido gobernante, se asomó a saludar a sus fieles desde el balcón del Palacio Quemado y alzó admonitoriamente una enorme biblia, la misma que el golpista cruceño Luis Fernando Camacho, a su lado en ese momento, blandiera días antes al llegar a La Paz en los primeros momentos de la asonada. El Dios de Washington había regresado al poder y clamaba venganza contra todos aquellos que habían osado poner en cuestión los inmemoriales privilegios de casta en aquel país de historia convulsa. Las clases medias urbanas con estudios universitarios, que se habían manifestado cantando “fraude” en las calles después de las elecciones del 20 de octubre en apoyo de Carlos Mesa, el candidato opositor que gozaba de mayor consenso, se tragaron el sapo. Todo era mejor que la vuelta del MAS, un partido vilipendiado y satanizado durante años a través de medios de comunicación y redes sociales, pero que se había demostrado imbatible por vías democráticas gracias a la férrea lealtad de los sectores más humildes de la población. 

   El golpe venía fraguándose desde tiempo atrás y supo aprovechar las torpezas, debilidades y movimientos en falso de un gobierno que se había acostumbrado al poder, que reaccionaba con displicencia a las críticas y que no supo ver cómo le crecían las ratas en derredor. Todo comenzó con los amotinamientos de la Policía Nacional y el alzamiento de los grupos “cívicos” en las ciudades de Santa Cruz, Potosí y Cochabamba, donde bandas paramilitares motorizadas pronto emprendieron acciones de hostigamiento contra la población indígena, en especial contra las mujeres “de pollera” (la falda tradicional de las mujeres indígenas que a menudo se dedican al comercio en las calles). El ejército presionó a Morales para que dimitiera mientras grupos organizados agredían y amenazaban a los entornos familiares de los miembros de su gobierno, muchos de los cuales sufrieron la quema de sus casas y otras agresiones ante la inacción de una policía insubordinada. La renuncia del mandatario y la dimisión en cadena de las principales figuras del MAS marcaron el pistoletazo de salida para una fiesta de la reacción que quiso expresar su júbilo golpista con la quema vengativa de la wiphala, la bandera indígena, símbolo que también fue arrancado de sus uniformes  por muchos policías como señal de victoria final sobre los indios. Indios como sus abuelos y padres en la mayoría de los casos. Las máscaras del colonizado de las que hablara Frantz Fanon mostraron aquí su siniestra persistencia.

El fraude como excusa

   Hasta donde sabemos, no hubo fraude en las elecciones bolivianas de octubre de 2019. Ningún estudio serio ha sido capaz de acreditar estadísticamente que el MAS-IPSP no ganara las elecciones en primera vuelta. Al contrario, paulatinamente han ido saliendo a la luz estudios científicos de distintas universidades sin vínculos políticos (algunos de ellos reseñados por el New York Times) que señalan que no se aprecian evidencias de fraude en los comicios. La OEA, organización históricamente vinculada a los intereses norteamericanos en el continente, fue la encargada de justificar el golpe por medio de su denuncia de “irregularidades” en el proceso. Pero nadie desde entonces se ha encargado de explicar con claridad en qué consistieron tales irregularidades y cuál fue su incidencia real en los resultados. Daba igual. La decisión de tumbar al gobierno ya estaba tomada desde mucho antes, quizás desde que el gobierno cometiera la torpeza de querer aprovechar el gancho electoral de Morales intentando una nueva reelección que le permitiera gobernar hasta 2025, forzando así la lectura de la Constitución Política del Estado. Desde el momento en el que el Ejército, por boca de su comandante en jefe Williams Kaliman, le retira su apoyo y “sugiere” la renuncia del presidente, el gobierno del MAS se convierte en una banda de proscritos sobre la que se descarga toda la furia de una oposición que se siente al fin legitimada para recuperar lo que era suyo por derecho divino. 

   Comienza entonces la fase espectacular del golpe, que como viene siendo habitual en este tipo de estrategias, combina el cerrojazo informativo de una prensa lacaya y la expulsión de periodistas extranjeros con una campaña de terror y desinformación hacia la población de las ciudades, que ven como sus cuentas de whatsapp se llenan de mensajes del tipo: “¡Ya vienen!” “¡No salgas de casa!” “¡Los masistas matan y violan a quienes se encuentran a su paso!” Toda una corriente del inconsciente colectivo de la clase media urbana aflora a la superficie y  adquiere en ese momento formas psicológicas terroríficas. Es la hora del pánico de las clases medias y altas. Se forman grupos vecinales que hacen acopio de palos y cadenas. Algunos aparecen con armas de fuego para proteger a sus familias y sus chalets. Las ciudades se fortifican al tiempo que se suceden actos vandálicos que nadie reivindica. Aviones del Ejército sobrevuelan La Paz a baja altura y la confusión es máxima. Pero no pasa nada. Nadie baja de los cerros ni sale de las selvas a incendiar las ciudades. El fascismo, amante de autogolpes y atentados de falsa bandera, se alimenta siempre de la paranoia de unas clases pudientes venidas a menos.

