La justicia comienza a llegar a Bolivia. Para las víctimas de ‘octubre negro’ del 2003, el fallo de la justicia de EEUU contra el ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, es un triunfo.

Se trata del primer ex gobernante en ser juzgado en Estados Unidos por abusos de derechos humanos. El fallo decidió que indemnicen por 10 millones de dólares a las víctimas

Después de 18 años, una asociación de víctimas de una masacre en Bolivia opina como un «triunfo absoluto» la condena de un tribunal norteamericano contra el expresidente Sánchez de Lozada a pagar una millonaria indemnización, tras hallarlo «responsable» del episodio violento que dejó 58 muertos.

«Es un triunfo total, absoluto”, declara desde La Paz, Rogelio Mayta, el abogado de quienes fueron las víctimas de la masacre de octubre 2003», al confirmar el fallo del juicio civil en Florida.

Se recuerda que una revuelta popular en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en rechazo a los planes de Sánchez de Lozada a exportar gas natural a Estados Unidos a través de puertos chilenos, provocó la represión militar dejando 58 muertos y más de 400 heridos.

El presidente Evo Morales declaró su satisfacción   sobre el fallo judicial de ‘octubre negro’ y pesa sobre su gobierno exigir que se concrete una demanda de extradición contra Sánchez de Lozada y el exministro Sánchez Berzaín, quienes niegan los cargos presentados en su contra, por las muertes en la “Guerra del Gas”, desde que inició el juicio el 5 de marzo del año pasado.

Estados Unidos no ha contestado aún a una petición de extradición del Gobierno boliviano, presentada en 2014, para juzgar al exmandatario por violación de derechos humano. La sentencia a los dos exfuncionarios no contempla pena de cárcel por tratarse de un caso civil.

La demanda estuvo enmarcada en la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura, una de las dos únicas leyes de ámbito extraterritorial en EE.UU. que autorizan la celebración de casos en los tribunales federales por delitos cometidos fuera del país.

La «guerra del gas»

Sánchez de Lozada gobernó Bolivia por dos periodos: primero de 1993 a 1997 y luego de agosto de 2002 hasta octubre de 2003, cuando huyó a Estados Unidos tras la revuelta de la Guerra del Gas.

El inicio de su mandato se vio estremecido por un intento de aumento de los impuestos, denuncias de enriquecimiento ilícito y el uso de la política en beneficio de sus negocios.

Las protestas se intensificaron tras el anuncio de varias decisiones del gobierno de Sánchez de Lozada -conocido popularmente como ‘Goni’-, como la de exportar gas natural boliviano a EE.UU. a través de Chile.

Entre las críticas a los planes del ejecutivo estaban las que señalaban los bajos precios a los que se querían hacer las exportaciones y la falta de un plan que abasteciera antes el mercado nacional.

Sin embargo, la tensión se disparó el 20 de septiembre de 2003, cuando en un operativo militar en el noreste de La Paz murieron la niña de ocho años Marlene Rojas -a quien le impactó una bala perdida cuando estaba en el interior de su casa- y otras cuatro personas.

Sánchez Berzaín vive actualmente en Miami, donde escribe incluso columnas de opinión para un diario local. Tras su huida a Estados Unidos, el fiscal general de Bolivia alegó que el entonces mandatario había sustraído de manera ilegal alrededor de US$22 millones de las arcas del gobierno.

Pese a que cinco altos cargos militares de entonces están en prisión por su papel en la represión de las protestas, el expresidente y su ministro de Defensa nunca pudieron ser juzgados en su país como presuntos responsables políticos de lo sucedido. Consideraron que este es un hito para los que luchan por los derechos humanos en todo el mundo

Tandilnews, una fuente de información y opinión de Buenos Aires, abierta a las diferentes vertientes del pensamiento global, informa que el país altiplánico se encuentra en el camino de ser un Estado moderno y diferente. Las nacionalizaciones son la base de la exitosa economía, liderada por el presidente Juan Evo Morales Ayma.

En la historia Latinoamericana no hay un solo caso de empresa extranjera estadounidense o europea, que haya abandonado por voluntad propia algún país de la región.

La recuperación de los recursos naturales consagrados en la nueva Constitución boliviana ratifica que la gran empresa extranjera acepta las nuevas reglas de juego. Si hasta hace unos seis años el capital fijaba las condiciones, ahora lo hace el Estado.

El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera destacó que está constitucionalizada la nacionalización de los hidrocarburos. Esto significa que nadie, con una ley, puede volver a privatizar el gas y el petróleo ni en el subsuelo ni afuera, ni las refinerías ni la capacidad de decisión, comercialización y definición de precios de los hidrocarburos; se ha puesto un candado.

García Linera explicó que la evolución económica y social de Bolivia forma parte del “desempate histórico del pueblo”, en su mayor parte aymara y quechua y señaló que ahora, en el 2016, el viejo modelo económico neoliberal ya no seduce.

Bolivia en los últimos diez años ha construido la mayor preparación en América del Sur para afrontar la crisis global y este año crecerá 5% del PBI y también existe una proyección de crecimiento financiero, ante el aumento de la exportación nacional.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevén que en 2018 la economía boliviana tendrá un crecimiento menor al de otros años. No obstante, en el ámbito regional, Bolivia se ubicará de cualquier manera en los primeros lugares.

El ministerio de Economía recuerda que la economía nacional crece porque hay un modelo económico diferente, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo diseñado en Bolivia desde el 2006, y aseguró que es gracias a este modelo que “estamos preparados para resistir la crisis”.

Según el censo nacional del 2012, el país contaba con 10, 60 millones de habitantes, siendo los Quechua y Aymara las poblaciones mayoritarias. La población alfabetizada en área urbana representa 97,3% y en área rural, 89,7%; es decir, en área urbana, 97 de cada 100 personas saben leer y escribir, y en área rural, 90 de cada 100.

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