   Pero la resistencia no tarda en organizarse. La ciudad de El Alto en La Paz y la región del Chapare en Cochabamba, bastiones indígenas y zonas fuertemente politizadas, son las primeras en reaccionar y se preparan para enfrentar el golpe de la manera en que mejor saben hacerlo los pobladores originarios y  campesinos desde los tiempos de la colonia: mediante el bloqueo de vías. El gobierno de facto asume el desafío con brutalidad. Promulga el decreto 4078 que exime de responsabilidad penal al ejército y las fuerzas policiales para que estas puedan “pacificar” el país. El resultado es aterrador. Las masacres de Senkata y Huayllani-Sacaba terminan con un saldo de 37 muertos y 500 heridos, todos ellos civiles, a manos del ejército, en unos hechos que han suscitado la condena enfática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La última víctima, el agricultor Julio Pinto Mamani, falleció el pasado 11 de junio con una bala alojada en el cráneo, después de pasar meses de agonía sin poder recibir una atención médica adecuada.

Interinidad infinita y desmontaje del proyecto del MAS

   Carlos Mesa, la cara “amable” del golpe y candidato del establishment para suceder a Evo, se apresuró a señalar en todos los medios internacionales que el golpe no era tal, que la sucesión constitucional había sido impecable, y que lo ocurrido era el resultado de un fraude monumental perpetrado por el MAS para aferrarse al poder en contra de la verdadera voluntad del pueblo, llegando incluso a justificar las acciones armadas en contra de la población civil como un “daño colateral” de la “pacificación”, tal y como quedó claro en la entrevista emitida en el programa “Salvados” de la Sexta pocos días después de dichos hechos luctuosos. Aunque hoy, como otros golpistas de primera hora, aparece enfrentado a Áñez por su marginación en este tiempo de interinidad y afea a la presidenta de facto sus intenciones de concurrir a la próximas elecciones como candidata, así como su renuencia a fijar fecha para las mismas, este segundo de a bordo del sátrapa Sánchez de Losada ha jugado sin duda un papel central en el derrocamiento del gobierno legítimo. Como señaló con ironía el ex-vicepresidente Álvaro García Linera en la CNN, “la mesa de Mesa está cubierta de cadáveres”. 

   Lo cierto es que la hegemonía del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional era de tal magnitud antes del golpe, con más de dos tercios de los senadores y diputados en sus filas, que para salvar de algún modo la cara ante la comunidad internacional y evitar nuevos alzamientos populares, el gobierno de facto se ha visto obligado a mantener en sus puestos las bancadas previas a las elecciones de octubre, una vez purgadas de los elementos más afines al entorno del presidente Morales y amedrentados los restantes, dejando a la joven senadora Eva Copa como nueva cabeza visible de las filas masistas en la cámara. Ello ha dado lugar a una situación insólita en el ejercicio del poder, donde un gobierno de extrema derecha que goza de una minúscula proporción parlamentaria gobierna por decreto, mientras la mayoría de diputados, en manos de la izquierda, maniobra para frenar o contrarrestar el efecto de tales decretos. Lo que debía ser un breve periodo transitorio encaminado a la organización y celebración de nuevos comicios se ha convertido, coronavirus mediante, en una interinidad infinita en la cual se han tomado decisiones políticas de calado, desde la sustitución de las cúpulas militares y la expulsión de diplomáticos y cooperantes venozolanos y cubanos durante los primeros días, o la supresión reciente de ministerios considerados “innecesarios” (como el Ministerio de Culturas), hasta la introducción de erráticas medidas económicas que afectan a los sectores estratégicos del país, en un intento de desmontar las estructuras creados a lo largo de los últimos años, en beneficio de unas oligarquías que, si bien mantuvieron sus prebendas en tiempos de Morales, hoy avizoran un periodo aún más propicio para desatar su voracidad a costa de las riquezas del país.

   Arturo Murillo, apodado “el bolas”, Ministro de Gobierno (cargo similar al de Ministro de Interior) ha sido el oscuro personaje encargado de organizar la caza de brujas contra los miembros más destacados del MAS. Este empresario hotelero, hombre fuerte del gobierno, que con sus dichos y acciones podría figurar como ministro en cualquier dictadura fascista de cuantas en el mundo han sido, emprendió una persecución política sin parangón contra toda la estructura del gobierno democrático, lanzando a policías y fiscales en busca de los “terroristas” masistas en lo que él mismo definió como una “cacería de animales”, empezando por los ministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero y terminando con la exjefa de Gabinete de Evo Morales, la abogada Patricia Hermosa Gutiérrez, detenida ilegalmente el pasado 31 de enero, acusada de terrorismo y sedición por actuar como apoderada de Evo Morales una vez que este tuvo que partir al exilio. A causa de las condiciones de su detención, que se prolonga ya durante meses sin juicio ni respeto al debido proceso, Hermosa ha sufrido un aborto en prisión. La actual Defensoría del Pueblo de Bolivia ha pedido su inmediata puesta en libertad. El uso de las instituciones judiciales para la persecución de rivales políticos ha mostrado ser el procedimiento predilecto de la ultraderecha latinoamericana, como demuestran la defenestración de Lula en Brasil y de Correa en Ecuador. En Bolivia no se quedan atrás. Y en España, ya vamos viendo tics similares por parte de los nuevos Tercios de Flandes.

“Operación Quintana”: VOX y el delirio de la zona sur

   Es difícil, para quien no conozca los rasgos del fanatismo de buena parte de los opositores al MAS, moradores acaudalados de las regiones de la “media luna” (el oriente rico en hidrocarburos), habitantes acomplejados de la zona sur de La Paz, adoradores de diversos cultos neocristianos, “jailones” (pijos) aculturados y demás fauna de las ciudades, entender los niveles delirantes de odio revanchista desplegado contra los partidarios del “indio” Morales. Los miembros de esta clase media-alta urbana, conservadora, racista y clasista que recibe el curioso nombre de “pititas”, han actuado como fuerza de choque de la reacción desde que se iniciaran las protestas contra los resultados electorales de octubre y se han mantenido en un nivel de permanente histeria, solo contenida en parte por la reciente irrupción de la crisis del coronavirus y los confinamientos derivados de ella. Fueron ellos quienes, apostados permanentemente frente a la embajada de Méjico en La Paz, atacaron el 27 de diciembre a los acompañantes de la encargada de negocios de la Embajada de España y originaron la delirante teoría de que unos GEOs españoles pretendían rescatar al ex-ministro Juan Ramón Quintana, que se encuentra allí refugiado junto a otros asilados políticos.

   En la estela de estos sucesos, que tuvieron graves consecuencias diplomáticas entre ambos países,  miembros del partido VOX, se personaron raudos en La Paz para documentar en persona las evidencias de que el gobierno de Pedro Sánchez quería sacar de hurtadillas a Quintana en el maletero de un coche oficial para llevarlo quién sabe a dónde, y así perpetrar la felonía de implicar a efectivos de las fuerzas policiales españolas en el abyecto propósito de liberar a un notorio “narcoterrorista”. De paso, buscaban las pruebas irrefutables de que Podemos, erre que erre, había sido creado con la ayuda de fondos bolivianos (amén de venezolanos, iraníes y del mismo averno). Allí fueron estos hombres valientes y se encontraron con Murillo y compañía. ¿Qué se dijeron? ¿De qué hablaron? ¿Acaso oraron juntos? Dijeron en rueda de prensa que algo había. Después, el silencio. Después, la nada. Poco se sabe públicamente de estos encuentros al máximo nivel, aunque desde entonces ínfimos periodistas de investigación españoles se afanan por encontrar en La Paz el Santo Grial de la financiación ilegal de Podemos, removiendo fiscalías y asegurando disponer de pruebas fehacientes que saldrán en exclusiva un día de estos. Humo y nada más.

¿Elecciones en septiembre?

  Retomando lo principal y a modo de conclusión, ¿podrá la abigarrada sociedad boliviana de la que hablara René Zavaleta Mercado, signada por tensiones culturales e ideológicas extremas, llevar a buen término una convocatoria electoral que debería haberse celebrado el 3 de mayo y que la pandemia ha retrasado al 6 de septiembre, o será el coup d’etat, como sugiriera aquel destacado intelectual orureño, el destino fatal de la nación cada vez que se condensan las condiciones para un cambio político? El MAS, el único partido con una estructura nacional capaz de representar de un modo transversal a la sociedad boliviana, tiene excelentes candidatos para tal desempeño: el economista Luis Arce Catacora, Ministro de Economía y artífice del “milagro económico boliviano” forma tándem con el líder aymara y antiguo Ministro de Relaciones Exteriores David Choquehuanca Céspedes. Si las elecciones son en efecto “libres y transparentes”, el Movimiento al Socialismo volverá a ganar, probablemente en primera vuelta. Sin embargo no está nada claro que los amigos de VOX y las furiosas pititas permitan que el Dios de Washington vuelva a marcharse por donde vino. Maniobras torticeras como el intento de invalidar judicialmente la candidatura de Arce Catacora y manipulaciones del censo electoral amenazan con desvirtuar la calidad de unos comicios clave para el presente y el futuro del país. Mantengámonos alerta y denunciemos públicamente cualquier desvío que suponga un nuevo triunfo del odio a la democracia en el corazón de América Latina.